Urna Abierta

 

Hay problemas que no son solo económicos, sino profundamente democráticos. Cuando una persona trabaja y aun así no puede vivir con dignidad, cuando el alquiler se lleva más de media nómina y el sueldo no alcanza para construir un proyecto de vida, lo que falla no es únicamente el mercado: falla el contrato social.

Andalucía vive esa fractura con especial intensidad. Los salarios crecen demasiado despacio y la vivienda avanza en sentido contrario. Entre 2015 y 2023, el precio de la vivienda subió mucho más que los ingresos de la mayoría trabajadora. Esa distancia no es una simple estadística: es la diferencia entre emanciparse o seguir en casa de los padres, entre formar una familia o aplazarla indefinidamente, entre proyectar futuro o limitarse a sobrevivir.

La vivienda se ha convertido en el gran filtro de la desigualdad. Quien tiene patrimonio accede con ventaja; quien solo tiene su sueldo se enfrenta a un muro. Y cuando ese muro se hace demasiado alto, la democracia se resiente. Porque la democracia no consiste solo en votar cada cuatro años. También exige que las condiciones materiales de la vida permitan participar en igualdad. Un ciudadano que no puede pagar un alquiler digno, que encadena empleos precarios y que vive con la angustia de llegar a fin de mes, tiene menos libertad real que quien dispone de estabilidad económica.

Por eso los salarios importan tanto como la vivienda. No basta con hablar de empleo si ese empleo no permite vivir. No basta con presumir de crecimiento si el crecimiento se traduce en más beneficios para unos pocos y más precariedad para la mayoría. Un salario digno no es un lujo sindical ni una demanda corporativa: es la base de una sociedad libre. Sin él, la ciudadanía se vuelve formal, pero no efectiva.

La crisis de la vivienda agrava ese problema. El mercado ha dejado de responder a la necesidad social y funciona cada vez más como un mecanismo de extracción de rentas. En las zonas más tensionadas, el precio no refleja el esfuerzo de quien trabaja, sino la capacidad de pago de inversores, fondos y propietarios con poder de mercado. El resultado es conocido: barrios expulsados, jóvenes empobrecidos, centros urbanos convertidos en escaparates y familias obligadas a dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos a un techo cada vez más frágil.

Frente a esto, la respuesta pública no puede seguir siendo tímida. Hace falta más vivienda protegida y más parque público estable. Hace falta limitar la especulación en los mercados más tensionados. Hace falta movilizar vivienda vacía y regular con firmeza los usos turísticos que desbordan los barrios. Y hace falta, sobre todo, asumir que la vivienda no es una mercancía cualquiera. Es la condición material de la vida democrática.

También es hora de hablar con claridad sobre la desigualdad salarial. Cuando los beneficios empresariales crecen mientras el poder adquisitivo de los trabajadores se erosiona, no estamos ante un problema técnico, sino político. La distribución de la riqueza es una decisión. Los salarios no caen del cielo ni se corrigen solos. Dependen de la negociación colectiva, de la fuerza sindical, de la regulación pública y de la voluntad de poner límites a una economía que demasiadas veces premia la renta antes que el trabajo.

Si queremos una democracia más sólida, debemos empezar por aquí: salario suficiente, vivienda asequible y servicios públicos fuertes. Todo lo demás es decorado. Porque una sociedad no es más libre por repetir la palabra libertad mientras condena a una parte creciente de su población a vivir sin horizonte. La democracia se mide en la capacidad de sus ciudadanos para trabajar, habitar y decidir sin miedo. Y hoy, demasiadas personas no pueden hacer ninguna de las tres cosas con plenitud.