La mayoría que no existe:  el sofá le dio el poder a Moreno Bonilla

El 19 de junio de 2022, los titulares proclamaron una "ola azul" sobre Andalucía. Juanma Moreno arrasó, decían. El PP conquistó una mayoría absoluta histórica. Nadie discutió el resultado. Pero hay una lectura que casi nadie hizo, y que los datos del escrutinio oficial cuentan sin ambigüedad: Moreno Bonilla no ganó convenciendo a Andalucía. Ganó porque una parte muy grande de ella decidió no aparecer.

El PP obtuvo el 43% de los votos emitidos. Ese es el titular. El dato que no sale en portada es otro: ese 43% representa apenas el 23% del censo total de 6.641.856 andaluces con derecho a voto. Menos de uno de cada cuatro. La mayoría absoluta que gobierna esta comunidad la sostiene, en realidad, una minoría del electorado potencial.

¿Quién ocupa el resto del espacio? Fundamentalmente, quienes se quedaron en casa. La abstención alcanzó el 41,67%, lo que equivale a 2.633.145 personas que no ejercieron su derecho al voto. Para ponerlo en perspectiva: hubo más andaluces que optaron por no votar que votos recibió el Partido Popular en total.

La abstención no es neutral. No se reparte de forma uniforme entre los distintos electorados. Los estudios demoscópicos y la evolución histórica de los datos en Andalucía muestran de forma consistente que la abstención castiga más duramente a los partidos de izquierda que a los de derecha. El votante conservador tiende a acudir a las urnas con mayor fidelidad, incluso cuando su entusiasmo es moderado. El votante progresista, en cambio, se desmoviliza más fácilmente ante la falta de un relato ilusionante, el desencanto con sus referentes o la percepción de que "da igual".

En 2022, la izquierda andaluza se presentó a las elecciones rota en tres pedazos: el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Juntas, esas tres fuerzas sumaron alrededor del 45% de los votos emitidos, pero solo obtuvieron 37 escaños frente a los 58 del PP. La Ley D'Hondt hizo el resto: el voto fragmentado se diluye, los escaños se concentran en quien llega primero y de una pieza.

Los datos provinciales son especialmente reveladores. En Cádiz, la abstención fue del 47% mientras el PP no llegó al 43% de los votos. En términos prácticos: en la provincia más históricamente ligada a la izquierda andaluza, hubo más gente que pasó de votar que gente que votó al partido ganador. En Huelva, la situación fue prácticamente idéntica, con una abstención del 45% frente al 42% del PP. En Sevilla, la mayor provincia, el patrón se repite.

Estas no son provincias donde la derecha haya construido una hegemonía cultural o electoral sólida. Son provincias donde la izquierda, sencillamente, no fue a votar.

La narrativa de la "ola azul" tiene una función política precisa: instalar la idea de que Andalucía ha dado un giro ideológico profundo, que el conservadurismo es la nueva normalidad de esta tierra. Los datos dicen otra cosa. Moreno Bonilla gobierna con poder absoluto teniendo en contra, o en el sofá, a tres de cada cuatro andaluces con derecho a voto.

La pregunta que debemos hacernos la izquierda no es solo cómo ganar elecciones. Es mucho más incómoda: ¿qué estamos haciendo para que millones de personas que ideológicamente comparten nuestros valores prefieran quedarse en casa antes que ir a defenderlos? Mientras esa pregunta no tenga respuesta, los escaños de Moreno Bonilla seguirán dependiendo, en buena medida, del desencanto ajeno.

 Políticas de futuro (8): Sin casa ni esperanza

Hay verdades que los datos hacen imposible ignorar. Entre 2015 y 2023, el precio de la vivienda en Andalucía se disparó un 44%, el alquiler subió aún más. Los salarios, mientras tanto, apenas crecieron un 13%. Una brecha de más de treinta puntos porcentuales que no es un accidente ni un fallo puntual del mercado: es el resultado previsible de un modelo en el que la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un activo financiero. Y quienes pagan el precio de esa transformación son, como siempre, las familias trabajadoras.

Adquirir una vivienda —nueva o de segunda mano— se ha vuelto sencillamente inalcanzable para una gran parte de la población asalariada andaluza. Con salarios que crecen a un tercio de la velocidad de los precios inmobiliarios, el esfuerzo hipotecario exigido supera con creces lo que cualquier criterio de solvencia razonable permitiría. No hablamos de caprichos ni de aspiraciones desmedidas: hablamos de familias con empleo estable que no pueden acceder al mercado de compra ni con dos sueldos.

A esto se suma la presión de la inversión exterior, especialmente acusada en la franja costera. En Málaga, casi el 27% de las transacciones inmobiliarias son realizadas por extranjeros no residentes. No vienen a vivir aquí: vienen a invertir. El resultado es que los precios responden a la lógica del capital global, no a la capacidad económica de quien trabaja y reside en Andalucía.

Si comprar está fuera del alcance de muchos, alquilar no es mucho mejor. En Cádiz, una habitación —no un piso, una habitación— se lleva el 40% del salario medio. Y ante la imposibilidad de costear una vivienda completa, miles de andaluces, especialmente jóvenes, se ven obligados a compartir piso o a malvivir en la precariedad habitacional. El 66% de los jóvenes de entre 18 y 34 años en España sigue viviendo con sus padres, no por elección, sino porque el mercado los expulsa.

Las medidas adoptadas para contener esta sangría han sido tímidas y de alcance limitado. La prórroga de contratos y el límite del 2% en la actualización de alquileres —que podría haber supuesto un ahorro de más de 600 euros anuales para muchos inquilinos— se ha enfrentado al bloqueo parlamentario de quienes anteponen la rentabilidad del inversor a la estabilidad de las familias. La contradicción resulta llamativa: hasta un tercio de los votantes del PP y de Vox apoya esas medidas, aunque sus representantes las voten en contra.

Y luego está la vivienda protegida. O mejor dicho: su práctica inexistencia. España cuenta con un parque de alquiler social que apenas alcanza el 2,5% del total. Francia tiene el 16,8%; Austria, el 24%; Países Bajos, el 30%. Somos la excepción vergonzosa en Europa occidental.

Cuando en Andalucía se promueve alguna promoción de vivienda protegida, resulta difícil no preguntarse para quién se construye realmente. Los precios fijados en muchas de estas promociones se acercan peligrosamente a los del mercado libre, haciendo que el apellido "protegida" suene más a eufemismo que a garantía. Se construye con dinero público o con suelo cedido, se bajan muy poco los precios y, en demasiados casos, el resultado acaba siendo un negocio más para el promotor de turno.

Lo que estamos viviendo no es una tormenta pasajera. Es la consecuencia de décadas de un modelo que trató la vivienda como motor económico y no como derecho social. Construir para vender, no para habitar. Especular, no planificar. Y ahora, cuando las consecuencias se hacen insoportables para miles de familias, las propuestas siguen siendo insuficientes: un plan estatal de 7.000 millones para un problema estructural de décadas, el fin de las *golden visas* que llega tarde, y una retórica del "equilibrio entre la vivienda como derecho y como activo" que, en la práctica, siempre termina inclinándose hacia el segundo.

El trabajo ya no basta para tener un techo digno en Andalucía. Eso no es un problema de mercado. Es una fractura social que requiere respuestas políticas valientes y no parches cosméticos.

Politicas de futuro (7):

El planeta no espera

Hay una forma de medir la salud de una democracia que va más allá de las urnas: fíjate en cómo trata su territorio, su agua, su aire. En Andalucía, esa medición arroja resultados preocupantes.

En marzo de 2026, el Parlamento andaluz aprobó con carácter de urgencia dos leyes —la LEGAM y la Ley de Montes— que reconfiguran de raíz la política ambiental de la comunidad. Lo hicieron deprisa, sin el debate técnico que merecen, y con una dirección clara: menos control público, más agilidad para promotores, más confianza en la autorregulación privada. Lo llaman "Revolución Verde". Las organizaciones ecologistas lo llaman, con razón, regresión.

No es una disputa ideológica abstracta. Es una discusión sobre si el 60% de las masas de agua andaluzas —ya en estado deficiente o malo— seguirá deteriorándose sin que la ley principal de gestión ambiental de la región diga nada al respecto. Sobre si los bosques maduros sobrevivirán a una "gestión activa" que, en la práctica, puede abrir la puerta a usos incompatibles con su valor ecológico. Sobre si Aznalcóllar verterá 85.520 millones de litros de aguas cargadas de arsénico, cadmio y plomo al Bajo Guadalquivir, amenazando marismas, arrozales y zonas de especial conservación. Es, en definitiva, una discusión sobre el mundo que vamos a dejar.

En tiempos de sequía estructural —y Andalucía lleva años en ella—, desvincular la planificación del suelo de la gestión del agua no es simplificar: es ignorar la realidad. El agua escasea, se sobreexplota y se contamina. Y mientras tanto, los nuevos marcos normativos la tratan como un asunto secundario, separado del corazón de la política ambiental. Necesitamos exactamente lo contrario: una política del agua que elimine los excesos, persiga los abusos y acabe con el despilfarro. Que proteja los acuíferos antes de que se agoten, que preserve los humedales antes de que desaparezcan, que entienda que el agua no pertenece a quien más poder tiene para usarla, sino a todos los que dependemos de ella para vivir.

La transición energética es inevitable y necesaria. Pero no puede hacerse a cualquier precio ni en cualquier lugar. Andalucía tiene un potencial solar y eólico extraordinario; aprovechar ese potencial es una obligación hacia el clima y hacia las generaciones futuras. Lo que no puede ser es que la urgencia climática sirva de coartada para instalar macroparques en ecosistemas frágiles sin evaluación rigurosa, sin participación real de las comunidades afectadas, sin criterios de ordenación territorial serios. Las renovables son parte de la solución, pero solo si se planifican bien.

La economía circular no es una moda: es una necesidad. Seguimos produciendo residuos como si el planeta fuera infinito y gestionándolos como si el problema desapareciera al sacar la basura. La externalización de la inspección ambiental —uno de los cambios más polémicos de la nueva LEGAM— debilita precisamente la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas a quienes generan contaminación. Sin potestad sancionadora real, las reglas se convierten en sugerencias.

El hotel ilegal del Algarrobico lleva años resistiendo las sentencias que ordenan su demolición. Los 20.000 naranjos de la Vega de Mestanza van a desaparecer para construir una depuradora. Son síntomas de un modelo que prioriza sistemáticamente la infraestructura y el beneficio a corto plazo sobre la resiliencia del territorio. Un modelo que, cuando se legaliza mediante leyes aprobadas con urgencia y sin debate, deja de ser una excepción para convertirse en norma.

Defender el medio ambiente no es un capricho de minorías concienciadas. Es la condición de posibilidad de todo lo demás: de la agricultura, del turismo, de la salud pública, de la convivencia. El planeta no espera. Y nosotros, tampoco deberíamos.

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Urna Abierta apoya la transparencia en las políticas públicas y el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que afectan a su territorio.

 

El espejismo del parche:  las listas de espera no se curan con atajos

Hay una mentira cómoda que se repite cada vez que los titulares anuncian un nuevo "plan de choque" sanitario: que el problema se puede resolver sin cambiar nada de fondo. Que basta con un convenio con clínicas privadas, con un presupuesto extraordinario, con una ronda de horas extra bien pagadas. Que la lista de espera es un bache, no una grieta.

No lo es.

En Andalucía, los datos del Ministerio de Sanidad a cierre de 2025 son elocuentes: casi 200.000 personas esperando una intervención quirúrgica, con una demora media de 173 días. Más de 850.000 esperando ver al especialista por primera vez, con una espera media de 136 días. Más de un millón de anotaciones en listas sanitarias. No es una anomalía puntual. Es la fotografía de un sistema al que se le pide que funcione sin darle lo que necesita para hacerlo.

Y ante ese cuadro, la respuesta política suele ser la misma: derivar al privado. Se firman conciertos. Se anuncia un plan. La lista baja algo. El conflicto se enfría. Hasta la próxima vez.

Lo primero que conviene entender es que la derivación de pacientes públicos a la sanidad privada no sale barata. Al contrario: el coste por proceso que asume la administración cuando externaliza una intervención o una consulta es sistemáticamente superior al que tendría si el mismo acto se realizara dentro del sistema público. La clínica privada no es más eficiente: es más cara para el erario. Lo que hace es descargar la presión política del momento a cambio de un precio que pagaremos todos durante años.

Pero hay un coste que no aparece en ninguna factura y que es todavía más grave: el que sufre el propio sistema público. Cada vez que se desvía un flujo de pacientes hacia el exterior, el hospital o el centro de salud pierde actividad, y con ella pierde algo que no se recupera fácilmente: la práctica clínica de sus profesionales, la justificación para mantener ciertas unidades, la masa crítica que sostiene los servicios más especializados. Un quirófano que opera menos pierde capacidad real, no solo estadística. Un especialista que ve menos casos pierde destreza. La derivación sistemática no alivia al sistema público: lo vacía por dentro, lo hace dependiente de la red privada y lo deja cada vez menos preparado para funcionar solo.

Y mientras tanto, los recursos que se destinan a pagar esas derivaciones son recursos que no se invierten en contratar a los profesionales que faltan, en abrir las camas que están cerradas, en sostener la atención primaria que debería resolver los casos antes de que lleguen a la lista de espera.

Cuando el sistema público tarda, una parte de la ciudadanía recibe el mismo mensaje implícito: hazte un seguro. Y muchas personas lo hacen, con el alivio de creer que así han salido de la cola para siempre.

Pero hay algo que la publicidad de las aseguradoras no dice con claridad: el servicio que recibirás depende exactamente de las condiciones en que contrataste la póliza. La letra pequeña no es un detalle. Es el contrato real. Los seguros básicos excluyen especialidades, limitan pruebas diagnósticas, imponen copagos por acto médico y establecen períodos de carencia que dejan desprotegido al asegurado justo cuando más lo necesita.

Y hay un momento en que la trampa se cierra del todo: cuando el diagnóstico es serio. Cuando el tratamiento requiere varias pruebas encadenadas, medicación de alto coste, cirugía compleja o seguimiento prolongado, la aseguradora despliega su verdadera lógica. No es sanitaria. Es financiera. Las autorizaciones se demoran, las derivaciones se complican, los presupuestos se cuestionan. El asegurado empieza a recibir señales, unas veces sutiles y otras no tanto, de que continuar por esa vía va a ser difícil, costoso o directamente inviable. En la práctica, se le está invitando a abandonar el tratamiento o a asumir el coste de su bolsillo.

Dicho de otro modo: el seguro privado funciona razonablemente bien para lo barato y lo sencillo. Para lo caro y lo complicado —que es precisamente cuando una persona más necesita el sistema— tiende a fallar de maneras que no aparecen en el contrato pero que se hacen notar cuando ya no hay margen para volver atrás.

Más profesionales con condiciones laborales que eviten que se vayan. Más atención primaria que resuelva antes de que los problemas lleguen al especialista. Más inversión en prevención, porque cada enfermedad que se evita es una cita que nunca entrará en la lista. Más planificación plurianual que no dependa del año electoral. Y más honestidad política: si el sistema está infradotado, la solución es dotarlo, no buscarle sustitutos que, cuando más se necesitan, también fallan.

Las listas de espera no son inevitables. Son el resultado de decisiones acumuladas durante años: de recortes que no se revertieron, de plantillas que no se reforzaron, de prevención que se pospuso. Resolverlas de verdad exige tomar decisiones distintas. Decisiones que no dan rédito en el próximo ciclo electoral, pero que son las únicas que funcionan.

 

ESTABILIDAD:  GOBERNAR SIN DAR CUENTAS A NADIE

Hay palabras que en política funcionan como trampantojos. Suenan bien, generan consenso reflejo, y precisamente por eso sirven para ocultar lo que realmente significan. "Estabilidad" es hoy la palabra fetiche de Juan Manuel Moreno Bonilla. La repite en cada mitin, en cada entrevista, en cada aparición pública. Pero conviene preguntarse: estabilidad, ¿para qué? ¿Y para quién?

Porque cuando Moreno Bonilla habla de estabilidad no está describiendo un estado de bienestar colectivo. Está describiendo su propia comodidad para gobernar. Él mismo lo ha dicho sin pudor: quiere gobernar "sin ataduras", sin necesidad de pactar con nadie, sin que ninguna otra fuerza política pueda condicionar sus decisiones. Traducido al castellano llano: quiere un cheque en blanco de cuatro años para hacer lo que le plazca sin rendir cuentas a nadie.

Una mayoría absoluta en democracia no debería significar la cancelación del debate político. Debería ser un mandato con límites, sujeto al escrutinio permanente del Parlamento, de los órganos de control y de la ciudadanía. Pero el PP andaluz ha convertido la Cámara autonómica en una sala de aplausos. Cualquier intento de control, de fiscalización o de negociación se presenta en el relato oficial como "lío", como amenaza a esa estabilidad que tanto presume.

¿El resultado? Un Ejecutivo que ha retirado el control previo de la Intervención sobre determinados contratos del Servicio Andaluz de Salud, sustituyéndolo por controles a posteriori, cuando el dinero ya está gastado y comprometido. Un Gobierno cuya Cámara de Cuentas le reprocha falta de transparencia, agencias sin rendir cuentas, fundaciones sin actividad y una "maraña" administrativa que dificulta cualquier fiscalización seria. Y un aparato de contratación que, según las investigaciones en curso de la Fiscalía Anticorrupción, ha derivado en adjudicaciones directas y fraccionamiento de contratos por valor de cientos de millones de euros, eludiendo la concurrencia y la publicidad obligatorias.

Mientras se habla de estabilidad, la sanidad pública andaluza sangra. Los conciertos con clínicas privadas han pasado de 424 a 675 millones de euros anuales. En solo cuatro meses de 2022, la Junta derivó a la sanidad privada más pacientes de los presupuestados para todo el año. Para 2025, macrocontratos por valor de 533 millones financiarán operaciones y pruebas diagnósticas en empresas privadas. Casi la mitad del incremento presupuestario en sanidad va al sector privado.

Lo mismo ocurre en educación. Andalucía se ha convertido en la comunidad que más ha incrementado el gasto en escuela concertada en los últimos cinco años: un 26%, once puntos por encima de la media estatal. Y en Formación Profesional, las plazas privadas autorizadas en el último año cuadruplican a las públicas.

No son accidentes. Son las consecuencias lógicas de gobernar estable... para privatizar.

La estabilidad también se retroalimenta. El gasto en publicidad institucional de la Junta ha crecido un 140% bajo Moreno Bonilla. Y la propia Cámara de Cuentas denuncia que ni siquiera se publica el desglose de a quién va ese dinero, incumpliendo la ley de transparencia. Medios dependientes económicamente de la administración tienen menos incentivos para investigar en profundidad. El relato se consolida. El control se debilita.

Así que la próxima vez que Moreno Bonilla invoque la estabilidad, conviene recordar lo que hay detrás de esa palabra: una sanidad pública asfixiada para abrir paso a los negocios privados; contratos adjudicados a dedo bajo decretos de emergencia; una educación pública que pierde terreno frente a la concertada; unos órganos de control a los que se vacía de competencias; y un Parlamento al que se convierte en comparsa.

Eso es la estabilidad de Moreno Bonilla. No la estabilidad de Andalucía.

Andalucía S.A.:  convertir lo público en negocio privado

Hay una diferencia entre un político que roba y un partido que construye un sistema. Lo primero es un delito individual. Lo segundo es una estrategia. Lo que la acumulación de casos, contratos e irregularidades en la Andalucía del PP sugiere cada vez con más claridad es que estamos ante lo segundo.

Juan Manuel Moreno Bonilla llegó a San Telmo en 2018 con el relato de la regeneración. Seis años después, la sanidad pública andaluza está judicializada, la cúpula del PP en Almería ha sido detenida por cohecho y malversación, y una serie de contratos y subvenciones de la Junta apuntan a un patrón sistemático: el dinero público fluye hacia donde conviene al partido, y los mecanismos que deberían impedirlo han sido silenciados, reformados o directamente desmantelados.

El ejemplo más revelador del modelo no es un caso concreto de corrupción, sino la arquitectura que la hace posible. Entre 2020 y 2024, el Gobierno de Moreno usó de forma masiva y prolongada la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud: un mecanismo legal diseñado para situaciones excepcionales que permite adjudicar contratos "a dedo", sin concurrencia, sin publicidad y con controles mínimos.

El problema es que el marco legal extraordinario de la pandemia expiró en 2021. El SAS siguió usando esos contratos de emergencia durante tres años más, canalizando 242 millones de euros hacia clínicas y empresas privadas al margen de cualquier licitación. La oposición eleva la cifra total desviada desde la sanidad pública al sector privado a 1.500 millones mediante esta fórmula y el troceo sistemático de adjudicaciones para esquivar los controles.

No es solo que se hiciera: es que, cuando los propios interventores del SAS empezaron a levantar la mano —diecinueve informes de alerta en total—, fueron apartados de sus puestos. Y cuando la Cámara de Cuentas podría haber fiscalizado esos contratos menores, su reglamento fue reformado para limitar exactamente esa función. La arquitectura del silencio se construyó desde dentro del Gobierno.

Hoy el SAS afronta dos causas judiciales abiertas: una en Cádiz por presunta malversación en 235 millones en contratos fraccionados, y otra en Sevilla por el abuso sostenido de la contratación de emergencia. Cuando un juez archivó parcialmente una de ellas, Moreno lo celebró como un triunfo. PSOE y Podemos han recurrido. El fondo del asunto no ha desaparecido: la sanidad andaluza lleva años siendo el vehículo de una transferencia masiva de recursos públicos hacia el sector privado, realizada en la oscuridad deliberada de la contratación excepcional.

Más allá de la sanidad, el Gobierno de Moreno ha gestionado contratos y subvenciones con una lógica de partido que la oposición ha llevado ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción en al menos cuatro expedientes.

Un director general firma ayudas públicas a sus propios familiares. El gerente de una empresa pública autonómica concede directamente 350.000 euros de patrocinio a una empresa en la que él mismo fue directivo. La Junta destina contratos y 275.000 euros en subvenciones a una fundación vinculada al cantante José Manuel Soto —figura señera del patriotismo identitario afín al PP— sin que los procedimientos aguanten el escrutinio. La Oficina Antifraude detectó un vicio de nulidad en uno de esos contratos. La oposición ha llevado el caso a los juzgados señalando al exconsejero Bendodo y al propio Moreno Bonilla.

No son casos aislados. Son la expresión cotidiana de un partido que ha colonizado la administración andaluza y la gestiona como si los recursos públicos fueran propios: para premiar a los afines, financiar a los simpáticos y blindar a los leales.

El caso más brutal en términos judiciales es el "mascarillas gate" de la Diputación de Almería, gobernada por el PP. Un contrato de urgencia de 2,04 millones adjudicado en plena pandemia a una empresa para suministrar material sanitario. Parte de las mascarillas, defectuosas. Las comisiones ilícitas detectadas por la UCO de la Guardia Civil, cerca de 945.000 euros. Y una "dinámica fraudulenta continuada" en la institución, según el propio juez instructor.

Han sido detenidos el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; su vicepresidente Fernando Giménez; y una docena más de cargos del PP, investigados por cohecho, malversación y blanqueo. García no es un periférico: fue presidente provincial del PP, hombre de máxima confianza de Moreno y miembro de su ejecutiva regional. A partir del 28 de mayo, 32 imputados empezarán a declarar ante el juez. La RTVE ha informado de que la UCO sospecha que el expresidente usaba dinero de mordidas para pagar su hipoteca.

Una columna en Público sostiene que el adelanto de las elecciones andaluzas fue calculado para evitar que la campaña coincidiera con el inicio del juicio. Si la maniobra existió, no ha servido: el proceso sigue su curso.

Lo que une todos estos casos no es la casualidad ni la manzana podrida. Es un método. El PP de Moreno Bonilla ha gobernado Andalucía debilitando los organismos de control, usando la contratación excepcional como palanca privatizadora, distribuyendo el dinero público entre su ecosistema de empresas, fundaciones y afines, y respondiendo a cada denuncia con la presunción de inocencia como escudo y el archivo parcial de alguna causa como trofeo.

El partido que llegó a Andalucía denunciando los ERE ha construido su propio sistema. Menos visible, más fragmentado, pero igualmente orientado a convertir lo público en palanca de poder privado. Eso, en democracia, tiene un nombre. Y cada vez más jueces, interventores y periodistas están escribiéndolo.

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Fuentes: Público, elDiario.es, ElPlural, El País, Cadena SER, RTVE, El Confidencial, Canal Sur, El Salto y otros medios, a partir de autos judiciales, informes de la UCO y documentación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

 

Politicas de futuro (6):

Vivienda: del aval al banco al piso público

La crisis de la vivienda en Andalucía no es una tormenta pasajera. Es el resultado de años de tratar el hogar como activo financiero y no como derecho. Los datos son elocuentes: el precio medio del alquiler ronda los 10 €/m²/mes en toda la comunidad, con Málaga superando los 15 €/m². Las familias dedican entre el 30 y el 60% de sus ingresos a pagar el techo. Y mientras tanto, el parque de vivienda pública andaluza apenas alcanza el 1,5% del total, frente al 15-20% de los países europeos con políticas sociales robustas.

El Gobierno del PP de Juanma Moreno ha elegido una respuesta: confiar en el mercado. Su apuesta pasa por liberar suelo, agilizar licencias, ofrecer avales a jóvenes para la compra y fomentar la colaboración público-privada a través del Plan Vive. Casi 1.000 millones de euros movilizados entre 2025 y 2029, dicen. Los resultados, sin embargo, siguen sin llegar a quienes más los necesitan: jóvenes con trabajos precarios, familias de rentas bajas y personas mayores con pensiones insuficientes para asumir un alquiler de mercado. Los incentivos fiscales y los avales del 15% para comprar una primera vivienda no sirven de nada si no llegas al umbral mínimo de solvencia que exige el banco.

La propuesta socialista parte de una premisa clara: la vivienda debe convertirse en el quinto pilar del Estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación, las pensiones y los servicios sociales. Para materializarlo, proponen destinar 1.000 millones de euros anuales del presupuesto andaluz a políticas de vivienda —un salto cualitativo respecto a la inversión actual— y construir 100.000 viviendas públicas en los próximos años.

Para los jóvenes, el PSOE-A plantea que la Junta adelante el 20% de la entrada de la primera vivienda, sin intereses y recuperable al finalizar la hipoteca, eliminando así la principal barrera de acceso para quienes tienen ingresos, pero no ahorros. Y en el mercado del alquiler, apuestan por aplicar la Ley Estatal de Vivienda —que el PP andaluz ha ignorado sistemáticamente— para congelar los precios en zonas tensionadas y reforzar el papel de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) como promotora pública activa, frente a la parálisis actual.

Adelante Andalucía y las fuerzas a su izquierda van un paso más allá. Su diagnóstico es que el 30% de las viviendas en alquiler de Andalucía están en manos de grandes propietarios —bancos, fondos de inversión y grandes inmobiliarias— y que existen unas 640.000 viviendas vacías en la comunidad, muchas de ellas en manos de esos mismos actores. La solución que proponen: desprivatizar esas viviendas mediante compra forzosa o expropiación para destinarlas al alquiler asequible.

En cuanto a los precios, su propuesta es establecer topes de alquiler por barrios y distritos, ligados a los ingresos de las familias, de forma que ningún hogar tenga que destinar más del 20-30% de sus ingresos al pago de la vivienda. Y para los grandes tenedores con pisos vacíos: penalización fiscal directa.

En lo relativo a la turistificación de la vivienda, tanto el PSOE-A como Adelante coinciden: la expansión casi ilimitada de pisos turísticos en Sevilla, Málaga, Granada o la costa está expulsando a los vecinos de sus barrios. Frente a la regulación técnica y blanda del PP —básicamente un registro y unos requisitos mínimos—, la izquierda andaluza propone limitar el número de pisos turísticos por barrio o municipio, declarar zonas saturadas donde se suspendan nuevas licencias, prohibir el cambio de uso residencial a turístico en determinadas áreas y dotar a los ayuntamientos de verdaderas herramientas para retirar licencias y sancionar a quienes operan en la ilegalidad.

La diferencia entre los dos modelos no es técnica, es política. El PP confía en que el mercado, bien lubricado con incentivos, resolverá el problema. La izquierda parte de que el mercado es, en buena parte, el problema: cuando la vivienda es más rentable como inversión turística o especulativa que como hogar, el mercado no garantiza el derecho a una vivienda digna. Solo una intervención pública decidida —más parque público, control de precios, movilización de vivienda vacía y freno a la turistificación— puede cambiar la ecuación para los que hoy quedan fuera.

La crisis andaluza de vivienda tiene soluciones. Lo que falta es voluntad política para aplicarlas.

 Política para el futuro (5):

Cuidados en Andalucía: un derecho en papel que no llega a quienes lo necesitan

Hay números que deberían sonrojarnos a todos. En 2025, casi 7.000 personas fallecieron en Andalucía mientras esperaban recibir la prestación por dependencia a la que tenían derecho reconocido. No hablamos de personas que no cumplían los requisitos. Hablamos de personas que habían pasado todos los filtros, que el sistema había reconocido su situación, y que aun así murieron esperando. Porque la espera media para completar el procedimiento roza los 490 días. Casi el triple del máximo legal de 180.

Eso no es un problema de gestión. Es una crisis estructural. Y tiene nombre y apellidos políticos.

Andalucía cuenta con un marco normativo que, sobre el papel, es bastante completo: la Ley estatal de Dependencia, la Ley andaluza de Servicios Sociales y la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. También hay recursos: ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, residencias. Nadie dice que no exista nada.

El problema es la enorme brecha entre el derecho reconocido y el acceso real. Más de 44.000 personas están en lista de espera. Los servicios sociales comunitarios —la puerta de entrada del sistema— funcionan con plantillas "bajo mínimos", como reconocen los propios municipios. Y cuando la Junta anuncia medidas para aliviar esto, como 140 nuevos puestos en la agencia de dependencia, las organizaciones de mayores responden lo mismo: es insuficiente. Rotundamente insuficiente.

A esto hay que añadir los copagos. Sí, en un sistema que se vende como universal y de derecho, las personas mayores pagan de su bolsillo por servicios básicos. El precio de la comida en los centros de participación ha subido hasta 5,6 euros diarios. Para quien cobra una pensión mínima, eso es una barrera real. No teórica.

El gobierno andaluz del PP ha apostado por ampliar plazas concertadas con el sector privado. Fondos europeos mediante, también ha creado los llamados centros de cuidados intermedios. No hay que negar que algo se ha movido. Pero la lógica de fondo no cambia: más externalizaciones, más colaboración público-privada, copagos que se mantienen y servicios sociales públicos que aguantan como pueden.

¿El resultado? Un sistema que tiende a la dualización: quienes tienen recursos complementan lo público con servicios privados, quienes no los tienen se quedan en la cola. Una cola que, ya lo hemos visto, para miles de personas termina siendo definitiva.

Frente a este modelo, las izquierdas plantean algo diferente, aunque con sus propios matices. El eje común es claro: reforzar la red pública directa, no el concierto con privados. Hay propuestas de plan de choque para llegar a lista de espera cero en dependencia, fijar plazos máximos reales, aumentar inversión social de forma significativa y municipalizar servicios de ayuda a domicilio para que la gestión esté más cerca de la gente.

Se busca poner el foco en los recursos sociosanitarios más complejos y en los equipos de paliativos domiciliarios, que hoy son claramente insuficientes. Incluso se va un paso más allá y se propone remunicipalizar servicios que se han externalizado, con un enfoque comunitario y de proximidad que pone a las personas, no a los contratos, en el centro.

En materia de discapacidad, la izquierda defiende la transversalidad —que la discapacidad esté en todas las políticas, no en un cajón aparte— y la figura del asistente personal como derecho real, no como excepción.

Detrás de cada persona en lista de espera hay una familia que está cargando con lo que el sistema no cubre. Y esa carga cae, de manera desproporcionada, sobre las mujeres. No es casualidad: es la consecuencia de un modelo que sigue contando con el cuidado informal y gratuito como colchón del sistema.

Andalucía puede hacerlo mejor. Tiene la normativa. Tiene los recursos europeos. Le falta la voluntad política de convertir los derechos en realidad, y eso solo cambia cuando cambia quién gobierna y qué prioriza.

Los números no mienten. 7.000 personas no esperan.

 

El «Modelo Extremeño»: lo que nos espera si la derecha gobierna en Andalucía

El acuerdo de gobierno alcanzado en Extremadura entre el PP y Vox no es un hecho regional aislado. Es un ensayo general. Un PP que dispone de 29 escaños frente a los 11 de Vox cede en prácticamente toda la agenda ideológica de la ultraderecha, consolidando un modelo que, de trasladarse a Andalucía, tendría consecuencias directas sobre derechos, servicios y cohesión social.

Los ejes del pacto son reveladores. En materia migratoria, se establece el rechazo frontal a la acogida de menores migrantes no acompañados, la negativa a abrir nuevos centros de acogida y el uso sistemático de pruebas de determinación de edad para detectar supuestos «fraudes». En paralelo, el pacto vincula a las ONG con las mafias de tráfico de personas, alimentando un bulo que criminaliza la solidaridad.

En el terreno de los derechos civiles, el colectivo LGTBI directamente no existe en el documento: ninguna mención, ninguna política, ningún reconocimiento. La «familia» que se defiende es una sola, la «tradicional», y la natalidad se convierte en el único horizonte de la política social.

El pacto incorpora además propuestas de dudosa legalidad —como la prohibición del burka en espacios públicos o la priorización de españoles en la sanidad— que chocan con la legislación estatal y sentencias del Tribunal Supremo, pero que funcionan como señales identitarias de confrontación permanente con el Gobierno central.

En política ambiental, se frena el despliegue de energías renovables, se blindan la caza y el sector primario, y se rechaza explícitamente la Agenda 2030. En fiscalidad, bajadas de IRPF y bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones que, en la práctica, benefician a las rentas altas a costa del presupuesto público.

Andalucía es territorio fronterizo, líder en transición energética y la comunidad con mayor número de personas en riesgo de exclusión social. El «modelo extremeño» aplicado aquí polarizaría el debate público en torno al miedo migratorio, recortaría silenciosamente derechos ya conquistados, frenaría la captación de fondos europeos vinculados a la sostenibilidad y reduciría la inversión pública bajo la coartada de la bajada fiscal.

Frente a este programa, la respuesta progresista no puede limitarse a la denuncia moral. Necesita estrategia concreta.

Primero, exponer la impostura legal: muchas de las medidas prometidas son inaplicables. Anunciar restricciones sanitarias o prohibiciones de indumentaria para ganar votos, sabiendo que los tribunales las tumbarán, es una estafa política. Hay que nombrarlo así.

Segundo, defender la justicia fiscal como base de los servicios públicos: cada euro de bonificación fiscal para grandes patrimonios es un euro menos en lista de espera, en ratio de alumnos por aula, en ayuda a la dependencia. El discurso de «dinero en el bolsillo» debe ser contestado con el coste real de esa promesa.

Tercero, humanizar el debate migratorio: reivindicar los derechos de la infancia migrante como una cuestión de dignidad, no de ideología. Los menores no acompañados son, ante todo, niños y niñas.

Cuarto, visibilizar lo que el pacto borra: la ausencia del colectivo LGTBI en un documento de gobierno no es neutralidad, es una decisión política. La izquierda debe señalarlo y movilizar a todos los sectores afectados por ese borrado institucional.

Quinto, vincular ecología y empleo rural: rechazar la Agenda 2030 no es independencia soberana; es renunciar a los fondos europeos y al futuro económico de los pueblos andaluces. La transición energética justa genera empleo donde más falta hace.

El modelo extremeño ya existe. La pregunta es si Andalucía será el siguiente laboratorio.

 

Política para el futuro (4):

Migración en Andalucía: bienvenidos cuando conviene, invisibles cuando molesta

Hay una verdad que nadie con responsabilidad política se atreve a decir en voz alta durante una campaña electoral: Andalucía no funcionaría sin sus trabajadores migrantes. El 11% de nuestra fuerza laboral es población extranjera. Los campos de fresas de Huelva, los invernaderos de Almería, las cocinas de nuestros bares, los cuidados de nuestros mayores: todo eso lo sostienen, en buena medida, personas que llegaron de fuera. Sin ellas, el sistema de bienestar andaluz estaría ya en colapso.

Y sin embargo, en campaña, la migración se convierte en campo de minas. En miedo. En eslogan.

Mientras los políticos discuten en los platós, hay unas 12.000 personas viviendo en asentamientos en Almería y Huelva, sin agua potable, sin luz, en condiciones que avergonzarían a cualquier sociedad que se llame democrática. Son las mismas personas que recogen los tomates que comemos y que cotizan —o cotizarán, si se les deja— para pagar las pensiones de quienes las rechazan. Esa es la paradoja andaluza.

El Gobierno central ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que afectará a unas 60.000 personas en nuestra comunidad. Es un paso, sí. Lo defienden como "justicia laboral" y "racionalidad económica". CCOO y UGT lo celebran como una cuestión de dignidad. Pero organizaciones como APDHA y la plataforma Regularización Ya ponen el dedo en la llaga: esta reforma sigue siendo utilitarista. Regularizamos porque nos son útiles, no porque tengan derechos. Y eso, aunque mejor que nada, no es suficiente.

Vox y sus altavoces en redes han construido un relato en el que cada migrante es una amenaza. Reyertas, robos, pérdida de "esencias nacionales". Es mentira, pero funciona. Y funciona porque nadie la rebate con la misma energía con la que se lanza. El CIS lo deja claro: la inmigración preocupa mucho como concepto abstracto, pero casi nada como problema personal y directo. Es un miedo manufacturado, no vivido.

Lo trágico es que ese discurso ha conseguido desplazar el debate. Mientras el agricultor onubense pide papeles para contratar legalmente, el candidato de turno habla de "control de fronteras". Hay una desconexión brutal entre lo que necesita Andalucía y lo que se debate en campaña.

Aquí no caben medias tintas. Desde la izquierda, la posición tiene que ser clara y valiente:

Primero, apoyar la regularización extraordinaria, pero exigir que vaya más allá. No puede ser un trámite burocrático lleno de trampas para quienes solicitaron asilo o para quienes llevan años trabajando en la economía sumergida que nosotros mismos hemos tolerado. La regularización tiene que ser un derecho, no un favor.

Segundo, atacar de frente el modelo de los asentamientos. Que en 2025 haya miles de personas sin agua potable a pocos kilómetros de nuestras ciudades es una vergüenza política de primer orden. Vivienda digna, servicios básicos y condiciones laborales reguladas: eso no es caridad, es obligación.

Tercero, cambiar el marco del debate. Dejar de hablar de "gestión de flujos" y empezar a hablar de ciudadanía. Las segundas generaciones de familias migrantes son andaluzas. Sus hijos han nacido aquí, van a nuestros colegios, hablarán con nuestro acento. Si no apostamos por su integración plena ahora, en veinte años tendremos una sociedad fracturada entre quienes tienen derechos y quienes solo tienen obligaciones.

Y cuarto, no ceder ni un milímetro en el relato. Cada vez que la izquierda acepta el marco del miedo —moderando el tono, poniendo matices innecesarios, hablando de "migración ordenada"— está dando por bueno que hay algo que temer. No hay nada que temer. Hay mucho que ganar.

Andalucía lleva décadas siendo tierra de emigrantes que se fueron y de migrantes que llegaron. Los dos merecen el mismo respeto. Ya es hora de que la política esté a la altura.

 

Políticas para el futuro (3)

Pobreza y exclusión en Andalucía

Andalucía lidera, un año más, las estadísticas de pobreza y exclusión social en España. En 2025, la tasa AROPE –personas en riesgo de pobreza o exclusión– se sitúa en torno al 34,7%, casi 3 millones de personas y cerca de diez puntos por encima de la media estatal. En 2024, la pobreza severa afectaba al 12,8% de la población andaluza, más de un millón de personas que viven con ingresos mensuales muy por debajo de lo imprescindible para una vida digna.

Los informes de EAPN y FOESSA hablan de fractura social: casi un 23% de la población vive en exclusión y en torno a un 10% en exclusión severa, con la vivienda y el empleo como ejes centrales de esa vulnerabilidad. La pobreza infantil supera el 40%, la brecha de género se agranda y casi la mitad de los hogares no puede hacer frente a un imprevisto sin caer en el abismo.

Desde la izquierda, el punto de partida es claro: estos niveles de pobreza no son una fatalidad, son el resultado de decisiones políticas acumuladas. El marco de referencia es la Agenda 2030, que obliga a reducir a la mitad la proporción de población en pobreza respecto a 2015, usando precisamente la tasa AROPE como indicador. Andalucía ha bajado algo desde aquel 43,6%, pero no al ritmo necesario para cumplir el compromiso en 2030.

Las fuerzas progresistas (PSOE, Adelante Andalucia y Por Andalucia) plantean tres compromisos clave:

• Fijar objetivos verificables de reducción de la AROPE y de la pobreza severa en la legislatura, alineados con la Agenda 2030.
• Consolidar y ampliar un sistema de garantías de ingresos (Ingreso Mínimo Vital y renta autonómica) que cubra efectivamente a quienes hoy quedan fuera.
• Vincular estas prestaciones a itinerarios reales de inserción, empleo local digno, vivienda asequible y educación compensatoria, no solo a controles burocráticos.

En vivienda, el PSOE andaluz ha defendido en el Parlamento derogar la ley impulsada por el actual Gobierno del PP y sustituirla por un plan que multiplique la inversión pública hasta al menos el 1% del PIB y construya unas 100.000 viviendas de alquiler asequible en una década, con prioridad para jóvenes, familias vulnerables y hogares monoparentales. Se trata de pasar de ayudas dispersas a un parque público estable que reduzca el sobreesfuerzo residencial que hoy hunde en la pobreza severa a cientos de miles de hogares.

En empleo, los programas de izquierdas hablan de planes de choque para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, con el empleo digno como herramienta central de inclusión social y ligados a la transición ecológica y los cuidados.

En educación, se apuesta por refuerzo en la red pública, becas, comedores y actividades gratuitas para menores en riesgo, es decir, por una verdadera educación compensatoria que rompa la transmisión intergeneracional de la pobreza.

La derecha acepta, por su parte, el diagnóstico de pobreza alta, pero coloca el énfasis en el crecimiento económico, la bajada de impuestos y la condicionalidad de las ayudas. El empleo se presenta como “la mejor política social”, mientras se cuestiona el diseño del Ingreso Mínimo Vital por sus presuntos efectos desincentivadores sobre la búsqueda de trabajo.

Vox se ha opuesto abiertamente al IMV, al que acusa de “cronificar” la pobreza y de generar un supuesto “efecto llamada”, mientras parte del PP aboga por una profunda revisión que lo convierta más en un subsidio muy condicionado que en un derecho subjetivo. El debate en torno a los estudios de la AIREF, que señalan efectos desincentivadores en ciertos grupos pero también mejoras de cobertura y calidad del empleo en otros, se usa más para justificar recortes que para rediseñar la política con criterios de justicia.

En vivienda, PP y Vox han bloqueado en el Parlamento andaluz iniciativas para reforzar el parque público de alquiler y garantizar la calificación permanente de la vivienda protegida como patrimonio social. Frente a los planes de gran inversión en vivienda pública, los populares proponen un enfoque centrado en movilizar suelo, rebajar impuestos a la compra y ofrecer incentivos fiscales, confiando en que el mercado, con algunos retoques, terminará garantizando el acceso.

En el fondo, el contraste es nítido. La izquierda habla de derechos garantizados, metas medibles de reducción de la AROPE y la pobreza severa, y un paquete coherente de prestaciones, vivienda, empleo local y educación compensatoria. La derecha, en cambio, se mueve en el terreno de las ayudas condicionadas, la confianza en el mercado y la idea de que el problema se resolverá con “más empleo” sin cuestionar la calidad de ese empleo ni el precio de la vivienda.

En una Andalucía que sigue encabezando todos los indicadores de pobreza y exclusión del país, elegir entre uno u otro modelo no es solo un debate ideológico: es decidir si esos tres millones de personas quedan atrapadas en la precariedad estructural o si convertimos de verdad la lucha contra la pobreza en prioridad política verificable, con plazos, recursos y responsabilidades claras.

 

Politicas para el futuro (2):

Sanidad, la privatización silenciosa

Mientras las listas de espera baten récords y los cribados oncológicos fallan, el Gobierno de Moreno Bonilla sigue derivando recursos hacia la sanidad privada concertada.

Andalucía enfrenta las elecciones del 17 de mayo de 2026 con su sistema sanitario en una situación que los propios profesionales califican de crítica. Bajo el mandato del PP, la sanidad pública andaluza ocupa los últimos puestos nacionales en casi todos los indicadores asistenciales, mientras el gasto en conciertos con clínicas privadas no ha dejado de crecer. La fotografía es tan clara como preocupante: más dinero en los presupuestos, pero peor atención para la ciudadanía.

Los números hablan por sí solos. Andalucía registra 169 días de espera media para una intervención quirúrgica no urgente, la peor cifra de todas las comunidades autónomas y muy por encima de los 121 días de media nacional. Uno de cada tres pacientes —el 31,6%— aguarda más de seis meses para ser operado, cuando en 2017 esa proporción era del 8,7%. En consultas con especialistas, la demora media llega a los 135 días, segunda peor del país. Y la atención primaria no sale mejor parada: solo el 13,4% de las solicitudes de cita se atienden en 24-48 horas, frente al 51,9% que se registraba en 2018. Andalucía ocupa el penúltimo lugar nacional.

El mayor escándalo sanitario del mandato fue la crisis de los cribados de cáncer de mama. Entre 2021 y 2024, entre 2.000 y 3.000 mujeres con mamografías de resultado dudoso no recibieron aviso para continuar su seguimiento. El fallo se produjo en el sistema informático gestionado por NTT, empresa privada a la que la Junta había externalizado ese servicio en 2021. La gestión del desastre costó el cargo a la consejera de Salud. Paralelamente, más de un millón y medio de andaluces en edad de riesgo no han participado en el cribado de cáncer de colon. La privatización de servicios esenciales no solo sale cara en euros: sale cara en vidas.

El Gobierno andaluz presume de haber alcanzado el mayor presupuesto sanitario de la historia —16.265 millones para 2026— pero ese dinero no llega donde más falta hace. La FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública) señala que Andalucía ha pasado de ser la 13.ª comunidad en grado de privatización en 2019 a la 4.ª en la actualidad. Los contratos a dedo con clínicas privadas se han prorrogado de forma reiterada, incluso fuera del marco legal establecido. Mientras, en 2024 la región perdió 1.937 enfermeras por un éxodo de profesionales que buscan mejores condiciones en otras comunidades o en el extranjero. La temporalidad laboral y las ratios insuficientes lastran un sistema que necesita inversión real, no externalizaciones.

Frente a esta realidad, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía coinciden en un diagnóstico claro: el PP está ejecutando una privatización encubierta de la sanidad pública. María Jesús Montero ha calificado la situación de "riesgo de colapso" y propone derogar los conciertos con la privada, blindar legalmente el carácter 100% público del sistema y eliminar por ley las listas de espera con plazos máximos garantizados. Adelante Andalucía impulsa junto a las Mareas Blancas una Iniciativa Legislativa Popular para revertir todas las externalizaciones y exige una auditoría independiente sobre la crisis de los cribados. Por Andalucía apuesta por un modelo basado en atención primaria reforzada, enfoque comunitario y transparencia total en la gestión sanitaria.

La sanidad no es un negocio. Es un derecho. Y los datos demuestran que en Andalucía ese derecho lleva años siendo erosionado. El 17 de mayo, los andaluces y las andaluzas tienen la palabra.

 

 

Políticas para el futuro (1): 

La escuela pública andaluza se apaga

Hay datos que no engañan. Andalucía gasta 5.665 euros por alumno al año, una de las cifras más bajas de todo el Estado. Al mismo tiempo, en los últimos años se han cerrado más de 2.400 aulas en colegios e institutos públicos. Y mientras eso ocurría, la Junta destinaba a la red concertada más de 1.000 millones de euros extras, la cantidad más alta de su historia. Esto no es un accidente. Es una política.

El Gobierno del PP en Andalucía repite que ha aumentado el presupuesto educativo un 45% desde 2018. Es verdad. Pero ese dinero no ha llegado a reforzar la escuela pública de forma equitativa. Los sindicatos denuncian que en ese mismo período se recortaron miles de plazas docentes en la red pública, mientras se contrataban más de 700 profesores extra para colegios concertados con 35 millones de euros adicionales. El argumento oficial es la "libertad de elección de centro". El resultado real es que quien puede elegir, elige; y quien no puede, se queda con lo que queda, que cada vez es menos.

Y no solo en la enseñanza básica. En la Formación Profesional, la FP privada ha crecido un 66% desde 2018, frente al 29% de la pública. Ya más del 35% del alumnado de FP en Andalucía estudia en centros privados. Llaman a esto "privatización silenciosa". Quizás porque se hace sin ruido, sin debate, poco a poco, aula por aula.

Sería injusto ignorar que hay avances reales. El abandono escolar temprano ha bajado del 22% en 2018 al 14,5% en 2025. Es un logro que hay que reconocer. Pero Andalucía sigue por encima de la media estatal, y esa reducción se apoya en programas específicos en centros vulnerables que pueden desaparecer si cambia el color político o se acaban los fondos. Lo que funciona gracias a un plan puntual no es una garantía: es una promesa que caduca.

Una región que invierte menos por alumno que casi todas sus vecinas y que sigue arrastrando tasas de desigualdad educativa por encima de la media no puede permitirse que sus avances dependan de parches temporales.

La diferencia entre los dos grandes modelos educativos no es un debate abstracto de políticos en un parlamento. Es una pregunta muy concreta: ¿qué tipo de Andalucía queremos construir?

Un modelo apuesta por reforzar la red pública como columna vertebral del sistema, reducir las ratios de alumnos por clase, garantizar más recursos en los centros de entornos más difíciles y hacer de la FP y la investigación motores públicos de transformación económica. El otro modelo pone el acento en la competencia entre centros, en la "eficiencia" del mercado educativo y en un sector concertado que crece a costa del público.

La elección no es neutral. La educación pública es el único espacio donde una niña de un barrio humilde de Almería y el hijo de una familia acomodada de Sevilla tienen las mismas posibilidades de aprender. Cada aula pública que cierra es una grieta en esa igualdad.

Andalucía tiene talento, tiene universidades que investigan, tiene docentes comprometidos. Lo que necesita es una apuesta política decidida y sostenida: más inversión por alumno, plazas públicas de FP que crezcan al ritmo que crece la demanda, y una investigación que no dependa de contratos precarios ni de la buena voluntad de turno.

La escuela pública no es un servicio del pasado que hay que gestionar mientras declina. Es la herramienta más poderosa que tiene una sociedad para construir su futuro. Merece políticas a su altura.

 

Si no votas, ganará quien no quieres

El 17 de mayo Andalucía decide. Pero hay millones de personas que ya han decidido no ir a votar. Esta entrada del blog es para ellas.

Seamos honestos. Mucha gente en Andalucía está hasta el moño de la política. De las promesas que no llegan, de los mismos discursos de siempre, de sentir que da igual lo que votes porque nada cambia. Se entiende. De verdad que se entiende.

Pero hay un problema con esa lógica. Cuando no vas a votar, alguien sí va. Y ese alguien decide por ti. Decide qué se hace con la sanidad pública, con el precio del alquiler, con los contratos basura, con la lista de espera que llevas meses esperando. La abstención no es quedarse fuera del juego. Es dejarlo en manos de otros.

Me gustaría  contarte qué hay sobre la mesa, porque a veces la información no llega igual a todo el mundo.

El PSOE, con María Jesús Montero al frente, ha puesto la sanidad pública en el centro de todo. No como eslogan, sino como denuncia concreta: listas de espera que se alargan, consultas que escasean, médicos que se van. Montero es una cara conocida, con buena gestión real en salud, y llega además con el respaldo del Gobierno central para hacer propuestas creíbles en servicios públicos.

Por Andalucía ha hecho algo que la izquierda rara vez consigue: ponerse de acuerdo. Han trabajado para ir más unidos, evitar que el voto progresista se fragmente y así que cada papeleta cuente de verdad. En política, eso no es fácil, y merece reconocerse.

Adelante Andalucía llega con fuerza propia y un mensaje muy directo: hay recortes que tienen nombre y apellidos, y hay que decirlos en voz alta. Su denuncia de las más de 2.000 mujeres con cáncer de mama que quedaron fuera de un programa de cribado no es retórica. Es una historia real que afecta a familias reales.

La izquierda se mueve en los temas de: Vivienda, sanidad, empleo digno y servicios públicos que funcionen. No son debates abstractos. Son cosas que ocurren en tu vida cada día y de las que no te puedes inhibir.

Así me gustaría dar un mensaje directo para quien piensa en no votar:

Si tienes menos de 35 años y no puedes independizarte porque los alquileres se han disparado, esto va contigo. Si llevas meses esperando una prueba médica, esto va contigo. Si trabajas con un contrato que no te da para llegar a fin de mes, esto va contigo.

No te pedimos que te emociones con la política. Te pedimos algo mucho más sencillo: que el 17 de mayo dediques veinte minutos a ir a votar. Porque lo que se decida ese día afecta directamente a tu vida, aunque a veces no lo parezca.

El voto no lo soluciona todo. Pero la abstención sí que empeora muchas cosas.

Nadir pone en duda que el PP parte como favorito, con una ventaja de unos diez puntos en las encuestas. Pero llega a esta campaña con algunos problemas que no se ven tanto desde fuera.

La confección de las listas ha generado tensión interna. Hay candidatos locales que se han sentido apartados, provincias donde la dirección nacional ha impuesto criterios que no gustaron, malestar que no sale en los titulares pero que existe. Cuando un partido se cree que ya ha ganado antes de votar, empieza a cometer errores que luego se pagan.

Vox, por su parte, llega con problemas propios: reconoce abiertamente que su voto se ha frenado en Andalucía. Sus acuerdos en otras comunidades han dejado a parte de su electorado con dudas. Ese descontento puede convertirse en abstención en la derecha, lo que acerca posiciones.

En resumen: la derecha no tiene esto tan ganado como las encuestas sugieren. Lo que ocurra las últimas dos semanas, en los debates, en la movilización, en la calle, puede mover el resultado de forma significativa.

Aquí y ahora la campaña importa. Siempre ha importado. Andalucía no es tierra de votos fijos ni de resultados previsibles cuando la gente se activa de verdad. Si la izquierda consigue llegar a quienes llevan años sin votar, el mapa cambia.

Así que si estás leyendo esto y llevabas tiempo pensando que tu voto no hace falta para nada, piénsalo otra vez. No porque la política sea perfecta. Sino porque las facturas del médico, el contrato temporal y el alquiler que no baja son muy reales. Y el 17 de mayo, tú tienes algo que decir sobre todo eso.

 

 

De la hegemonía al desierto

Durante casi cuatro décadas, el PSOE gobernó Andalucía como si la Junta fuera una extensión natural del partido. Desde 1982 hasta 2019, ningún otro partido pisó los despachos del Palacio de San Telmo. Esa continuidad, que durante años pareció una muestra de arraigo popular, acabó convirtiéndose en la primera causa de su ruina.

El resultado de las autonómicas de 2022 fue demoledor: el PP logró mayoría absoluta con 58 escaños, mientras el PSOE se desplomaba hasta los 30 y el 24% de los votos, su peor registro histórico. Para dimensionar la caída: en 1982 habían obtenido 66 escaños. En cuarenta años, el partido pasó de ganar en 422 de los 772 municipios andaluces a perder hasta los feudos más simbólicos: Huelva, Jaén, Sevilla. El mapa se tiñó de azul en su totalidad.

¿Cómo se llega a ese punto? No hay una sola respuesta, sino una acumulación de fracturas que durante años se fueron abriendo en silencio.

El primer gran factor es la propia duración del poder. Casi cuarenta años de gobierno ininterrumpido producen lo que algunos analistas denominan "fatiga de materiales": burocratización del aparato, liderazgos renovados solo a medias, redes clientelares que sustituyen al proyecto político y, sobre todo, una identificación progresiva del partido con la administración en lugar de con la ciudadanía. Para muchos andaluces, el PSOE no era ya un partido de gobierno sino el gobierno mismo, con todo lo que eso implica de rutina y alejamiento.

Y luego llegó el caso ERE, que aunque aún se dude de la legalidad de las condenas, las dudas por el uso irregular de fondos públicos no fue solo un escándalo judicial: fue el relato perfecto para quienes llevaban años construyendo la narrativa del "fin del socialismo andaluz". Muchos miembros del propio partido consideraron que lo sucedido era "bochornoso". Ese adjetivo, resumía mejor que cualquier análisis el estado moral en que había quedado la federación andaluza.

Pero el declive no ha sido solo cuestión de escándalos. La hegemonía socialista siempre descansó en el voto rural, en los municipios pequeños y medianos, en las provincias donde el peso histórico del jornalero y del latifundio había convertido al PSOE en sinónimo de dignidad. Ese tejido social existe, pero Andalucía es hoy una comunidad más urbana, más diversa y con unas clases medias que ya no se reconocen automáticamente en el socialismo de otra época.

El PP comprendió mejor esta transformación. Fue ocupando las ciudades, las clases medias técnicas, el votante de centro que quería estabilidad sin ideología rígida. Para las autonómicas de 2022, Juanma Moreno ya había consolidado ese perfil: moderado, gestor, sin aristas. Mientras, el PSOE seguía buscándose a sí mismo después de la traumática guerra entre Susana Díaz y Pedro Sánchez en las primarias federales de 2017, un conflicto que presentó a la federación andaluza como el bastión del aparato frente a la renovación, y que dejó heridas que aún no han cicatrizado del todo.

Además a todo eso hay que sumar la fragmentación de la izquierda. Podemos, IU, Adelante Andalucía, Por Andalucía... Mientras el centroderecha se concentraba en el PP tras la desaparición de Ciudadanos, el espacio progresista se disgregaba en siglas incapaces de transmitir un mensaje unitario. El resultado fue que el votante que quería frenar a la derecha no encontraba dónde colocar su voto con convicción.

La buena noticia es que el suelo electoral de 2022 no es el destino inevitable. En las municipales y generales de 2023, el PSOE andaluz recuperó cerca de medio millón de votos. La mala noticia es que eso, por sí solo, no basta para reconstruir una hegemonía.

La estrategia pasa por varios ejes que deben activarse de forma simultánea y urgente. El primero es la renovación orgánica real: no basta con cambiar caras; hay que cambiar la lógica. Las agrupaciones locales necesitan cuadros con arraigo social genuino, vinculados al movimiento vecinal, sindical, feminista y ecologista, no solo a los circuitos internos del partido.

El segundo eje es construir un proyecto programático nítidamente andaluz. El PSOE-A ha de convertirse en el intérprete político de los problemas reales de la comunidad: el desempleo juvenil, la vivienda, la sanidad pública, la educación pública, la brecha territorial entre provincias. Un andalucismo cívico y socialdemócrata que conecte autonomía con derechos sociales efectivos.

El tercero, el más incómodo pero el más necesario: gestionar con honestidad la herencia de los ERE. No basta con el argumento formal de que no hubo financiación ilegal del partido. La ciudadanía necesita ver qué ha cambiado, qué mecanismos de control se han introducido, qué garantías existen de que eso no vuelva a ocurrir. La regeneración no puede ser una declaración de intenciones; tiene que ser un código de conducta verificable.

Por último, el partido necesita desenmascarar al PP del falso marco narrativo de la "gestión moderada" mientras se hacen políticas de privatización de los servicios públicos. Eso solo se consigue con datos, con propuestas concretas y con liderazgos capaces de conectar con generaciones que no votan por herencia sino por convicción de la necesidad del cambio social.

Me temo que el horizonte realista no es 2026, aunque estas autonómicas serán el primer gran test. El camino ha de empezar ahora, y cada año que se pierda en la parálisis, es un año que el PP tomará ventaja instalando sus propias redes en el territorio. Andalucía no se pierde dos veces. O quizás sí, si el partido no aprende la lección.