Urna Abierta

 

Política para el futuro (4):

Migración en Andalucía: bienvenidos cuando conviene, invisibles cuando molesta

Hay una verdad que nadie con responsabilidad política se atreve a decir en voz alta durante una campaña electoral: Andalucía no funcionaría sin sus trabajadores migrantes. El 11% de nuestra fuerza laboral es población extranjera. Los campos de fresas de Huelva, los invernaderos de Almería, las cocinas de nuestros bares, los cuidados de nuestros mayores: todo eso lo sostienen, en buena medida, personas que llegaron de fuera. Sin ellas, el sistema de bienestar andaluz estaría ya en colapso.

Y sin embargo, en campaña, la migración se convierte en campo de minas. En miedo. En eslogan.

Mientras los políticos discuten en los platós, hay unas 12.000 personas viviendo en asentamientos en Almería y Huelva, sin agua potable, sin luz, en condiciones que avergonzarían a cualquier sociedad que se llame democrática. Son las mismas personas que recogen los tomates que comemos y que cotizan —o cotizarán, si se les deja— para pagar las pensiones de quienes las rechazan. Esa es la paradoja andaluza.

El Gobierno central ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que afectará a unas 60.000 personas en nuestra comunidad. Es un paso, sí. Lo defienden como "justicia laboral" y "racionalidad económica". CCOO y UGT lo celebran como una cuestión de dignidad. Pero organizaciones como APDHA y la plataforma Regularización Ya ponen el dedo en la llaga: esta reforma sigue siendo utilitarista. Regularizamos porque nos son útiles, no porque tengan derechos. Y eso, aunque mejor que nada, no es suficiente.

Vox y sus altavoces en redes han construido un relato en el que cada migrante es una amenaza. Reyertas, robos, pérdida de "esencias nacionales". Es mentira, pero funciona. Y funciona porque nadie la rebate con la misma energía con la que se lanza. El CIS lo deja claro: la inmigración preocupa mucho como concepto abstracto, pero casi nada como problema personal y directo. Es un miedo manufacturado, no vivido.

Lo trágico es que ese discurso ha conseguido desplazar el debate. Mientras el agricultor onubense pide papeles para contratar legalmente, el candidato de turno habla de "control de fronteras". Hay una desconexión brutal entre lo que necesita Andalucía y lo que se debate en campaña.

Aquí no caben medias tintas. Desde la izquierda, la posición tiene que ser clara y valiente:

Primero, apoyar la regularización extraordinaria, pero exigir que vaya más allá. No puede ser un trámite burocrático lleno de trampas para quienes solicitaron asilo o para quienes llevan años trabajando en la economía sumergida que nosotros mismos hemos tolerado. La regularización tiene que ser un derecho, no un favor.

Segundo, atacar de frente el modelo de los asentamientos. Que en 2025 haya miles de personas sin agua potable a pocos kilómetros de nuestras ciudades es una vergüenza política de primer orden. Vivienda digna, servicios básicos y condiciones laborales reguladas: eso no es caridad, es obligación.

Tercero, cambiar el marco del debate. Dejar de hablar de "gestión de flujos" y empezar a hablar de ciudadanía. Las segundas generaciones de familias migrantes son andaluzas. Sus hijos han nacido aquí, van a nuestros colegios, hablarán con nuestro acento. Si no apostamos por su integración plena ahora, en veinte años tendremos una sociedad fracturada entre quienes tienen derechos y quienes solo tienen obligaciones.

Y cuarto, no ceder ni un milímetro en el relato. Cada vez que la izquierda acepta el marco del miedo —moderando el tono, poniendo matices innecesarios, hablando de "migración ordenada"— está dando por bueno que hay algo que temer. No hay nada que temer. Hay mucho que ganar.

Andalucía lleva décadas siendo tierra de emigrantes que se fueron y de migrantes que llegaron. Los dos merecen el mismo respeto. Ya es hora de que la política esté a la altura.