Urna Abierta

 

El «Modelo Extremeño»: lo que nos espera si la derecha gobierna en Andalucía

El acuerdo de gobierno alcanzado en Extremadura entre el PP y Vox no es un hecho regional aislado. Es un ensayo general. Un PP que dispone de 29 escaños frente a los 11 de Vox cede en prácticamente toda la agenda ideológica de la ultraderecha, consolidando un modelo que, de trasladarse a Andalucía, tendría consecuencias directas sobre derechos, servicios y cohesión social.

Los ejes del pacto son reveladores. En materia migratoria, se establece el rechazo frontal a la acogida de menores migrantes no acompañados, la negativa a abrir nuevos centros de acogida y el uso sistemático de pruebas de determinación de edad para detectar supuestos «fraudes». En paralelo, el pacto vincula a las ONG con las mafias de tráfico de personas, alimentando un bulo que criminaliza la solidaridad.

En el terreno de los derechos civiles, el colectivo LGTBI directamente no existe en el documento: ninguna mención, ninguna política, ningún reconocimiento. La «familia» que se defiende es una sola, la «tradicional», y la natalidad se convierte en el único horizonte de la política social.

El pacto incorpora además propuestas de dudosa legalidad —como la prohibición del burka en espacios públicos o la priorización de españoles en la sanidad— que chocan con la legislación estatal y sentencias del Tribunal Supremo, pero que funcionan como señales identitarias de confrontación permanente con el Gobierno central.

En política ambiental, se frena el despliegue de energías renovables, se blindan la caza y el sector primario, y se rechaza explícitamente la Agenda 2030. En fiscalidad, bajadas de IRPF y bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones que, en la práctica, benefician a las rentas altas a costa del presupuesto público.

Andalucía es territorio fronterizo, líder en transición energética y la comunidad con mayor número de personas en riesgo de exclusión social. El «modelo extremeño» aplicado aquí polarizaría el debate público en torno al miedo migratorio, recortaría silenciosamente derechos ya conquistados, frenaría la captación de fondos europeos vinculados a la sostenibilidad y reduciría la inversión pública bajo la coartada de la bajada fiscal.

Frente a este programa, la respuesta progresista no puede limitarse a la denuncia moral. Necesita estrategia concreta.

Primero, exponer la impostura legal: muchas de las medidas prometidas son inaplicables. Anunciar restricciones sanitarias o prohibiciones de indumentaria para ganar votos, sabiendo que los tribunales las tumbarán, es una estafa política. Hay que nombrarlo así.

Segundo, defender la justicia fiscal como base de los servicios públicos: cada euro de bonificación fiscal para grandes patrimonios es un euro menos en lista de espera, en ratio de alumnos por aula, en ayuda a la dependencia. El discurso de «dinero en el bolsillo» debe ser contestado con el coste real de esa promesa.

Tercero, humanizar el debate migratorio: reivindicar los derechos de la infancia migrante como una cuestión de dignidad, no de ideología. Los menores no acompañados son, ante todo, niños y niñas.

Cuarto, visibilizar lo que el pacto borra: la ausencia del colectivo LGTBI en un documento de gobierno no es neutralidad, es una decisión política. La izquierda debe señalarlo y movilizar a todos los sectores afectados por ese borrado institucional.

Quinto, vincular ecología y empleo rural: rechazar la Agenda 2030 no es independencia soberana; es renunciar a los fondos europeos y al futuro económico de los pueblos andaluces. La transición energética justa genera empleo donde más falta hace.

El modelo extremeño ya existe. La pregunta es si Andalucía será el siguiente laboratorio.