Urna Abierta

 Política para el futuro (5):

Cuidados en Andalucía: un derecho en papel que no llega a quienes lo necesitan

Hay números que deberían sonrojarnos a todos. En 2025, casi 7.000 personas fallecieron en Andalucía mientras esperaban recibir la prestación por dependencia a la que tenían derecho reconocido. No hablamos de personas que no cumplían los requisitos. Hablamos de personas que habían pasado todos los filtros, que el sistema había reconocido su situación, y que aun así murieron esperando. Porque la espera media para completar el procedimiento roza los 490 días. Casi el triple del máximo legal de 180.

Eso no es un problema de gestión. Es una crisis estructural. Y tiene nombre y apellidos políticos.

Andalucía cuenta con un marco normativo que, sobre el papel, es bastante completo: la Ley estatal de Dependencia, la Ley andaluza de Servicios Sociales y la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. También hay recursos: ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, residencias. Nadie dice que no exista nada.

El problema es la enorme brecha entre el derecho reconocido y el acceso real. Más de 44.000 personas están en lista de espera. Los servicios sociales comunitarios —la puerta de entrada del sistema— funcionan con plantillas "bajo mínimos", como reconocen los propios municipios. Y cuando la Junta anuncia medidas para aliviar esto, como 140 nuevos puestos en la agencia de dependencia, las organizaciones de mayores responden lo mismo: es insuficiente. Rotundamente insuficiente.

A esto hay que añadir los copagos. Sí, en un sistema que se vende como universal y de derecho, las personas mayores pagan de su bolsillo por servicios básicos. El precio de la comida en los centros de participación ha subido hasta 5,6 euros diarios. Para quien cobra una pensión mínima, eso es una barrera real. No teórica.

El gobierno andaluz del PP ha apostado por ampliar plazas concertadas con el sector privado. Fondos europeos mediante, también ha creado los llamados centros de cuidados intermedios. No hay que negar que algo se ha movido. Pero la lógica de fondo no cambia: más externalizaciones, más colaboración público-privada, copagos que se mantienen y servicios sociales públicos que aguantan como pueden.

¿El resultado? Un sistema que tiende a la dualización: quienes tienen recursos complementan lo público con servicios privados, quienes no los tienen se quedan en la cola. Una cola que, ya lo hemos visto, para miles de personas termina siendo definitiva.

Frente a este modelo, las izquierdas plantean algo diferente, aunque con sus propios matices. El eje común es claro: reforzar la red pública directa, no el concierto con privados. Hay propuestas de plan de choque para llegar a lista de espera cero en dependencia, fijar plazos máximos reales, aumentar inversión social de forma significativa y municipalizar servicios de ayuda a domicilio para que la gestión esté más cerca de la gente.

Se busca poner el foco en los recursos sociosanitarios más complejos y en los equipos de paliativos domiciliarios, que hoy son claramente insuficientes. Incluso se va un paso más allá y se propone remunicipalizar servicios que se han externalizado, con un enfoque comunitario y de proximidad que pone a las personas, no a los contratos, en el centro.

En materia de discapacidad, la izquierda defiende la transversalidad —que la discapacidad esté en todas las políticas, no en un cajón aparte— y la figura del asistente personal como derecho real, no como excepción.

Detrás de cada persona en lista de espera hay una familia que está cargando con lo que el sistema no cubre. Y esa carga cae, de manera desproporcionada, sobre las mujeres. No es casualidad: es la consecuencia de un modelo que sigue contando con el cuidado informal y gratuito como colchón del sistema.

Andalucía puede hacerlo mejor. Tiene la normativa. Tiene los recursos europeos. Le falta la voluntad política de convertir los derechos en realidad, y eso solo cambia cuando cambia quién gobierna y qué prioriza.

Los números no mienten. 7.000 personas no esperan.