Moreno Bonilla no puede pactar con Vox: la cordura tiene un precio que el PP no debería pagar

Hay momentos en que la política se vuelve transparente. No por voluntad de sus actores, sino porque las palabras quedan grabadas, las hemerotecas no mienten y las contradicciones acaban aflorando con la fuerza de lo evidente. Juanma Moreno Bonilla se encuentra hoy en uno de esos momentos.

El presidente de la Junta de Andalucía ha tenido la honestidad intelectual —o quizás la necesidad táctica— de desnudar ante la ciudadanía lo que verdaderamente son las propuestas estrella de Vox. Y el diagnóstico no ha podido ser más demoledor: irreales e ilegales.

Sobre la llamada "prioridad nacional", esa bandera agitada por Santiago Abascal como condición innegociable para cualquier pacto de gobierno, Moreno ha sido inapelable. La ha calificado sin ambages de

"un eslogan un poquito hueco, pero un eslogan que ellos creen que les funciona".

Y ha añadido algo aún más relevante desde el punto de vista jurídico: que dicha prioridad nacional entra en conflicto directo con la ley orgánica del estatuto de autonomía y con la propia Constitución Española. En sus propias palabras:

"el eslogan de campaña [...] la prioridad nacional, está muy bien, pero hay una cosa que está por encima [...] que se llama ley orgánica de estatuto de autonomía y Constitución Española".

Y para que no quedara margen a la interpretación, remató: el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Pocas veces un líder político ha argumentado con tanta contundencia la incompatibilidad de sus propios socios potenciales.

Si en la "prioridad nacional" la distancia es profunda, en materia migratoria se convierte en un verdadero abismo. Vox construye su relato criminalizando sistemáticamente a las personas migrantes, vinculando la inmigración irregular con la delincuencia y apelando a un rechazo que va más allá de cualquier fundamento legal o empírico.

Moreno, en cambio, ha optado por la realidad frente al espectáculo. Ha defendido que los migrantes son necesarios en Andalucía, reconociendo que sectores enteros de la economía andaluza —el campo, la hostelería, la construcción— colapsarían sin esa aportación. Ha pedido a Abascal que piense bien en lo que los migrantes aportan a España. Ha tachado los discursos de Vox en este ámbito de propagandísticos. Y en el caso específico de los menores no acompañados, ha proclamado que les profesa el máximo de consideración y que su protección es irrenunciable.

No hay forma de cuadrar ese círculo. No existe geometría política que permita gobernar conjuntamente a quien considera necesaria la inmigración ordenada e integrada y a quien la convierte en un vector de alarma social permanente. Intentarlo no sería una cesión táctica: sería una contradicción existencial con consecuencias reales para personas reales.

Y aquí es donde la reflexión se vuelve más incómoda para la izquierda andaluza, pero también más necesaria. Porque si Moreno Bonilla ha construido con sus propias palabras el alegato más sólido contra una alianza estable con Vox, cabe preguntarse qué papel debe jugar el PSOE de Andalucía ante una eventual investidura.

La respuesta no es sencilla, pero sí posible: una abstención total o, al menos, parcial. No como renuncia a sus principios ni como apoyo ideológico al PP, sino como acto de responsabilidad institucional ante una alternativa que sería mucho peor: un gobierno de coalición formal entre el Partido Popular y Vox.

La exigencia del PSOE sería única y verificable: que el PP se comprometa, de forma explícita y pública, a no suscribir ningún pacto global de gobierno con Vox. Que los acuerdos con la formación ultraderechista, si alguna vez fueran necesarios para sacar adelante medidas concretas, sean exactamente eso: puntuales, limitados, sometidos al escrutinio parlamentario caso a caso, y nunca convertidos en una hoja de ruta compartida de gobierno.

No se trata de darle a Moreno Bonilla una carta blanca. Se trata de impedirle la peor de las opciones: la de quedar atrapado en una alianza que le haría traicionar sus propias palabras y que arrastraría a Andalucía hacia políticas que él mismo ha calificado de ilegales.

Se escuchará, inevitablemente, la objeción habitual: ¿por qué el PSOE habría de facilitar la gobernabilidad al PP sin obtener nada a cambio? La respuesta es que sí obtiene algo, y algo de enorme valor: la garantía de que Vox no entrará en el gobierno de Andalucía con un programa compartido, con consejerias repartidas, con políticas de exclusión y recorte de derechos institucionalizadas.

No es un regalo al adversario. Es un cortafuegos contra el escenario más dañino. Y es, también, una forma de colocar al PP ante el espejo de sus propias contradicciones: si Moreno Bonilla ha dicho que las propuestas de Vox son inconstitucionales y propagandísticas, tendrá que demostrarlo con hechos, no solo con palabras.

La abstención condicionada —con esa única exigencia— daría al PSOE andaluz una posición de mayor firmeza moral y política que la del bloqueo sistemático. Bloquear por bloquear puede acabar siendo la coartada que justifique precisamente lo que se quiere evitar. Abstenerse con una condición clara y pública, en cambio, pone toda la responsabilidad en manos del PP.

Si Moreno acepta esa condición, Andalucía tendrá un gobierno estable sin el lastre de la extrema derecha como socio estructural. Si la rechaza, el PSOE habrá demostrado ante la ciudadanía quién estaba dispuesto a gobernar con madurez y quién prefería el abrazo de Abascal.

 

La justicia acelera… y  frena: dos ritmos que están marcando la política española

En España llevamos años hablando de corrupción, de tribunales y de causas que parecen no terminar nunca. Pero, más allá de los titulares, hay algo que mucha gente comenta en voz baja: la sensación de que la justicia no se mueve igual según quién esté en el punto de mira. No es una teoría conspirativa ni un grito partidista; es una percepción que se repite porque los hechos, vistos en conjunto, dibujan un patrón difícil de ignorar.

Cuando se repasan los grandes escándalos que han afectado al Partido Popular, lo primero que llama la atención es la lentitud. Años y años de instrucción, piezas que se eternizan, pruebas que desaparecen, discos duros que se destruyen, testigos que olvidan lo que antes recordaban con claridad. Y mientras tanto, muchos de los implicados continúan en sus cargos, toman decisiones públicas y mantienen intacta su influencia.

La sensación que queda es que el tiempo juega a favor: cuanto más se alarga un caso, más se diluye la responsabilidad, más difícil es reconstruir lo ocurrido y más fácil resulta que todo termine en nada o en condenas menores. La maquinaria judicial, en estos casos, parece funcionar con una mezcla de prudencia, parsimonia y obstáculos que, casualmente o no, acaban beneficiando a los investigados.

El contraste aparece cuando miramos las causas que afectan al PSOE. Aquí el ritmo cambia por completo. Las investigaciones se abren rápido, las imputaciones llegan pronto, los autos se filtran a los medios casi en tiempo real y los titulares se multiplican antes incluso de que haya pruebas sólidas.

En muchos de estos casos, la base no son documentos contundentes ni seguimientos financieros complejos, sino mensajes de móvil, interpretaciones de conversaciones, testimonios indirectos o indicios que se amplifican hasta convertirlos en acusaciones de gran calado. Y, casi siempre, el foco se desplaza de la persona concreta al partido entero, como si cada caso aislado fuera la prueba de una corrupción estructural.

La diferencia de velocidad es tan evidente que cuesta no preguntarse por qué. ¿Por qué unas causas avanzan con una energía casi quirúrgica mientras otras se pierden en un laberinto de plazos, recursos y silencios?

Lo preocupante no es solo la desigualdad en el trato, sino lo que esa desigualdad provoca. Cuando la ciudadanía percibe que la justicia no actúa igual con todos, la confianza en las instituciones se resquebraja. Y cuando esa diferencia de trato beneficia sistemáticamente a un partido y perjudica a otro, el terreno deja de ser neutral.

En los casos que afectan al PP, la lentitud y la desactivación progresiva de responsabilidades generan la impresión de que el sistema protege. En los que afectan al PSOE, la rapidez y la amplificación mediática transmiten la idea de que el sistema castiga incluso antes de que haya una sentencia.

El resultado es un paisaje político donde la justicia parece convertirse en un actor más, no en un árbitro imparcial.

No se trata de negar que haya corrupción en un partido o en otro. La corrupción existe, y debe investigarse siempre. La cuestión es otra: por qué no se investiga con el mismo rigor, la misma calma o contundencia según quién esté implicado.

La impresión que se extiende es que, en algunos casos, la justicia se usa como herramienta para desgastar políticamente, para erosionar reputaciones, para sembrar sospechas que tardan años en aclararse. Y, en el caso del PSOE, esa estrategia parece orientada no solo a debilitarlo, sino a sacarlo del tablero político tanto como sea posible.

Mientras tanto, los casos que afectan al PP se diluyen, se enfrían o se pierden en un mar de tecnicismos que terminan por neutralizar su impacto.

La justicia no puede ser un arma ni un escudo. No puede correr cuando interesa y frenar cuando conviene. No puede ser un instrumento para moldear el mapa político.

Una democracia sana necesita una justicia que actúe con el mismo rigor, la misma prudencia y transparencia para todos. Sin excepciones. Sin favoritismos. Sin prisas selectivas ni pausas estratégicas.

Porque cuando la justicia deja de ser igual para todos, deja de ser justicia.
Y cuando eso ocurre, lo que se resiente no es un partido u otro: es la democracia entera.

 

Balance electoral: La izquierda arrebató la mayoría al PP

El 17 de mayo de 2026 quedará grabado como la fecha en que el bloque progresista demostró que Andalucía puede moverse. Moreno Bonilla pierde dos escaños cruciales y se abre un tablero de gobernabilidad sin mapa.

Hay noches electorales que se parecen a todas las demás —unos suben, otros bajan, el mapa cambia de tono pero no de sentido— y hay noches que rompen algo. La del 17 de mayo de 2026 en Andalucía fue de las segundas. Con una participación del 64,85%, la más alta desde hace más de una década, los andaluces fueron a votar con la deliberada intención de que algo cambiara. Y algo cambió: el PP pierde la mayoría absoluta.

Lo primero que hay que decir, y hay que decirlo sin matices, es que este resultado es un logro de la izquierda. No porque la izquierda haya ganado —no ha ganado— sino porque ha cumplido el único objetivo que estaba en su mano: arrebatarle al PP la comodidad del gobierno en solitario. Cuatro años de mayoría absoluta popular han llegado a su fin no por desgaste natural sino por la movilización de un electorado progresista que decidió presentarse. La participación es la gran victoria de la noche.

Adelante Andalucía es el símbolo más elocuente de ese giro: pasar de 2 a 8 escaños, multiplicar el voto por cuatro y superar los 400.000 apoyos es mucho más que un buen resultado; es la consolidación de un espacio a la izquierda del PSOE que en 2022 casi desapareció del mapa. El proyecto sobrevive, crece y se convierte en actor relevante del nuevo parlamento.

Moreno Bonilla ganó todas las provincias y sumó votos. Y, sin embargo, no puede gobernar solo. Eso es lo que ha conseguido la izquierda.

El problema de Juan Manuel Moreno Bonilla no es pequeño. Dispone de 53 diputados cuando necesita 55. Le faltan dos votos para cualquier investidura en primera vuelta. En segunda vuelta, con mayoría simple, la aritmética es aún más exigente en términos políticos: necesita que nadie le bloquee. Y el tablero que se le presenta está lleno de esquinas.

El abrazo del oso: PP y Vox juntos. Es el escenario que más probabilidades matemáticas tiene y el que más le duele al PP. Vox suma 15 escaños y ha dejado claro desde el inicio de la campaña que buscará un pacto de gobierno con acceso a consejerías, no una mera abstención técnica. Su candidato Manuel Gavira ya marcó el camino: Extremadura, Aragón, el modelo de coalición explícita.

Para el PP, esto implica una doble humillación. La primera, reconocer que su proyecto de "gobierno de centro" necesita de la extrema derecha para sobrevivir. La segunda, y más costosa, asumir las exigencias programáticas de Vox en materias como política migratoria, igualdad, medioambiente o gestión de fondos europeos, terrenos en los que el PP andaluz ha intentado construir una imagen moderada que este pacto haría saltar por los aires. Gobernar con Vox en Andalucía sería, para Moreno Bonilla, renunciar a la narrativa que le ha dado cuatro años de hegemonía.

Y sin embargo, las matemáticas mandan. Si la alternativa es no gobernar, el PP terminará cediendo. La pregunta no es si habrá acuerdo sino a qué precio.

La abstención estratégica del PSOE: el regalo envenenado. Existe un segundo escenario, más sofisticado e interesante desde el punto de vista estratégico, que merece ser analizado en serio aunque el PSOE lo haya descartado en campaña: la abstención socialista en segunda vuelta para permitir que Moreno Bonilla gobierne sin Vox.

La lógica es poderosa. Si el PSOE se abstiene, el PP gobierna, pero lo hace sin el auxilio de Vox, expuesto a la intemperie legislativa en cada votación. Sin mayoría propia, Moreno Bonilla se vería obligado a negociar ley a ley, presupuesto a presupuesto, decreto a decreto. En unos casos buscaría el apoyo de Vox; en otros, para aprobaciones que la ultraderecha no querría permitir, podría necesitar los votos de los socialistas o de la izquierda. Un gobierno partido a partido, en permanente equilibrio inestable.

Este escenario tiene una virtud democrática indudable: mantiene a Vox fuera del ejecutivo andaluz. Pero exige del PSOE una generosidad política que María Jesús Montero ha rechazado de manera explícita durante toda la campaña. Y aquí está la trampa: la izquierda, sumando sus 41 escaños, no alcanza la gobernabilidad propia bajo ninguna combinación posible. Por lo tanto, si rechaza la abstención y rechaza el acuerdo, su influencia en la legislatura será puntual y limitada.

Un PSOE que no se abstiene pero sí vota "no" consigue que Vox entre en el gobierno. Un PSOE que se abstiene consigue que el PP gobierne condicionado. La diferencia es enorme, y la decisión final podría depender menos de los principios que se declaran en campaña y más del cálculo fríamente electoral de cara a 2030.

Clave aritmética La izquierda (PSOE 28 + Adelante 8 + Por Andalucía 5 = 41 escaños) está muy lejos de los 55 necesarios para una mayoría alternativa. Sin el PP o sin la abstención de algún grupo de derechas, no hay gobierno progresista posible. La única palanca real de la izquierda es la de impedir, no la de construir.

El gobierno partido a partido: la legislatura del desgaste. Existe un tercer escenario, menos limpio, pero quizás más probable a medio plazo: el PP logra la investidura —ya sea con el apoyo o la abstención de Vox, o con la abstención del PSOE— y comienza una legislatura de geometría variable en la que cada votación se convierte en una negociación separada.

En este marco, la izquierda adquiere una influencia táctica real, aunque no estructural. Puede bloquear iniciativas concretas del PP que necesiten votos externos a su bloque, puede forzar compromisos puntuales en materias sensibles, puede hacer visible su presencia en cada debate. Pero no puede gobernar. Ni sola, ni en coalición, ni a distancia.

El resultado sería un parlamento vivo, ruidoso, lleno de negociaciones cruzadas y de alianzas improbables. Una legislatura que, paradójicamente, podría ser más rica en política real —en debate, en presión, en control al ejecutivo— que los cuatro años de comodidad con los que el PP acaba de terminar.

Para la izquierda andaluza, ese parlamento incómodo para el PP no es victoria, pero tampoco es derrota. Es, quizás, el mejor resultado posible dadas las matemáticas. Y saber leer eso correctamente, sin caer en la autocomplacencia ni en el catastrofismo, será la clave de lo que venga después.

Cuando el polvo electoral se asienta, la foto es esta: el PP ha ganado en votos, ha ganado en escaños, ha ganado en todas las provincias. Y, sin embargo, ha perdido lo que más le importaba: la comodidad de gobernar sin pedir permiso a nadie. Eso lo ha conseguido la izquierda. No con una victoria propia, sino con la suma de una movilización que nadie esperaba tan alta y de un crecimiento de Adelante Andalucía que nadie había calculado tan fuerte.

Lo que viene ahora será oscuro, ruidoso y lleno de contradicciones. Vox pedirá su parte. El PP intentará negociar el menor coste posible. El PSOE tendrá que decidir si la coherencia declarada en campaña vale más que la influencia real sobre un ejecutivo sin mayoría. Y la izquierda en su conjunto tendrá que elegir entre ser oposición simbólica o ser oposición útil.

Ninguna de esas respuestas llegará esta semana. Pero la pregunta está sobre la mesa. Y la urna, esta vez, la puso ahí.

 

El último alegato: o votas, o eligen por ti

Todo lo que he denunciado en este blog tiene una sola solución. Y cabe en un sobre de votación.

Llevo algún tiempo contando lo mismo desde ángulos distintos. Lo he dicho con datos, con análisis, con frialdad y con rabia. Lo he dicho hablando de sanidad, de vivienda, de cuidados, de medioambiente, de salarios, de legalidad y de democracia. Lo he dicho de todas las formas posibles porque creo que la verdad, cuando se repite con argumentos sólidos, acaba calando.

Hoy lo digo por última vez antes de las urnas. Y lo digo de la forma más directa que sabemos.

Si eres de izquierdas y no vas a votar, estás votando al PP.

No es una provocación. Es aritmética.

He tratado de demostrar, entrada a entrada, que lo que ocurre en Andalucía no es fruto del azar ni de la inevitabilidad. Es el resultado de una elección política sostenida durante años por un gobierno que ha gobernado para una minoría del censo.

He documentado que más de un millón de pacientes esperan en las listas sanitarias andaluzas, que la espera quirúrgica media supera los 173 días, y que la respuesta del gobierno no ha sido reforzar lo público sino derivar a lo privado, encareciendo el sistema y vaciándolo por dentro.

He explicado que el precio de la vivienda subió un 44% entre 2015 y 2023, mientras los salarios apenas crecían un 13%. Que en Cádiz, una habitación se lleva el 40% del salario medio. Que dos tercios de los jóvenes andaluces no pueden emanciparse, no por capricho, sino porque el modelo los expulsa.

He mostrado que las mujeres sostienen un sistema de cuidados que el Estado ignora sistemáticamente, que 488 días de espera media para tramitar la dependencia no es un retraso burocrático sino una decisión política, y que Vox no cambiaría nada de esto porque comparte con el PP exactamente la misma indiferencia de fondo.

He recordado que las leyes medioambientales andaluzas se aprobaron en tiempo récord y sin debate para facilitar el negocio, que el 60% de las masas de agua de Andalucía está en mal estado, y que cuando el territorio sangra, el gobierno llama "Revolución Verde" a lo que los ecologistas llaman, con datos, una regresión.

He desenmascarado la retórica de la "prioridad nacional" de Vox como lo que es: una maniobra para que la gente con menos dirija su frustración hacia quien tiene todavía menos, en lugar de hacia quienes controlan los recursos y las decisiones.

Y he demostrado, con los datos del escrutinio oficial de 2022, que Moreno Bonilla no ganó Andalucía: la ganó el sofá. Con el 23% del censo real apoyándole, gobierna con mayoría absoluta porque dos millones y medio de andaluces decidieron no aparecer. La mayoría que lo sostiene no es una mayoría ideológica. Es el silencio organizado del desencanto.

Cada vez que alguien dice "todos son iguales" o "no sirve de nada", está tomando una decisión política. Solo que no lo reconoce como tal.

La abstención no se distribuye de forma uniforme. No le resta igual a todos. En Andalucía, históricamente y de forma consistente, castiga más a la izquierda que a la derecha. El votante conservador va a votar aunque no esté entusiasmado. El votante progresista, cuando se desencanta, se queda en casa. Ese asimétrico reparto del desánimo es lo que convierte a una minoría del electorado real en una mayoría parlamentaria.

Quedarse en casa pensando que uno no participa en el sistema no es salir del sistema. Es dejar que otros lo manejen solos y sin oposición.

El lío que quería evitar Moreno Bonilla —como he escrito en estas páginas— no era el lío político. Era el lío de que alguien le exigiera gobernar para todos. Ese lío, el único que merece la pena, no se organiza desde el sofá. Se organiza desde las urnas.

La trampa del voto útil reaparece en cada ciclo como si fuera nueva. Funciona así: te dicen que votar a quien realmente te representa es "tirar el voto", que solo importa concentrarse en la papeleta más grande para ganar al rival. El argumento tiene una lógica superficial que se deshace en cuanto se piensa un poco.

El voto no es solo un instrumento para ganar o perder. Es la forma en que la ciudadanía le dice al sistema qué representa y cuánto. Una izquierda fragmentada que vota íntegra —aunque sea a distintas papeletas— es una izquierda que existe, que pesa, que condiciona agendas y que manda señales claras sobre lo que importa. Una izquierda que renuncia a sus opciones para concentrarse en la "menos mala" es una izquierda que se autocensura antes de que nadie le pida que lo haga.

Votar a quien uno verdaderamente representa no es tirar el voto. Es ejercer la democracia de la única forma honesta en que puede ejercerse.

He escrito decenas de artículos en este blog. He intentado ser preciso, documentado, riguroso. He intentado que cada afirmación tuviera respaldo en datos reales. He intentado no caer en la consigna fácil porque creo que la gente merece argumentos, no eslóganes.

Pero hoy, en este alegato final, voy a ser directo de una manera que los datos solos no pueden serlo.

Andalucía tiene todo para ser una tierra de oportunidades reales. Tiene sol, tiene talento, tiene historia, tiene una cultura de resistencia que ha sobrevivido a todo. Tiene gente que trabaja duro, que cuida sin que se lo reconozcan, que estudia sin saber si podrá quedarse a vivir aquí, que paga sus impuestos con la esperanza de que ese dinero vuelva en forma de derechos.

Lo que no tiene es un gobierno que goce de ese todo. Lo que tiene es un gobierno que administra el deterioro con sonrisa moderada, que privatiza con lenguaje técnico, que ignora los cuidados con retórica de libertad, que vende como "eficiencia" lo que en realidad es abandono.

Cambiar eso requiere una sola cosa que está al alcance de cualquier persona con DNI y dieciocho años cumplidos.

No porque las opciones disponibles sean perfectas. No lo son. Ningún partido es perfecto. Ningún programa electoral resuelve todo de la noche a la mañana. La política real es lenta, frustrante y llena de compromisos incómodos.

Pero hay una diferencia enorme entre un gobierno que prioriza lo público y uno que lo desmantela. Entre uno que defiende los derechos laborales y uno que los ignora. Entre uno que entiende la vivienda como un derecho y uno que la trata como un activo financiero. Entre uno que cuida el territorio y uno que lo entrega al especulador de turno. Entre uno que construye Estado del bienestar y uno que lo vende a trozos.

Esa diferencia no se decide en los medios ni en las redes sociales ni en las tertulias. Se decide en la mesa de la cocina, cuando se dobla una papeleta y se mete en un sobre.

La razón por la que ha existido este blog, la idea que está en su origen y que he repetido desde el principio, sigue siendo la misma:

Cuando la gente de izquierdas no vota, otros deciden por nosotras y nosotros.

Ya hemos visto lo que deciden cuando los dejamos decidir solos.

Ahora nos toca a nosotros.

Sal y vota.

Carlos Gentil
Urna Abierta — Mayo de 2026

 

La mayoría absoluta de Moreno, más frágil de lo que parece

Los sondeos sitúan al PP en la horquilla exacta donde unos pocos miles de votos deciden si gobierna solo o depende de Vox. Y la abstención puede ser el factor decisivo.

Juanma Moreno lleva semanas hablando de su "verdadero adversario". No es el PSOE, que sigue anclado entre el 20% y el 26% según el instituto encuestador. No es Adelante Andalucía ni Por Andalucía, cuya fragmentación les impide construir una narrativa unitaria de cambio. Su adversario, ha dicho él mismo, es la relajación de su propio votante. Esa frase no es un recurso retórico: es la radiografía más honesta de lo que muestran los sondeos.

La lectura superficial de las encuestas de febrero a mayo es tranquilizadora para el PP. Los populares se mueven en la franja del 42%-44% con notable consistencia, muy por delante de cualquier rival. Pero en política autonómica andaluza, lo que importa no es el porcentaje sino los escaños, y en ese terreno la aritmética se complica.

Varios sondeos sitúan al PP en una horquilla que va, precisamente, de "la mayoría justa" a "quedarse a las puertas". El propio Moreno ha reconocido que el margen puede estar en torno a 15.000 o 20.000 votos, lo que en términos andaluces se traduce en restos provinciales. En circunscripciones pequeñas como Huelva o Almería, esos restos pueden valer un escaño; en Sevilla o Málaga, también. Basta con que el PP concentre peor su voto —o que parte de sus electores no acudan— para que esos escaños viajen a otro partido.

"No hace falta que el PP pierda muchos votos para que pierda la mayoría; basta con que los concentre peor o que baje la movilización en algunas provincias."

La pregunta, por tanto, no es si Moreno gana. Los sondeos son unánimes: gana. La pregunta es si lo hace con la distribución exacta que necesita. Y ahí es donde la abstención entra en escena no como anécdota demoscópica, sino como factor determinante del tipo de gobierno que saldrá del 17 de mayo.

En unas elecciones autonómicas andaluzas, la participación tiende a ser inferior a las generales, y el voto del PP se considera habitualmente más fiel y disciplinado. Pero precisamente esa fortaleza se convierte en vulnerabilidad cuando el clima es de "victoria cantada": si el votante popular da por hecha la mayoría, puede permitirse quedarse en casa. Los sondeos llevan semanas recogiendo esta "abstención blanda" de forma indirecta, y el PP lo sabe. De ahí la insistencia de Moreno.

Los análisis de participación apuntan a un escenario de participación normal o algo contenida, más que a un salto excepcional. Y en ese contexto de baja intensidad, la clave no es cuánta gente vote en total, sino qué electorado se queda en casa.

Participación alta, movilización uniforme: El PP transforma mejor su ventaja en escaños. La mayoría absoluta es plausible o incluso cómoda. Moreno gobierna solo.

Abstención concentrada en el electorado del PP: El PP pierde los últimos escaños provinciales. Gana con claridad, pero sin mayoría. Necesita el apoyo de Vox para gobernar.

Abstención mayor en el bloque de izquierdas: El PP mejora su posición relativa sin crecer en voto propio. La izquierda pierde representación; Adelante y Por Andalucía pueden caer cerca del umbral.

El bloque de izquierdas —PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía— acumula sistemáticamente una mayoría del voto emitido cuando se suma, pero la fragmentación y la abstención diferencial le impiden traducirlo en representación suficiente. ¿Qué ocurriría si se movilizara al electorado que se queda en casa?

La respuesta depende de dónde se concentra ese voto latente. Los análisis disponibles sugieren que la izquierda tiene un "techo oculto" considerable, especialmente en las capitales y en el cinturón metropolitano de Sevilla y Málaga, zonas donde la abstención es históricamente alta y el voto progresista tiene masa crítica pero baja movilización.

Una movilización del abstencionismo de izquierdas beneficiaría sobre todo al PSOE si hay voto útil. Podría acortar distancias con el PP en escaños, no en porcentaje, lo que le daría más peso en la oposición o en una negociación.

Sobre Adelante y Por Andalucía el voto recuperado podría garantizar escaños en provincias donde ambos espacios compiten entre sí más que crecer conjuntamente. El riesgo de quedarse sin representación bajaría significativamente.

Una mayor participación del voto izquierdista comprime los restos del PP en varias provincias. La mayoría absoluta de Moreno se haría más difícil, obligándole a negociar con Vox.

Ahora bien, hay un límite estructural: la suma de los tres partidos de izquierda en los sondeos, incluso en sus mejores estimaciones, no alcanza por sí sola para cambiar el ganador. Moreno seguiría siendo primero. Lo que sí cambia es el tipo de mayoría y, con ello, el margen de maniobra de toda la oposición durante la legislatura.

Los sondeos no dejan duda sobre quién gana. La dejan sobre cómo gana. Y esa diferencia —entre un Moreno con mayoría absoluta y un Moreno dependiente de Vox— no es menor: define la política andaluza de los próximos cuatro años, el equilibrio en el Senado y el peso de Andalucía en la política nacional del PP.

Para la izquierda, la moraleja también es clara: la abstención no es neutral. En este mapa electoral, cada votante progresista que no acude a las urnas regala, de forma indirecta, un escaño más cómodo a Juanma Moreno. Y eso, en una elección que se decide en los restos provinciales, puede marcar la diferencia entre oposición con músculo y oposición decorativa. Tengámoslo en cuenta

 

PP y Vox, dos caras de la misma moneda (4):

La vivienda como activo financiero

La vivienda en Andalucía ha dejado de ser un derecho humano para convertirse, bajo la gestión de Juanma Moreno Bonilla, en el activo financiero predilecto de la Junta. El modelo del Partido Popular ha redibujado el mapa inmobiliario andaluz y hay que analizar qué futuro nos esperaría ante un eventual pacto con la extrema derecha.

Ante el escenario de una pérdida de la mayoría absoluta del PP, surge la duda: ¿cambiarían las políticas de vivienda al necesitar el apoyo de Vox? La respuesta corta es no.

Desde que el PP tomó las riendas de San Telmo, la política de vivienda ha seguido una brújula inalterable: la privatización encubierta y el desmantelamiento de lo público. La estrategia no ha sido construir hogares, sino facilitar negocios.

Bajo la bandera de la "simplificación administrativa", el Gobierno andaluz ha impulsado normativas como la LISTA, que en la práctica ha supuesto una desregulación del suelo sin precedentes. Esta política de "dejar hacer" al mercado ha tenido consecuencias directas:

• Abandono del parque público: Mientras las listas de espera para una vivienda protegida crecen, la inversión real en vivienda pública de alquiler sigue siendo anecdótica.
• Turistificación descontrolada: Se ha permitido que el mercado dicte el destino de nuestros barrios, priorizando los pisos turísticos sobre el alquiler residencial, desplazando a las familias de los centros históricos.
• Fomento de la especulación: Al renunciar a intervenir en los precios o a aplicar medidas de contención, la Junta ha dejado a los jóvenes y a las clases trabajadoras a merced de la volatilidad del mercado.

En definitiva, la gestión de Moreno Bonilla ha consistido en retirar al Estado de su función protectora para convertirlo en un facilitador de la entrada de fondos de inversión en el mercado inmobiliario andaluz.

Con la llegada de Vox en lo fundamental, la estructura se mantendría intacta; los cambios serían meramente formales y de retórica.

Un gobierno de coalición PP-Vox no supondría una ruptura con el modelo privatizador, sino su reforzamiento ideológico. Ambos comparten la misma fe ciega en el mercado y el mismo desprecio por la intervención pública. Vox añadiría, si acaso, un tinte más agresivo en cuestiones como la criminalización de la vulnerabilidad —centrando su discurso exclusivamente en la "anti-ocupación"— para desviar el foco del verdadero problema: la falta de oferta asequible y los salarios precarios.

No veríamos más vivienda pública, sino más beneficios fiscales para los grandes tenedores. El pacto no sería un freno a la especulación, sino un acelerador de la misma dinámica de abandono de los servicios públicos que ya sufrimos.

No podemos permitir que la vivienda sea el privilegio de unos pocos mientras la mayoría social se asfixia pagando alquileres imposibles. La política de vivienda en Andalucía necesita un giro de 180 grados que solo puede venir de una movilización masiva en las urnas.

Es fundamental defender la necesidad de participación política. No votar es, en la práctica, dar el visto bueno a que el mercado siga decidiendo dónde y cómo vivimos. Solo un refuerzo de las fuerzas de izquierda puede garantizar la recuperación de lo público:

1. Intervención en los precios del alquiler para frenar la sangría económica de las familias.
2. Ampliación real del parque público de vivienda que no esté sujeta a los vaivenes de la especulación.
3. Protección del inquilino frente a los abusos y los desahucios sin alternativa.

El cambio no vendrá de la mano de quienes ven en una casa una simple mercancía. Es hora de votar para que Andalucía vuelva a ser una tierra para vivir, y no solo una tierra para invertir. En las próximas elecciones, tu voto es la llave, así que no te quedes en casa: sal y vota

 

PP y Vox, dos caras de la misma moneda (3):

Aulas en liquidación

Si el PP perdiera su mayoría absoluta y necesitara a Vox, no debemos esperar un cambio de rumbo en la gestión económica de la educación. El pacto no rompería la lógica privatizadora; si acaso se mantendría bajo un marco más selectivo y excluyente.

La educación en Andalucía atraviesa un momento crítico. Tras años de gestión de Juanma Moreno Bonilla, el sistema educativo ha dejado de ser el motor de la igualdad de oportunidades para convertirse en un escenario de privatización silenciosa. Bajo una retórica de "libertad de elección", lo que estamos presenciando es el desmantelamiento progresivo de lo público en favor del beneficio privado.

La política educativa del PP en Andalucía ha seguido una dirección clara: fortalecer la red concertada y privada mientras la pública sufre un abandono sistemático. Los datos son alarmantes:

• Cierre masivo de unidades: Se han suprimido más de 2.400 aulas públicas bajo el pretexto de la bajada de natalidad, una cifra que se espera roce las 3.000 próximamente.
• Blindaje de la concertada: Mientras se cierran plazas públicas, la red concertada permanece intacta, recibiendo más de 1.000 millones de euros, la cifra más alta de nuestra historia.
• Mercantilización de la FP y la Universidad: La FP privada ha crecido un 66% desde 2018, frente a un escaso 29% de la pública. En el ámbito universitario, Andalucía ha pasado de una a cinco universidades privadas autorizadas, a menudo con la oposición de los rectores públicos.
• Inversión a la cola: Andalucía sigue estando entre las comunidades con menor inversión educativa por estudiante (5.665 euros), muy por debajo de la media estatal.

En definitiva, el modelo actual desplaza recursos hacia operadores privados, debilitando la oferta pública y fomentando la segregación escolar.

Los cambios con la llegada de Vox serían mayoritariamente de carácter formal y retórico, aunque con un tinte más ideológico y peligroso:

1. Legitimación de la privatización: Vox apoya fervientemente la colaboración público-privada como solución "neutral", lo que favorecería el trasvase de fondos a la red concertada.
2. Ofensiva cultural: La extrema derecha reclamaría el control de contenidos, combatiendo lo que llaman "ideología" y atacando programas de igualdad, diversidad y memoria democrática.
3. Acceso condicionado: buscarían introducir criterios de "prioridad nacional" que podrían restringir el acceso a becas o servicios educativos para colectivos migrantes.

El pacto PP-Vox no es una alternativa, solo será el acelerador de un modelo que ve el estudio como un privilegio y no como un derecho.

Está claro que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras cierran nuestras escuelas. El deterioro de la educación pública es una decisión política que solo puede revertirse mediante la participación y el voto para la izquierda.

Es urgente un cambio de rumbo que blinde la escuela pública como eje del sistema. Necesitamos:

• Reducir las ratios de forma real para mejorar la calidad asistencial.
• Aumentar la financiación por alumno hasta alcanzar los estándares de las comunidades más avanzadas.
• Frenar la expansión descontrolada de las privadas, garantizando que el dinero público se destine exclusivamente a lo que es de todos.

La educación es el futuro de Andalucía. En las próximas elecciones, vota para recuperar las aulas. Tu voto es la mejor herramienta contra la privatización. No te quedes en casa: Sal y Vota

 

 PP y Vox, dos caras de la misma moneda (2): Sanidad en laUCI

Ante una posible pérdida de la mayoría absoluta del PP, muchos se preguntan si un pacto con Vox cambiaría este rumbo. La realidad, sin embargo, apunta a un continuismo reforzado. Vox no defiende el sistema público como eje central; su programa sanitario coincide con el del PP en la profundización de la colaboración público-privada.

La sanidad pública andaluza, antaño joya de la corona de nuestro bienestar, se encuentra hoy en un estado de emergencia bajo la gestión del Partido Popular. La hoja de ruta de Juanma Moreno Bonilla no ha sido la del refuerzo, sino la de un calculado trasvase de gestión y financiación hacia el sector privado. Lo que para la ciudadanía es un derecho fundamental, para San Telmo parece ser una oportunidad de mercado.

Desde 2019, hemos asistido a una estrategia de infrafinanciación y abandono de los servicios públicos que empuja irremediablemente a la ciudadanía hacia los seguros privados. Los datos no mienten: a finales de 2025, Andalucía presentaba una situación de fuerte tensión con más de un millón de pacientes en listas de espera entre intervenciones quirúrgicas y consultas especialistas.

Lejos de fortalecer el sistema, el Gobierno del PP ha optado por:

• Externalizaciones masivas: Se ha fomentado la derivación de recursos hacia empresas privadas para limpieza, laboratorios y transporte sanitario.
• Apertura de la Primaria al mercado: La Junta llegó a plantear una orden que ponía precio a las consultas de Atención Primaria, abriendo la puerta a entregar nuestros centros de salud a manos privadas.
• Uso del corto plazo como trampa: Se han priorizado parches y derivaciones externas que, aunque alivian momentáneamente la presión, no corrigen las causas estructurales y debilitan la capacidad pública propia.

Esta política de "administración del deterioro" ha provocado que la espera quirúrgica media en Andalucía esté claramente por encima de la media nacional.

Un pacto entre ambas formaciones no supondría un freno a la privatización, sino que la empujaría hacia un marco más restrictivo. Los cambios serían mayoritariamente formales y simbólicos:

1. Misma matriz privatizadora: Se mantendría la lógica de derivar recursos a la privada para "reducir listas", algo que ambos comparten.
2. Discurso de "eficiencia" y "libertad": Vox añadiría una capa de retórica contra el "gasto superfluo", pero sin revertir el desmantelamiento de lo público.
3. Acceso condicionado: El cambio más significativo sería ideológico, introduciendo criterios que podrían condicionar el acceso universal a la salud según el origen o arraigo de las personas.

En esencia, el ideal de mercado del PP se vería reforzado por la visión excluyente de la extrema derecha.

Pero el deterioro del sector público no es inevitable; es una decisión política. Las listas de espera no son solo una cifra, son el resultado de un modelo que prefiere pagar a empresas privadas antes que contratar personal estable en nuestros hospitales.

Para revertir esta situación, la única vía es la movilización ciudadana y la participación política. Solo un refuerzo de las opciones de izquierda puede garantizar la reconstrucción de la sanidad pública mediante:

• El aumento de plantillas estables y la mejora de las condiciones laborales para frenar la fuga de talento.
• Un blindaje presupuestario que priorice la Atención Primaria y la prevención sobre el parche privado.
• La recuperación de la gestión directa de los servicios que han sido externalizados.

La sanidad pública se defiende en las calles, pero se garantiza en las urnas. Es el momento de votar para que nuestra salud deje de ser un negocio y vuelva a ser un derecho de todos y todas. No te quedes en casa Sal y Vota

 

PP y Vox, dos caras de la misma moneda (1): El hilo invisible de los cuidados

Un pacto entre ambos no cambiaría nada esencial. Lo que cambiaría todo es tu voto.

En Andalucía, los cuidados siguen siendo invisibles en la agenda política de la derecha. Da igual que gobierne el PP solo o acompañado de Vox: el resultado para las familias, y especialmente para las mujeres, es el mismo.

Hablemos claro. Cuando se plantea un posible acuerdo de gobierno entre PP y Vox, mucha gente siente alarma, y con razón. Pero hay algo que conviene no perder de vista: en materia de cuidados, lo que traería ese pacto no sería una ruptura, sino más de lo mismo, quizás con distinto envoltorio.

El PP lleva años gobernando Andalucía con un modelo muy claro: convertir el derecho al cuidado en un negocio. No es una acusación vacía, es lo que muestran los datos.

488 días de espera media para tramitar la dependencia. El triple del máximo legal

30,5% tasa de riesgo de pobreza femenina en Andalucía. Una de las más altas del país

Miles de andaluzas y andaluces mueren cada año con el derecho a la dependencia reconocido, pero sin recibirlo

Mientras la propaganda habla de "apoyo a las familias", la realidad es que las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años son escasas, los copagos en servicios básicos siguen siendo elevados y las plazas concertadas en residencias privadas crecen, mientras la red pública se estanca.

¿Qué cambiaría con Vox?, Muy poco en lo estructural. Y eso es precisamente lo que hay que decir sin ambages. 

PP solo	PP + Vox
Privatización de servicios de cuidados con lenguaje técnico sobre "eficiencia"  Invisibilización de la violencia machista bajo términos como "violencia intrafamiliar"  Dependencia aparcada, familias —y sobre todo mujeres— asumiendo el peso  Acceso limitado por copagos que excluyen a quienes menos tienen	Lo mismo, pero añadiendo el discurso de "libertad de elección" para la familia  Lo mismo, reforzado ideológicamente con más convicción y menos pudor  Lo mismo, con el añadido del discurso del retorno al hogar y la "familia tradicional" Lo mismo, con posibles restricciones adicionales por criterio de "prioridad nacional"

El pacto PP-Vox, en el mejor de los casos, sería un acuerdo formal que lava la cara de unas políticas ya en marcha. No un giro de timón, sino un paso más en la misma dirección.

Porque la alternativa existe y está definida. Un Sistema Público Andaluz de Cuidados real —con ayuda a domicilio municipalizada, escuelas infantiles gratuitas, salarios dignos para las cuidadoras y políticas de igualdad blindadas— no vendrá de ningún gobierno de derechas, sea con o sin Vox.

El cambio de modelo que necesita Andalucía pasa por dos cosas sencillas pero imprescindibles: participar y votar a la izquierda. No existe otra palanca política capaz de mover este sistema.

1 de cada 3 mujeres andaluzas vive en riesgo de pobreza. La mayoría de ellas cuida a alguien. El modelo actual no es un accidente: es una elección política. Y puede cambiarse con otra elección política.

Lo que sostiene la vida en este país —cuidar a personas mayores, criar a las crías, acompañar a quien está enfermo— recae de forma desproporcionada sobre las mujeres. Y lo hace porque el Estado mira para otro lado, porque la red pública tiene agujeros enormes y porque el modelo dominante decide que eso lo resuelve el mercado o la familia.

Ese modelo lo ha construido el PP durante años. Vox no lo alteraría, lo profundizaría. No hay matices que valgan en esto.

Cada persona que se queda en casa el día de las elecciones es una voz que la derecha no tiene que esforzarse en ganar. Cada voto a la izquierda es una señal de que este modelo tiene los días contados.

Sal y vota. Votar a la izquierda es votar por una vida digna para quienes cuidan y para quienes son cuidados.