Urna Abierta

 

Moreno Bonilla no puede pactar con Vox: la cordura tiene un precio que el PP no debería pagar

Hay momentos en que la política se vuelve transparente. No por voluntad de sus actores, sino porque las palabras quedan grabadas, las hemerotecas no mienten y las contradicciones acaban aflorando con la fuerza de lo evidente. Juanma Moreno Bonilla se encuentra hoy en uno de esos momentos.

El presidente de la Junta de Andalucía ha tenido la honestidad intelectual —o quizás la necesidad táctica— de desnudar ante la ciudadanía lo que verdaderamente son las propuestas estrella de Vox. Y el diagnóstico no ha podido ser más demoledor: irreales e ilegales.

Sobre la llamada "prioridad nacional", esa bandera agitada por Santiago Abascal como condición innegociable para cualquier pacto de gobierno, Moreno ha sido inapelable. La ha calificado sin ambages de

"un eslogan un poquito hueco, pero un eslogan que ellos creen que les funciona".

Y ha añadido algo aún más relevante desde el punto de vista jurídico: que dicha prioridad nacional entra en conflicto directo con la ley orgánica del estatuto de autonomía y con la propia Constitución Española. En sus propias palabras:

"el eslogan de campaña [...] la prioridad nacional, está muy bien, pero hay una cosa que está por encima [...] que se llama ley orgánica de estatuto de autonomía y Constitución Española".

Y para que no quedara margen a la interpretación, remató: el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Pocas veces un líder político ha argumentado con tanta contundencia la incompatibilidad de sus propios socios potenciales.

Si en la "prioridad nacional" la distancia es profunda, en materia migratoria se convierte en un verdadero abismo. Vox construye su relato criminalizando sistemáticamente a las personas migrantes, vinculando la inmigración irregular con la delincuencia y apelando a un rechazo que va más allá de cualquier fundamento legal o empírico.

Moreno, en cambio, ha optado por la realidad frente al espectáculo. Ha defendido que los migrantes son necesarios en Andalucía, reconociendo que sectores enteros de la economía andaluza —el campo, la hostelería, la construcción— colapsarían sin esa aportación. Ha pedido a Abascal que piense bien en lo que los migrantes aportan a España. Ha tachado los discursos de Vox en este ámbito de propagandísticos. Y en el caso específico de los menores no acompañados, ha proclamado que les profesa el máximo de consideración y que su protección es irrenunciable.

No hay forma de cuadrar ese círculo. No existe geometría política que permita gobernar conjuntamente a quien considera necesaria la inmigración ordenada e integrada y a quien la convierte en un vector de alarma social permanente. Intentarlo no sería una cesión táctica: sería una contradicción existencial con consecuencias reales para personas reales.

Y aquí es donde la reflexión se vuelve más incómoda para la izquierda andaluza, pero también más necesaria. Porque si Moreno Bonilla ha construido con sus propias palabras el alegato más sólido contra una alianza estable con Vox, cabe preguntarse qué papel debe jugar el PSOE de Andalucía ante una eventual investidura.

La respuesta no es sencilla, pero sí posible: una abstención total o, al menos, parcial. No como renuncia a sus principios ni como apoyo ideológico al PP, sino como acto de responsabilidad institucional ante una alternativa que sería mucho peor: un gobierno de coalición formal entre el Partido Popular y Vox.

La exigencia del PSOE sería única y verificable: que el PP se comprometa, de forma explícita y pública, a no suscribir ningún pacto global de gobierno con Vox. Que los acuerdos con la formación ultraderechista, si alguna vez fueran necesarios para sacar adelante medidas concretas, sean exactamente eso: puntuales, limitados, sometidos al escrutinio parlamentario caso a caso, y nunca convertidos en una hoja de ruta compartida de gobierno.

No se trata de darle a Moreno Bonilla una carta blanca. Se trata de impedirle la peor de las opciones: la de quedar atrapado en una alianza que le haría traicionar sus propias palabras y que arrastraría a Andalucía hacia políticas que él mismo ha calificado de ilegales.

Se escuchará, inevitablemente, la objeción habitual: ¿por qué el PSOE habría de facilitar la gobernabilidad al PP sin obtener nada a cambio? La respuesta es que sí obtiene algo, y algo de enorme valor: la garantía de que Vox no entrará en el gobierno de Andalucía con un programa compartido, con consejerias repartidas, con políticas de exclusión y recorte de derechos institucionalizadas.

No es un regalo al adversario. Es un cortafuegos contra el escenario más dañino. Y es, también, una forma de colocar al PP ante el espejo de sus propias contradicciones: si Moreno Bonilla ha dicho que las propuestas de Vox son inconstitucionales y propagandísticas, tendrá que demostrarlo con hechos, no solo con palabras.

La abstención condicionada —con esa única exigencia— daría al PSOE andaluz una posición de mayor firmeza moral y política que la del bloqueo sistemático. Bloquear por bloquear puede acabar siendo la coartada que justifique precisamente lo que se quiere evitar. Abstenerse con una condición clara y pública, en cambio, pone toda la responsabilidad en manos del PP.

Si Moreno acepta esa condición, Andalucía tendrá un gobierno estable sin el lastre de la extrema derecha como socio estructural. Si la rechaza, el PSOE habrá demostrado ante la ciudadanía quién estaba dispuesto a gobernar con madurez y quién prefería el abrazo de Abascal.