Cómo
Juanma Moreno Bonilla construye una imagen de centroderecha razonable mientras
desmantela los servicios públicos de Andalucía.
Hay
una frase que Juanma Moreno Bonilla ha convertido casi en marca personal: "Yo
soy un presidente tranquilo." La calma estudiada, el tono
conciliador, las fotos con ciudadanos corrientes. Todo en él comunica
moderación. Y precisamente ahí reside la trampa política más eficaz que se
practica hoy en Andalucía.
Porque
mientras la imagen cuida la temperatura, las políticas queman. Desde que el PP
llegó al poder en 2019, la Junta de Andalucía ha desplegado un programa de
privatización y externalización de servicios públicos que avanza con discreción
quirúrgica.
El
negocio de la sanidad pública
El
sistema sanitario público andaluz ha visto cómo se multiplican los conciertos
con clínicas privadas para reducir listas de espera, en lugar de reforzar los
centros públicos con personal y medios. El resultado es predecible: el dinero
de todos financia el beneficio de unos pocos, y los hospitales públicos siguen
sin los profesionales que necesitan. Las listas de espera no desaparecen; se
subcontratan.
Además,
la Junta ha impulsado la figura de los denominados "hospitales de gestión
privada con financiación pública", un modelo que en otras comunidades —y
en el propio pasado andaluz— ya demostró generar sobrecoste, menor calidad
asistencial y opacidad en la rendición de cuentas.
La
educación como mercado
En
educación, el patrón se repite. El gobierno andaluz ha incrementado la
financiación a la enseñanza concertada —mayoritariamente religiosa— mientras
congela plazas docentes en la pública y mantiene ratios alumnos-profesor por
encima de lo recomendable. La libertad de elección de centro, presentada como
un valor progresista, funciona en la práctica como un mecanismo de segregación
socioeconómica: quienes tienen recursos y movilidad eligen; los demás quedan.
Vivienda:
el gran abandono
En
materia de vivienda, la Junta ha reducido drásticamente el parque público de
alquiler social y ha recortado las ayudas a la rehabilitación de barrios
vulnerables. Al mismo tiempo, facilita el suelo a promotores privados y
flexibiliza la normativa urbanística. En una región donde el problema del
acceso a la vivienda afecta especialmente a jóvenes y clases populares, esto no
es neutralidad: es elección de bando.
Todo
esto ocurre envuelto en un relato de gestión eficiente y modernización. Moreno
Bonilla no habla como Ayuso ni gesticula como Abascal. No necesita la polémica:
tiene algo más valioso para el proyecto conservador, que es la invisibilidad
ideológica. Sus recortes no se llaman recortes; se llaman "racionalización
del gasto". Sus privatizaciones no son privatizaciones; son
"colaboración público-privada".
Esta
gramática tecnocrática tiene un efecto político devastador: desactiva la
crítica antes de que se articule. Cuando el adversario no parece radical,
resulta difícil explicar por qué sus políticas sí lo son.
"Un
presidente tranquilo puede desmantelar lo que un presidente ruidoso jamás se
atrevería a tocar. La moderación en las formas no es sinónimo de moderación en
el fondo."
El
reto para quienes defienden lo público no es solo señalar cada medida concreta
—aunque eso es imprescindible— sino romper el hechizo de la imagen. Nombrar lo
que ocurre con precisión: esto no es modernización, es transferencia de
recursos colectivos a manos privadas. Y eso, se diga con voz tranquila o no, es
una decisión política con consecuencias muy concretas para millones de
andaluzas y andaluces.
