El precio de gobernar con Vox
El
PP andaluz lleva años presentándose ante la ciudadanía como un partido de
centro, gestor responsable capaz de mantener los servicios públicos básicos sin
grandes sobresaltos. Con mayoría absoluta, esa imagen ha sido más o menos
sostenible. Pero la aritmética electoral puede cambiar, y con ella, el mapa
ideológico de la Junta. La pregunta que muchos se hacen —y que conviene
responder con datos— es: ¿qué pasaría si el PP necesitara a Vox para gobernar?
La
respuesta, si miramos lo que ya ha ocurrido en Baleares, Extremadura y otras
comunidades, es clara: un desplazamiento profundo hacia la derecha en las
políticas que más directamente afectan a la vida de las personas.
Hoy,
el PP andaluz combina rebajas fiscales selectivas con un discurso de
"protección a las familias". Mantiene formalmente la Ley Andaluza de
Igualdad y la normativa contra la violencia de género. Habla de
"blindar" sanidad, educación y dependencia. La realidad es algo más
matizada, pero al menos existe un marco de referencia que respeta derechos
consolidados.
Con
Vox como socio, ese marco desaparece.
Vox
no disimula sus prioridades. En Andalucía y otros territorios ya ha intentado
imponer la derogación de la ley autonómica de violencia de género —sustituida
por la eufemística "violencia intrafamiliar"—, la eliminación de
subvenciones a organizaciones feministas, LGTBI y de memoria histórica, y el
endurecimiento de las políticas migratorias: prioridad nacional para acceder a
ayudas sociales, vivienda y empleo, y devolución de menores migrantes no
acompañados.
En
educación, su hoja de ruta pasa por el llamado "pin parental" —el
veto familiar a actividades sobre igualdad o diversidad—, la expulsión del
currículo de contenidos sobre memoria democrática, feminismo o cambio
climático, y un mayor peso de la autoridad paterna y la enseñanza religiosa.
Lo
más revelador no es solo lo que Vox exige, sino lo que el PP estaría dispuesto
a conceder. En las comunidades donde ya han gobernado juntos, el patrón se
repite: ayudas sociales condicionadas a años de empadronamiento, restricciones
a la acogida de menores migrantes, recortes encubiertos a programas de igualdad
y menor inversión en políticas de erradicación de chabolismo entre población
migrante o gitana.
En
materia de igualdad, el escenario es especialmente preocupante: las leyes se
renombran, se vacían de contenido o se sustituyen por marcos normativos que
diluyen la especificidad de la violencia machista. Los centros de la mujer y
las entidades feministas pierden financiación. La coeducación retrocede.
Todo
ello envuelto en un lenguaje que habla de "orden", "libertad de
elección" y "familia", términos que suenan razonables pero que
actúan como cobertura retórica de políticas regresivas.
No
se trata de proyecciones apocalípticas ni de especulación. Los acuerdos PP-Vox
ya firmados en otros territorios muestran exactamente este recorrido. Y el PP
andaluz, que hoy puede permitirse el lujo de presentarse desde la moderación
porque gobierna en solitario, no tendría margen para resistir esas presiones si
dependiera de los votos de Vox para mantenerse en el poder.
La
pregunta que debería hacerse la ciudadanía no es si el PP querría ir tan lejos.
La pregunta es si, dado el precio del pacto, estaría dispuesto a no hacerlo.
