Vivienda: del aval al banco
al piso público
La
crisis de la vivienda en Andalucía no es una tormenta pasajera. Es el resultado
de años de tratar el hogar como activo financiero y no como derecho. Los datos
son elocuentes: el precio medio del alquiler ronda los 10 €/m²/mes en toda la
comunidad, con Málaga superando los 15 €/m². Las familias dedican entre el 30 y
el 60% de sus ingresos a pagar el techo. Y mientras tanto, el parque de
vivienda pública andaluza apenas alcanza el 1,5% del total, frente al 15-20% de
los países europeos con políticas sociales robustas.
El
Gobierno del PP de Juanma Moreno ha elegido una respuesta: confiar en el
mercado. Su apuesta pasa por liberar suelo, agilizar licencias, ofrecer avales
a jóvenes para la compra y fomentar la colaboración público-privada a través
del Plan Vive. Casi 1.000 millones de euros movilizados entre 2025 y 2029,
dicen. Los resultados, sin embargo, siguen sin llegar a quienes más los
necesitan: jóvenes con trabajos precarios, familias de rentas bajas y personas
mayores con pensiones insuficientes para asumir un alquiler de mercado. Los
incentivos fiscales y los avales del 15% para comprar una primera vivienda no
sirven de nada si no llegas al umbral mínimo de solvencia que exige el banco.
La
propuesta socialista parte de una premisa clara: la vivienda debe convertirse
en el quinto pilar del Estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación,
las pensiones y los servicios sociales. Para materializarlo, proponen destinar 1.000
millones de euros anuales del presupuesto andaluz a políticas de vivienda
—un salto cualitativo respecto a la inversión actual— y construir 100.000
viviendas públicas en los próximos años.
Para
los jóvenes, el PSOE-A plantea que la Junta adelante el 20% de la entrada de la
primera vivienda, sin intereses y recuperable al finalizar la hipoteca,
eliminando así la principal barrera de acceso para quienes tienen ingresos,
pero no ahorros. Y en el mercado del alquiler, apuestan por aplicar la Ley
Estatal de Vivienda —que el PP andaluz ha ignorado sistemáticamente— para congelar
los precios en zonas tensionadas y reforzar el papel de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) como promotora pública activa,
frente a la parálisis actual.
Adelante
Andalucía y las fuerzas a su izquierda van un paso más allá. Su diagnóstico es
que el 30% de las viviendas en alquiler de Andalucía están en manos de grandes
propietarios —bancos, fondos de inversión y grandes inmobiliarias— y que
existen unas 640.000 viviendas vacías en la comunidad, muchas de ellas
en manos de esos mismos actores. La solución que proponen: desprivatizar
esas viviendas mediante compra forzosa o expropiación para destinarlas al
alquiler asequible.
En
cuanto a los precios, su propuesta es establecer topes de alquiler por
barrios y distritos, ligados a los ingresos de las familias, de forma que
ningún hogar tenga que destinar más del 20-30% de sus ingresos al pago de la
vivienda. Y para los grandes tenedores con pisos vacíos: penalización fiscal
directa.
En
lo relativo a la turistificación de la vivienda, tanto el PSOE-A como Adelante
coinciden: la expansión casi ilimitada de pisos turísticos en Sevilla, Málaga,
Granada o la costa está expulsando a los vecinos de sus barrios. Frente a la
regulación técnica y blanda del PP —básicamente un registro y unos requisitos
mínimos—, la izquierda andaluza propone limitar el número de pisos
turísticos por barrio o municipio, declarar zonas saturadas donde se
suspendan nuevas licencias, prohibir el cambio de uso residencial a turístico
en determinadas áreas y dotar a los ayuntamientos de verdaderas herramientas
para retirar licencias y sancionar a quienes operan en la ilegalidad.
La
diferencia entre los dos modelos no es técnica, es política. El PP confía en
que el mercado, bien lubricado con incentivos, resolverá el problema. La
izquierda parte de que el mercado es, en buena parte, el problema: cuando la
vivienda es más rentable como inversión turística o especulativa que como
hogar, el mercado no garantiza el derecho a una vivienda digna. Solo una
intervención pública decidida —más parque público, control de precios,
movilización de vivienda vacía y freno a la turistificación— puede cambiar la
ecuación para los que hoy quedan fuera.
La
crisis andaluza de vivienda tiene soluciones. Lo que falta es voluntad política
para aplicarlas.
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