Andalucía S.A.: convertir lo público en negocio privado
Hay una diferencia entre un político que roba y un partido que construye un sistema. Lo primero es un delito individual. Lo segundo es una estrategia. Lo que la acumulación de casos, contratos e irregularidades en la Andalucía del PP sugiere cada vez con más claridad es que estamos ante lo segundo.
Juan Manuel Moreno Bonilla llegó a San Telmo en 2018 con el relato de la regeneración. Seis años después, la sanidad pública andaluza está judicializada, la cúpula del PP en Almería ha sido detenida por cohecho y malversación, y una serie de contratos y subvenciones de la Junta apuntan a un patrón sistemático: el dinero público fluye hacia donde conviene al partido, y los mecanismos que deberían impedirlo han sido silenciados, reformados o directamente desmantelados.
El ejemplo más revelador del modelo no es un caso concreto de corrupción, sino la arquitectura que la hace posible. Entre 2020 y 2024, el Gobierno de Moreno usó de forma masiva y prolongada la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud: un mecanismo legal diseñado para situaciones excepcionales que permite adjudicar contratos "a dedo", sin concurrencia, sin publicidad y con controles mínimos.
El problema es que el marco legal extraordinario de la pandemia expiró en 2021. El SAS siguió usando esos contratos de emergencia durante tres años más, canalizando 242 millones de euros hacia clínicas y empresas privadas al margen de cualquier licitación. La oposición eleva la cifra total desviada desde la sanidad pública al sector privado a 1.500 millones mediante esta fórmula y el troceo sistemático de adjudicaciones para esquivar los controles.
No es solo que se hiciera: es que, cuando los propios interventores del SAS empezaron a levantar la mano —diecinueve informes de alerta en total—, fueron apartados de sus puestos. Y cuando la Cámara de Cuentas podría haber fiscalizado esos contratos menores, su reglamento fue reformado para limitar exactamente esa función. La arquitectura del silencio se construyó desde dentro del Gobierno.
Hoy el SAS afronta dos causas judiciales abiertas: una en Cádiz por presunta malversación en 235 millones en contratos fraccionados, y otra en Sevilla por el abuso sostenido de la contratación de emergencia. Cuando un juez archivó parcialmente una de ellas, Moreno lo celebró como un triunfo. PSOE y Podemos han recurrido. El fondo del asunto no ha desaparecido: la sanidad andaluza lleva años siendo el vehículo de una transferencia masiva de recursos públicos hacia el sector privado, realizada en la oscuridad deliberada de la contratación excepcional.
Más allá de la sanidad, el Gobierno de Moreno ha gestionado contratos y subvenciones con una lógica de partido que la oposición ha llevado ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción en al menos cuatro expedientes.
Un director general firma ayudas públicas a sus propios familiares. El gerente de una empresa pública autonómica concede directamente 350.000 euros de patrocinio a una empresa en la que él mismo fue directivo. La Junta destina contratos y 275.000 euros en subvenciones a una fundación vinculada al cantante José Manuel Soto —figura señera del patriotismo identitario afín al PP— sin que los procedimientos aguanten el escrutinio. La Oficina Antifraude detectó un vicio de nulidad en uno de esos contratos. La oposición ha llevado el caso a los juzgados señalando al exconsejero Bendodo y al propio Moreno Bonilla.
No son casos aislados. Son la expresión cotidiana de un partido que ha colonizado la administración andaluza y la gestiona como si los recursos públicos fueran propios: para premiar a los afines, financiar a los simpáticos y blindar a los leales.
El caso más brutal en términos judiciales es el "mascarillas gate" de la Diputación de Almería, gobernada por el PP. Un contrato de urgencia de 2,04 millones adjudicado en plena pandemia a una empresa para suministrar material sanitario. Parte de las mascarillas, defectuosas. Las comisiones ilícitas detectadas por la UCO de la Guardia Civil, cerca de 945.000 euros. Y una "dinámica fraudulenta continuada" en la institución, según el propio juez instructor.
Han sido detenidos el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; su vicepresidente Fernando Giménez; y una docena más de cargos del PP, investigados por cohecho, malversación y blanqueo. García no es un periférico: fue presidente provincial del PP, hombre de máxima confianza de Moreno y miembro de su ejecutiva regional. A partir del 28 de mayo, 32 imputados empezarán a declarar ante el juez. La RTVE ha informado de que la UCO sospecha que el expresidente usaba dinero de mordidas para pagar su hipoteca.
Una columna en Público sostiene que el adelanto de las elecciones andaluzas fue calculado para evitar que la campaña coincidiera con el inicio del juicio. Si la maniobra existió, no ha servido: el proceso sigue su curso.
Lo que une todos estos casos no es la casualidad ni la manzana podrida. Es un método. El PP de Moreno Bonilla ha gobernado Andalucía debilitando los organismos de control, usando la contratación excepcional como palanca privatizadora, distribuyendo el dinero público entre su ecosistema de empresas, fundaciones y afines, y respondiendo a cada denuncia con la presunción de inocencia como escudo y el archivo parcial de alguna causa como trofeo.
El partido que llegó a Andalucía denunciando los ERE ha construido su propio sistema. Menos visible, más fragmentado, pero igualmente orientado a convertir lo público en palanca de poder privado. Eso, en democracia, tiene un nombre. Y cada vez más jueces, interventores y periodistas están escribiéndolo.
Fuentes: Público, elDiario.es, ElPlural, El País, Cadena SER, RTVE, El Confidencial, Canal Sur, El Salto y otros medios, a partir de autos judiciales, informes de la UCO y documentación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
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