Urna Abierta

 

Políticas para el futuro (3)

Pobreza y exclusión en Andalucía

Andalucía lidera, un año más, las estadísticas de pobreza y exclusión social en España. En 2025, la tasa AROPE –personas en riesgo de pobreza o exclusión– se sitúa en torno al 34,7%, casi 3 millones de personas y cerca de diez puntos por encima de la media estatal. En 2024, la pobreza severa afectaba al 12,8% de la población andaluza, más de un millón de personas que viven con ingresos mensuales muy por debajo de lo imprescindible para una vida digna.

Los informes de EAPN y FOESSA hablan de fractura social: casi un 23% de la población vive en exclusión y en torno a un 10% en exclusión severa, con la vivienda y el empleo como ejes centrales de esa vulnerabilidad. La pobreza infantil supera el 40%, la brecha de género se agranda y casi la mitad de los hogares no puede hacer frente a un imprevisto sin caer en el abismo.

Desde la izquierda, el punto de partida es claro: estos niveles de pobreza no son una fatalidad, son el resultado de decisiones políticas acumuladas. El marco de referencia es la Agenda 2030, que obliga a reducir a la mitad la proporción de población en pobreza respecto a 2015, usando precisamente la tasa AROPE como indicador. Andalucía ha bajado algo desde aquel 43,6%, pero no al ritmo necesario para cumplir el compromiso en 2030.

Las fuerzas progresistas (PSOE, Adelante Andalucia y Por Andalucia) plantean tres compromisos clave:

• Fijar objetivos verificables de reducción de la AROPE y de la pobreza severa en la legislatura, alineados con la Agenda 2030.
• Consolidar y ampliar un sistema de garantías de ingresos (Ingreso Mínimo Vital y renta autonómica) que cubra efectivamente a quienes hoy quedan fuera.
• Vincular estas prestaciones a itinerarios reales de inserción, empleo local digno, vivienda asequible y educación compensatoria, no solo a controles burocráticos.

En vivienda, el PSOE andaluz ha defendido en el Parlamento derogar la ley impulsada por el actual Gobierno del PP y sustituirla por un plan que multiplique la inversión pública hasta al menos el 1% del PIB y construya unas 100.000 viviendas de alquiler asequible en una década, con prioridad para jóvenes, familias vulnerables y hogares monoparentales. Se trata de pasar de ayudas dispersas a un parque público estable que reduzca el sobreesfuerzo residencial que hoy hunde en la pobreza severa a cientos de miles de hogares.

En empleo, los programas de izquierdas hablan de planes de choque para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, con el empleo digno como herramienta central de inclusión social y ligados a la transición ecológica y los cuidados.

En educación, se apuesta por refuerzo en la red pública, becas, comedores y actividades gratuitas para menores en riesgo, es decir, por una verdadera educación compensatoria que rompa la transmisión intergeneracional de la pobreza.

La derecha acepta, por su parte, el diagnóstico de pobreza alta, pero coloca el énfasis en el crecimiento económico, la bajada de impuestos y la condicionalidad de las ayudas. El empleo se presenta como “la mejor política social”, mientras se cuestiona el diseño del Ingreso Mínimo Vital por sus presuntos efectos desincentivadores sobre la búsqueda de trabajo.

Vox se ha opuesto abiertamente al IMV, al que acusa de “cronificar” la pobreza y de generar un supuesto “efecto llamada”, mientras parte del PP aboga por una profunda revisión que lo convierta más en un subsidio muy condicionado que en un derecho subjetivo. El debate en torno a los estudios de la AIREF, que señalan efectos desincentivadores en ciertos grupos pero también mejoras de cobertura y calidad del empleo en otros, se usa más para justificar recortes que para rediseñar la política con criterios de justicia.

En vivienda, PP y Vox han bloqueado en el Parlamento andaluz iniciativas para reforzar el parque público de alquiler y garantizar la calificación permanente de la vivienda protegida como patrimonio social. Frente a los planes de gran inversión en vivienda pública, los populares proponen un enfoque centrado en movilizar suelo, rebajar impuestos a la compra y ofrecer incentivos fiscales, confiando en que el mercado, con algunos retoques, terminará garantizando el acceso.

En el fondo, el contraste es nítido. La izquierda habla de derechos garantizados, metas medibles de reducción de la AROPE y la pobreza severa, y un paquete coherente de prestaciones, vivienda, empleo local y educación compensatoria. La derecha, en cambio, se mueve en el terreno de las ayudas condicionadas, la confianza en el mercado y la idea de que el problema se resolverá con “más empleo” sin cuestionar la calidad de ese empleo ni el precio de la vivienda.

En una Andalucía que sigue encabezando todos los indicadores de pobreza y exclusión del país, elegir entre uno u otro modelo no es solo un debate ideológico: es decidir si esos tres millones de personas quedan atrapadas en la precariedad estructural o si convertimos de verdad la lucha contra la pobreza en prioridad política verificable, con plazos, recursos y responsabilidades claras.