Urna Abierta

 

Politicas para el futuro (2):

Sanidad, la privatización silenciosa

Mientras las listas de espera baten récords y los cribados oncológicos fallan, el Gobierno de Moreno Bonilla sigue derivando recursos hacia la sanidad privada concertada.

Andalucía enfrenta las elecciones del 17 de mayo de 2026 con su sistema sanitario en una situación que los propios profesionales califican de crítica. Bajo el mandato del PP, la sanidad pública andaluza ocupa los últimos puestos nacionales en casi todos los indicadores asistenciales, mientras el gasto en conciertos con clínicas privadas no ha dejado de crecer. La fotografía es tan clara como preocupante: más dinero en los presupuestos, pero peor atención para la ciudadanía.

Los números hablan por sí solos. Andalucía registra 169 días de espera media para una intervención quirúrgica no urgente, la peor cifra de todas las comunidades autónomas y muy por encima de los 121 días de media nacional. Uno de cada tres pacientes —el 31,6%— aguarda más de seis meses para ser operado, cuando en 2017 esa proporción era del 8,7%. En consultas con especialistas, la demora media llega a los 135 días, segunda peor del país. Y la atención primaria no sale mejor parada: solo el 13,4% de las solicitudes de cita se atienden en 24-48 horas, frente al 51,9% que se registraba en 2018. Andalucía ocupa el penúltimo lugar nacional.

El mayor escándalo sanitario del mandato fue la crisis de los cribados de cáncer de mama. Entre 2021 y 2024, entre 2.000 y 3.000 mujeres con mamografías de resultado dudoso no recibieron aviso para continuar su seguimiento. El fallo se produjo en el sistema informático gestionado por NTT, empresa privada a la que la Junta había externalizado ese servicio en 2021. La gestión del desastre costó el cargo a la consejera de Salud. Paralelamente, más de un millón y medio de andaluces en edad de riesgo no han participado en el cribado de cáncer de colon. La privatización de servicios esenciales no solo sale cara en euros: sale cara en vidas.

El Gobierno andaluz presume de haber alcanzado el mayor presupuesto sanitario de la historia —16.265 millones para 2026— pero ese dinero no llega donde más falta hace. La FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública) señala que Andalucía ha pasado de ser la 13.ª comunidad en grado de privatización en 2019 a la 4.ª en la actualidad. Los contratos a dedo con clínicas privadas se han prorrogado de forma reiterada, incluso fuera del marco legal establecido. Mientras, en 2024 la región perdió 1.937 enfermeras por un éxodo de profesionales que buscan mejores condiciones en otras comunidades o en el extranjero. La temporalidad laboral y las ratios insuficientes lastran un sistema que necesita inversión real, no externalizaciones.

Frente a esta realidad, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía coinciden en un diagnóstico claro: el PP está ejecutando una privatización encubierta de la sanidad pública. María Jesús Montero ha calificado la situación de "riesgo de colapso" y propone derogar los conciertos con la privada, blindar legalmente el carácter 100% público del sistema y eliminar por ley las listas de espera con plazos máximos garantizados. Adelante Andalucía impulsa junto a las Mareas Blancas una Iniciativa Legislativa Popular para revertir todas las externalizaciones y exige una auditoría independiente sobre la crisis de los cribados. Por Andalucía apuesta por un modelo basado en atención primaria reforzada, enfoque comunitario y transparencia total en la gestión sanitaria.

La sanidad no es un negocio. Es un derecho. Y los datos demuestran que en Andalucía ese derecho lleva años siendo erosionado. El 17 de mayo, los andaluces y las andaluzas tienen la palabra.