Políticas para el futuro (1):
La
escuela pública andaluza se apaga
Hay
datos que no engañan. Andalucía gasta 5.665 euros por alumno al año, una de las
cifras más bajas de todo el Estado. Al mismo tiempo, en los últimos años se han
cerrado más de 2.400 aulas en colegios e institutos públicos. Y mientras eso
ocurría, la Junta destinaba a la red concertada más de 1.000 millones de euros
extras, la cantidad más alta de su historia. Esto no es un accidente. Es una
política.
El
Gobierno del PP en Andalucía repite que ha aumentado el presupuesto educativo
un 45% desde 2018. Es verdad. Pero ese dinero no ha llegado a reforzar la
escuela pública de forma equitativa. Los sindicatos denuncian que en ese mismo
período se recortaron miles de plazas docentes en la red pública, mientras se
contrataban más de 700 profesores extra para colegios concertados con 35
millones de euros adicionales. El argumento oficial es la "libertad de
elección de centro". El resultado real es que quien puede elegir, elige; y
quien no puede, se queda con lo que queda, que cada vez es menos.
Y
no solo en la enseñanza básica. En la Formación Profesional, la FP privada ha
crecido un 66% desde 2018, frente al 29% de la pública. Ya más del 35% del
alumnado de FP en Andalucía estudia en centros privados. Llaman a esto
"privatización silenciosa". Quizás porque se hace sin ruido, sin
debate, poco a poco, aula por aula.
Sería
injusto ignorar que hay avances reales. El abandono escolar temprano ha bajado
del 22% en 2018 al 14,5% en 2025. Es un logro que hay que reconocer. Pero
Andalucía sigue por encima de la media estatal, y esa reducción se apoya en
programas específicos en centros vulnerables que pueden desaparecer si cambia
el color político o se acaban los fondos. Lo que funciona gracias a un plan
puntual no es una garantía: es una promesa que caduca.
Una
región que invierte menos por alumno que casi todas sus vecinas y que sigue
arrastrando tasas de desigualdad educativa por encima de la media no puede
permitirse que sus avances dependan de parches temporales.
La
diferencia entre los dos grandes modelos educativos no es un debate abstracto
de políticos en un parlamento. Es una pregunta muy concreta: ¿qué tipo de
Andalucía queremos construir?
Un
modelo apuesta por reforzar la red pública como columna vertebral del sistema,
reducir las ratios de alumnos por clase, garantizar más recursos en los centros
de entornos más difíciles y hacer de la FP y la investigación motores públicos
de transformación económica. El otro modelo pone el acento en la competencia
entre centros, en la "eficiencia" del mercado educativo y en un
sector concertado que crece a costa del público.
La
elección no es neutral. La educación pública es el único espacio donde una niña
de un barrio humilde de Almería y el hijo de una familia acomodada de Sevilla
tienen las mismas posibilidades de aprender. Cada aula pública que cierra es
una grieta en esa igualdad.
Andalucía
tiene talento, tiene universidades que investigan, tiene docentes
comprometidos. Lo que necesita es una apuesta política decidida y sostenida:
más inversión por alumno, plazas públicas de FP que crezcan al ritmo que crece
la demanda, y una investigación que no dependa de contratos precarios ni de la
buena voluntad de turno.
La
escuela pública no es un servicio del pasado que hay que gestionar mientras
declina. Es la herramienta más poderosa que tiene una sociedad para construir
su futuro. Merece políticas a su altura.
