Urna Abierta

 Políticas de futuro (8): Sin casa ni esperanza

Hay verdades que los datos hacen imposible ignorar. Entre 2015 y 2023, el precio de la vivienda en Andalucía se disparó un 44%, el alquiler subió aún más. Los salarios, mientras tanto, apenas crecieron un 13%. Una brecha de más de treinta puntos porcentuales que no es un accidente ni un fallo puntual del mercado: es el resultado previsible de un modelo en el que la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un activo financiero. Y quienes pagan el precio de esa transformación son, como siempre, las familias trabajadoras.

Adquirir una vivienda —nueva o de segunda mano— se ha vuelto sencillamente inalcanzable para una gran parte de la población asalariada andaluza. Con salarios que crecen a un tercio de la velocidad de los precios inmobiliarios, el esfuerzo hipotecario exigido supera con creces lo que cualquier criterio de solvencia razonable permitiría. No hablamos de caprichos ni de aspiraciones desmedidas: hablamos de familias con empleo estable que no pueden acceder al mercado de compra ni con dos sueldos.

A esto se suma la presión de la inversión exterior, especialmente acusada en la franja costera. En Málaga, casi el 27% de las transacciones inmobiliarias son realizadas por extranjeros no residentes. No vienen a vivir aquí: vienen a invertir. El resultado es que los precios responden a la lógica del capital global, no a la capacidad económica de quien trabaja y reside en Andalucía.

Si comprar está fuera del alcance de muchos, alquilar no es mucho mejor. En Cádiz, una habitación —no un piso, una habitación— se lleva el 40% del salario medio. Y ante la imposibilidad de costear una vivienda completa, miles de andaluces, especialmente jóvenes, se ven obligados a compartir piso o a malvivir en la precariedad habitacional. El 66% de los jóvenes de entre 18 y 34 años en España sigue viviendo con sus padres, no por elección, sino porque el mercado los expulsa.

Las medidas adoptadas para contener esta sangría han sido tímidas y de alcance limitado. La prórroga de contratos y el límite del 2% en la actualización de alquileres —que podría haber supuesto un ahorro de más de 600 euros anuales para muchos inquilinos— se ha enfrentado al bloqueo parlamentario de quienes anteponen la rentabilidad del inversor a la estabilidad de las familias. La contradicción resulta llamativa: hasta un tercio de los votantes del PP y de Vox apoya esas medidas, aunque sus representantes las voten en contra.

Y luego está la vivienda protegida. O mejor dicho: su práctica inexistencia. España cuenta con un parque de alquiler social que apenas alcanza el 2,5% del total. Francia tiene el 16,8%; Austria, el 24%; Países Bajos, el 30%. Somos la excepción vergonzosa en Europa occidental.

Cuando en Andalucía se promueve alguna promoción de vivienda protegida, resulta difícil no preguntarse para quién se construye realmente. Los precios fijados en muchas de estas promociones se acercan peligrosamente a los del mercado libre, haciendo que el apellido "protegida" suene más a eufemismo que a garantía. Se construye con dinero público o con suelo cedido, se bajan muy poco los precios y, en demasiados casos, el resultado acaba siendo un negocio más para el promotor de turno.

Lo que estamos viviendo no es una tormenta pasajera. Es la consecuencia de décadas de un modelo que trató la vivienda como motor económico y no como derecho social. Construir para vender, no para habitar. Especular, no planificar. Y ahora, cuando las consecuencias se hacen insoportables para miles de familias, las propuestas siguen siendo insuficientes: un plan estatal de 7.000 millones para un problema estructural de décadas, el fin de las *golden visas* que llega tarde, y una retórica del "equilibrio entre la vivienda como derecho y como activo" que, en la práctica, siempre termina inclinándose hacia el segundo.

El trabajo ya no basta para tener un techo digno en Andalucía. Eso no es un problema de mercado. Es una fractura social que requiere respuestas políticas valientes y no parches cosméticos.