Politicas de futuro (7):El planeta no espera
Hay una forma de medir la salud de una democracia que va más allá de las urnas: fíjate en cómo trata su territorio, su agua, su aire. En Andalucía, esa medición arroja resultados preocupantes.
En marzo de 2026, el Parlamento andaluz aprobó con carácter de urgencia dos leyes —la LEGAM y la Ley de Montes— que reconfiguran de raíz la política ambiental de la comunidad. Lo hicieron deprisa, sin el debate técnico que merecen, y con una dirección clara: menos control público, más agilidad para promotores, más confianza en la autorregulación privada. Lo llaman "Revolución Verde". Las organizaciones ecologistas lo llaman, con razón, regresión.
No es una disputa ideológica abstracta. Es una discusión sobre si el 60% de las masas de agua andaluzas —ya en estado deficiente o malo— seguirá deteriorándose sin que la ley principal de gestión ambiental de la región diga nada al respecto. Sobre si los bosques maduros sobrevivirán a una "gestión activa" que, en la práctica, puede abrir la puerta a usos incompatibles con su valor ecológico. Sobre si Aznalcóllar verterá 85.520 millones de litros de aguas cargadas de arsénico, cadmio y plomo al Bajo Guadalquivir, amenazando marismas, arrozales y zonas de especial conservación. Es, en definitiva, una discusión sobre el mundo que vamos a dejar.
En tiempos de sequía estructural —y Andalucía lleva años en ella—, desvincular la planificación del suelo de la gestión del agua no es simplificar: es ignorar la realidad. El agua escasea, se sobreexplota y se contamina. Y mientras tanto, los nuevos marcos normativos la tratan como un asunto secundario, separado del corazón de la política ambiental. Necesitamos exactamente lo contrario: una política del agua que elimine los excesos, persiga los abusos y acabe con el despilfarro. Que proteja los acuíferos antes de que se agoten, que preserve los humedales antes de que desaparezcan, que entienda que el agua no pertenece a quien más poder tiene para usarla, sino a todos los que dependemos de ella para vivir.
La transición energética es inevitable y necesaria. Pero no puede hacerse a cualquier precio ni en cualquier lugar. Andalucía tiene un potencial solar y eólico extraordinario; aprovechar ese potencial es una obligación hacia el clima y hacia las generaciones futuras. Lo que no puede ser es que la urgencia climática sirva de coartada para instalar macroparques en ecosistemas frágiles sin evaluación rigurosa, sin participación real de las comunidades afectadas, sin criterios de ordenación territorial serios. Las renovables son parte de la solución, pero solo si se planifican bien.
La economía circular no es una moda: es una necesidad. Seguimos produciendo residuos como si el planeta fuera infinito y gestionándolos como si el problema desapareciera al sacar la basura. La externalización de la inspección ambiental —uno de los cambios más polémicos de la nueva LEGAM— debilita precisamente la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas a quienes generan contaminación. Sin potestad sancionadora real, las reglas se convierten en sugerencias.
El hotel ilegal del Algarrobico lleva años resistiendo las sentencias que ordenan su demolición. Los 20.000 naranjos de la Vega de Mestanza van a desaparecer para construir una depuradora. Son síntomas de un modelo que prioriza sistemáticamente la infraestructura y el beneficio a corto plazo sobre la resiliencia del territorio. Un modelo que, cuando se legaliza mediante leyes aprobadas con urgencia y sin debate, deja de ser una excepción para convertirse en norma.
Defender el medio ambiente no es un capricho de minorías concienciadas. Es la condición de posibilidad de todo lo demás: de la agricultura, del turismo, de la salud pública, de la convivencia. El planeta no espera. Y nosotros, tampoco deberíamos.
Urna Abierta apoya la transparencia en las políticas públicas y el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que afectan a su territorio.
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