Empleo en Andalucía: dos modelos en disputa
Andalucía llega a 2026 con un récord histórico de personas ocupadas, en torno a 3,6 millones, y una tasa de paro que ronda el 14,5‑15%, la más baja en casi dos décadas pero todavía la más alta del Estado. El paro ha caído varios puntos en los últimos cinco años, pero seguimos varios puntos por encima de la media española, cercana al 10%.
Nuestro mercado laboral se apoya sobre todo en los servicios (turismo, hostelería, comercio, servicios públicos) y en la agricultura, mientras que la industria manufacturera tiene un peso claramente inferior a la media estatal. Es un modelo que crea empleo cuando el ciclo acompaña, pero muy expuesto a la estacionalidad, a la climatología y a los vaivenes del turismo.
Desde la izquierda, el debate sobre el empleo en Andalucía arranca de una idea simple: no basta con crear “cualquier” empleo, hace falta transformar el modelo productivo para reducir el paro estructural y la precariedad. Eso significa dejar de competir solo a base de salarios bajos y rebajas fiscales, y apostar por más valor añadido.
Los ejes que se han de proponer han de ser claros:
Reindustrialización verde y digital: industria ligada a renovables, almacenamiento energético, movilidad sostenible, agroindustria avanzada y economía circular, aprovechando fondos europeos y la posición estratégica andaluza.
I+D+i y conocimiento: reforzar universidades, parques tecnológicos y centros de investigación para que la innovación no se fugue y se convierta en tejido productivo propio.
Economía verde y campo con derechos: transición energética, rehabilitación de viviendas, adaptación al cambio climático y modernización del regadío, vinculadas a empleo digno en el medio rural.
Servicios públicos como motor de empleo: consolidar y ampliar plantillas en sanidad, educación, cuidados y dependencia, donde Andalucía tiene mucho peso relativo pero también déficits de calidad y recursos.
Por otro lado el salario mínimo interprofesional (SMI) se ha convertido en una herramienta política central. Desde 2018 el SMI ha pasado de algo más de 730 euros a más de 1.200 euros mensuales en 14 pagas proyectados para 2026, lo que representa subidas acumuladas superiores al 60%, impulsadas por el Gobierno de coalición progresista. La izquierda lo reivindica como un instrumento para combatir la pobreza laboral, especialmente entre mujeres y jóvenes, y para acercar el SMI al 60% del salario medio, tal como marca la Carta Social Europea.
Junto al SMI se ha de defender la reforma laboral que ha reducido la temporalidad, el refuerzo de la negociación colectiva sectorial y nuevas normas para impedir que las empresas “neutralicen” las subidas del mínimo recortando pluses. El objetivo es sencillo: que el crecimiento andaluz se traduzca en salarios dignos y no solo en beneficios empresariales.
La agenda de las izquierdas en empleo ha de hablar también de reducir la temporalidad y la parcialidad involuntaria, muy extendidas en hostelería, comercio y campo, reclamar el reforzar la inspección de trabajo y proteger a las personas migrantes para combatir la explotación en sectores como la agricultura y los cuidados.
Además, se ha de poner el foco en políticas activas de empleo para jóvenes, parados de larga duración y mujeres, ligando la formación a los sectores estratégicos (verde, digital, cuidados, industria) y eso en Andalucía, pasa por exigir más recursos estatales y europeos y una estrategia autonómica que no se limite a vender suelo barato y rebajas fiscales.
La derecha andaluza y estatal, mientras tanto, parte de hacer un diagnóstico distinto: el problema es la rigidez del mercado de trabajo y la presión fiscal, y la receta pasa por más “flexibilidad” y menos impuestos para empresas.
En materia salarial, PP y Vox han cuestionado repetidamente las subidas intensas del SMI, alertando de que podrían destruir empleo, y plantean rebajar cotizaciones y costes de despido. Vox llega a proponer un salario mínimo diferenciado y más bajo para jóvenes y primer empleo, además de una reforma laboral “profunda” que abarate aún más el despido y debilite la negociación colectiva. Es un modelo que confía en que, si se abarata y desregula el trabajo, la inversión llegará sola y el empleo “aparecerá”.
En el fondo, en estas elecciones del 17 de mayo, se enfrentan dos modelos. Uno que apuesta por subir salarios, reforzar derechos y usar la inversión pública (verde, social, de conocimiento) como palanca para un empleo más estable y mejor pagado. Otro que prioriza la rebaja de impuestos, la desregulación y la contención del gasto público, confiando en el “goteo” desde las empresas hacia el conjunto de la sociedad.
En una tierra como la nuestra que sigue liderando la tasa de paro del Estado y que depende tanto del turismo y del clima, la elección no es neutra. De ella depende si consolidamos un modelo de jornales precarios y temporadas altas, o si nos atrevemos a construir empleos verdes, públicos e industriales que permitan vidas más seguras y más libres.
