El precio de gobernar con Vox

El PP andaluz lleva años presentándose ante la ciudadanía como un partido de centro, gestor responsable capaz de mantener los servicios públicos básicos sin grandes sobresaltos. Con mayoría absoluta, esa imagen ha sido más o menos sostenible. Pero la aritmética electoral puede cambiar, y con ella, el mapa ideológico de la Junta. La pregunta que muchos se hacen —y que conviene responder con datos— es: ¿qué pasaría si el PP necesitara a Vox para gobernar?

La respuesta, si miramos lo que ya ha ocurrido en Baleares, Extremadura y otras comunidades, es clara: un desplazamiento profundo hacia la derecha en las políticas que más directamente afectan a la vida de las personas.

Hoy, el PP andaluz combina rebajas fiscales selectivas con un discurso de "protección a las familias". Mantiene formalmente la Ley Andaluza de Igualdad y la normativa contra la violencia de género. Habla de "blindar" sanidad, educación y dependencia. La realidad es algo más matizada, pero al menos existe un marco de referencia que respeta derechos consolidados.

Con Vox como socio, ese marco desaparece.

Vox no disimula sus prioridades. En Andalucía y otros territorios ya ha intentado imponer la derogación de la ley autonómica de violencia de género —sustituida por la eufemística "violencia intrafamiliar"—, la eliminación de subvenciones a organizaciones feministas, LGTBI y de memoria histórica, y el endurecimiento de las políticas migratorias: prioridad nacional para acceder a ayudas sociales, vivienda y empleo, y devolución de menores migrantes no acompañados.

En educación, su hoja de ruta pasa por el llamado "pin parental" —el veto familiar a actividades sobre igualdad o diversidad—, la expulsión del currículo de contenidos sobre memoria democrática, feminismo o cambio climático, y un mayor peso de la autoridad paterna y la enseñanza religiosa.

Lo más revelador no es solo lo que Vox exige, sino lo que el PP estaría dispuesto a conceder. En las comunidades donde ya han gobernado juntos, el patrón se repite: ayudas sociales condicionadas a años de empadronamiento, restricciones a la acogida de menores migrantes, recortes encubiertos a programas de igualdad y menor inversión en políticas de erradicación de chabolismo entre población migrante o gitana.

En materia de igualdad, el escenario es especialmente preocupante: las leyes se renombran, se vacían de contenido o se sustituyen por marcos normativos que diluyen la especificidad de la violencia machista. Los centros de la mujer y las entidades feministas pierden financiación. La coeducación retrocede.

Todo ello envuelto en un lenguaje que habla de "orden", "libertad de elección" y "familia", términos que suenan razonables pero que actúan como cobertura retórica de políticas regresivas.

No se trata de proyecciones apocalípticas ni de especulación. Los acuerdos PP-Vox ya firmados en otros territorios muestran exactamente este recorrido. Y el PP andaluz, que hoy puede permitirse el lujo de presentarse desde la moderación porque gobierna en solitario, no tendría margen para resistir esas presiones si dependiera de los votos de Vox para mantenerse en el poder.

La pregunta que debería hacerse la ciudadanía no es si el PP querría ir tan lejos. La pregunta es si, dado el precio del pacto, estaría dispuesto a no hacerlo.

 

¿La última oportunidad?

El escenario político andaluz se enfrenta a una realidad ineludible: el tiempo del socialismo como fuerza hegemónica absoluta ha quedado atrás. Las encuestas actuales dibujan un panorama sombrío para el PSOE-A, situándolo en una banda del 20-26% de los votos, lo que supondría, en algunos casos, repetir o incluso empeorar su peor resultado histórico. Hoy por hoy, el socialismo es incapaz de alcanzar por sí solo la mayoría necesaria para gobernar, y cualquier intento de recuperar San Telmo pasa por una estrategia de movilización masiva y, sobre todo, por una articulación inteligente con el espacio a su izquierda.

El sistema electoral penaliza de forma directa la fragmentación de la izquierda, convirtiéndose en un factor determinante para que la derecha mantenga su hegemonía. Según las fuentes, los efectos principales serían los siguientes:

• Pérdida de votos bajo los umbrales provinciales: La división provoca que muchos votos progresistas se desperdicien al no alcanzar el mínimo necesario en cada provincia para obtener representación. Una candidatura unitaria, por el contrario, permitiría una mejor traducción en escaños de cada punto de voto obtenido.
• Ventaja estructural para la derecha: El Partido Popular cuenta con que la izquierda llegue dividida para que el sistema electoral "haga el resto del trabajo". La unidad de la izquierda restaría al PP parte de esa ventaja estructural que hoy le facilita rozar o revalidar mayorías absolutas.
• Conversión en "actores marginales": En lugar de ser socios imprescindibles para un gobierno, la fragmentación obliga a las fuerzas a la izquierda del PSOE a convertirse en actores marginales que pelean por sobrevivir en cada provincia. Esto ya se observó en 2022, cuando la división provocó que el espacio a la izquierda del socialismo obtuviera menos de la mitad de los escaños que habían logrado cuando concurrieron juntos en 2018.
• Desmovilización del electorado: Más allá de la aritmética, la división transmite una sensación de "caos" que desincentiva a los sectores abstencionistas. La falta de un proyecto reconocible y unido dificulta la movilización masiva de cientos de miles de votantes necesaria para revertir la actual ventaja de la derecha.

La movilización y la unidad como imperativos

Para que la izquierda tenga opciones reales, no basta con la resistencia de las siglas tradicionales. Es imperativo movilizar a cientos de miles de abstencionistas y ofrecer un relato de "bloque social" cohesionado frente al bloque conservador. La fragmentación vivida en 2022, donde la derecha se agrupó en torno al PP mientras la izquierda se atomizaba, fue letal.

Es fundamental que la izquierda a la izquierda del PSOE logre una candidatura unitaria que no desperdicie ni un solo voto por debajo de los umbrales provinciales. Solo así dejarán de ser actores marginales para convertirse en el socio imprescindible de una alternativa progresista.

Los acuerdos, ya sean pre o postelectorales, deben cimentarse sobre principios programáticos claros. Para el espacio a la izquierda del PSOE, los ejes deben ser:

• Una agenda nítidamente andalucista y feminista que ataque la desigualdad territorial.
• Un modelo productivo basado en el empleo verde y la sostenibilidad.

Por su parte, el socialismo debe aportar estabilidad y una gestión que reconecte con los sectores populares más golpeados por la precariedad. El punto de encuentro entre ambas fuerzas debe ser un plan de reconstrucción social que incluya el refuerzo de los servicios públicos, la lucha contra la pobreza y una profunda democratización institucional.

Lograr esta unidad no está exento de obstáculos. Las fuerzas deben superar:

1. Tensiones de liderazgo: El equilibrio entre un PSOE acostumbrado a la hegemonía y una izquierda que reclama autonomía política.
2. Diferencias programáticas: Visiones distintas sobre el modelo territorial (federalismo) y la relación con el empresariado.
3. Riesgo de desdibujamiento: Evitar que la unión se perciba como un simple "frente anti-PP" sin un proyecto transformador propio.

La derecha, liderada por un PP que proyecta una "centralidad tranquila" y estabilidad, confía precisamente en que la izquierda llegue dividida para que el sistema electoral haga el resto del trabajo. Si la izquierda no es capaz de presentarse como un bloque sólido, Andalucía seguirá siendo el laboratorio de una derecha hegemónica. La unidad ya no es una opción estratégica, sino la única vía para que el gobierno de progreso deje de ser ciencia ficción.