Urna Abierta

 

«Primero los de casa»: el choque con la ley

En abril de 2026, Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados una moción para reservar todas las ayudas sociales, la vivienda pública y las pensiones no contributivas «exclusivamente para los ciudadanos españoles». La idea sonaba familiar: la llevan repitiendo desde hace años bajo el nombre de prioridad nacional, y la han incluido en pactos de gobierno con el PP en Extremadura y Aragón. Pero cuando se puso a votación, el PP la rechazó. ¿Por qué un socio de gobierno vota en contra de su propio aliado? La respuesta es sencilla: porque la medida es ilegal. Y eso lo saben todos, ellos tambien.

El argumento de la prioridad nacional se presenta siempre igual: «Primero los de casa, es lógico». Y a primera vista suena razonable. El problema es que el sentido común cambia según quién lo define y con qué información cuenta. Pensemos en un caso concreto: una persona de origen extranjero que lleva diez años en España trabaja, paga impuestos, cotiza a la Seguridad Social y tiene hijos escolarizados aquí. ¿Tiene menos derecho a una ayuda de emergencia que alguien con pasaporte español que nunca ha cotizado un solo día? La respuesta que da el ordenamiento jurídico —y la lógica de cualquier sistema de bienestar— es clara: las ayudas existen para atender la necesidad, no el origen.

La Constitución de 1978 establece en su artículo 14 que nadie puede ser discriminado por razón de nacimiento, origen o cualquier otra condición personal o social. El Tribunal Constitucional ha extendido en numerosas sentencias este principio a los extranjeros residentes legales. A eso hay que añadir el derecho europeo: el Tratado de Funcionamiento de la UE y directivas como la 2000/43/CE prohíben explícitamente la discriminación por nacionalidad en el acceso a prestaciones sociales para cualquier ciudadano comunitario. Y para quienes vienen de fuera de la UE, España ha firmado tratados internacionales —como la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios— que obligan a garantizar condiciones dignas sin discriminar por origen.

Algunos juristas advierten que incluso los criterios aparentemente neutros, como exigir diez años de empadronamiento para acceder a una ayuda, pueden constituir discriminación indirecta: en la práctica, excluyen de facto a los extranjeros, aunque el texto de la ley no los mencione. Y hay otro efecto colateral que se olvida: esos mismos requisitos podrían perjudicar a ciudadanos españoles que se mudaron a trabajar a otra comunidad autónoma y no cumplen el tiempo de residencia exigido.

Hay algo que conviene decir alto y claro: si las listas de espera para una vivienda pública son interminables, si las ayudas sociales no llegan a quien las necesita, si el sistema falla, el problema no son los inmigrantes. El problema es que hay insuficiente vivienda pública, que los recursos son escasos y que la gestión es muchas veces deficiente. Recortar derechos a unos para que los que quedan parezcan más valiosos no soluciona nada. Simplemente desplaza el problema: quienes quedan excluidos de las redes de apoyo no desaparecen; pueden terminar en la marginalidad o en la economía informal, generando costes mayores a largo plazo en seguridad, sanidad y servicios sociales.

El debate sobre la «prioridad nacional» no busca solucionar la escasez de recursos. Busca dirigir la frustración legítima de mucha gente hacia una dirección que no amenaza a quienes tienen el poder de cambiar las cosas.

Cuando alguien te diga que una medida «es de sentido común», hazte siempre dos preguntas: ¿de quién es ese sentido común, y a quién le conviene? Un sistema de ayudas justo no mira el pasaporte; mira la necesidad y la contribución. Quien trabaja, cotiza y sostiene con sus impuestos el Estado del bienestar tiene derecho a que ese Estado lo ampare cuando lo necesita. Eso también es sentido común. Y además es la ley.