«Primero los de casa»: el choque con la ley

En abril de 2026, Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados una moción para reservar todas las ayudas sociales, la vivienda pública y las pensiones no contributivas «exclusivamente para los ciudadanos españoles». La idea sonaba familiar: la llevan repitiendo desde hace años bajo el nombre de prioridad nacional, y la han incluido en pactos de gobierno con el PP en Extremadura y Aragón. Pero cuando se puso a votación, el PP la rechazó. ¿Por qué un socio de gobierno vota en contra de su propio aliado? La respuesta es sencilla: porque la medida es ilegal. Y eso lo saben todos, ellos tambien.

El argumento de la prioridad nacional se presenta siempre igual: «Primero los de casa, es lógico». Y a primera vista suena razonable. El problema es que el sentido común cambia según quién lo define y con qué información cuenta. Pensemos en un caso concreto: una persona de origen extranjero que lleva diez años en España trabaja, paga impuestos, cotiza a la Seguridad Social y tiene hijos escolarizados aquí. ¿Tiene menos derecho a una ayuda de emergencia que alguien con pasaporte español que nunca ha cotizado un solo día? La respuesta que da el ordenamiento jurídico —y la lógica de cualquier sistema de bienestar— es clara: las ayudas existen para atender la necesidad, no el origen.

La Constitución de 1978 establece en su artículo 14 que nadie puede ser discriminado por razón de nacimiento, origen o cualquier otra condición personal o social. El Tribunal Constitucional ha extendido en numerosas sentencias este principio a los extranjeros residentes legales. A eso hay que añadir el derecho europeo: el Tratado de Funcionamiento de la UE y directivas como la 2000/43/CE prohíben explícitamente la discriminación por nacionalidad en el acceso a prestaciones sociales para cualquier ciudadano comunitario. Y para quienes vienen de fuera de la UE, España ha firmado tratados internacionales —como la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios— que obligan a garantizar condiciones dignas sin discriminar por origen.

Algunos juristas advierten que incluso los criterios aparentemente neutros, como exigir diez años de empadronamiento para acceder a una ayuda, pueden constituir discriminación indirecta: en la práctica, excluyen de facto a los extranjeros, aunque el texto de la ley no los mencione. Y hay otro efecto colateral que se olvida: esos mismos requisitos podrían perjudicar a ciudadanos españoles que se mudaron a trabajar a otra comunidad autónoma y no cumplen el tiempo de residencia exigido.

Hay algo que conviene decir alto y claro: si las listas de espera para una vivienda pública son interminables, si las ayudas sociales no llegan a quien las necesita, si el sistema falla, el problema no son los inmigrantes. El problema es que hay insuficiente vivienda pública, que los recursos son escasos y que la gestión es muchas veces deficiente. Recortar derechos a unos para que los que quedan parezcan más valiosos no soluciona nada. Simplemente desplaza el problema: quienes quedan excluidos de las redes de apoyo no desaparecen; pueden terminar en la marginalidad o en la economía informal, generando costes mayores a largo plazo en seguridad, sanidad y servicios sociales.

El debate sobre la «prioridad nacional» no busca solucionar la escasez de recursos. Busca dirigir la frustración legítima de mucha gente hacia una dirección que no amenaza a quienes tienen el poder de cambiar las cosas.

Cuando alguien te diga que una medida «es de sentido común», hazte siempre dos preguntas: ¿de quién es ese sentido común, y a quién le conviene? Un sistema de ayudas justo no mira el pasaporte; mira la necesidad y la contribución. Quien trabaja, cotiza y sostiene con sus impuestos el Estado del bienestar tiene derecho a que ese Estado lo ampare cuando lo necesita. Eso también es sentido común. Y además es la ley.

"Que no nos metamos en un lío": la coartada perfecta de Moreno Bonilla

Detrás del aparente pragmatismo electoral, la misma hoja de ruta de siempre: privatizar, ignorar y gobernar para unos pocos. Y una advertencia urgente: la abstención de la izquierda es el mejor regalo que le podemos hacer.

Juanma Moreno Bonilla lo dijo con esa naturalidad que tanto cultiva, con ese tono de hombre razonable que nunca busca bronca: "Que no nos metamos en un lío." La frase, pronunciada en referencia a la aritmética parlamentaria que le obliga a negociar con Vox, sonó casi a consejo de vecino. Pero detrás de ese aparente sentido común se esconde algo mucho más revelador: la confesión de que lo que de verdad le importa no es el lío con la ultraderecha, sino la comodidad de no depender de nadie para seguir haciendo lo que lleva años haciendo.

"No nos metamos en un lío" es, traducido al castellano político, una sola frase: dejadme gobernar sin que nadie me pida cuentas.

Porque el problema de Moreno Bonilla no es Vox. El problema es que cualquier socio —de derechas o de izquierdas— que tuviera algo que decir podría cuestionar, ralentizar o condicionar una agenda de gobierno que ha funcionado con una lógica muy clara: menos Estado, más mercado; menos derechos colectivos, más ventajas individuales para quienes ya las tienen.

La Junta de Andalucía lleva años en ese camino. Las privatizaciones de servicios públicos no son un accidente ni una imposición de la crisis: son una elección política. La sanidad pública andaluza pierde plazas, cierra servicios y expulsa hacia lo privado a quienes pueden pagárselo y abandona al resto. La educación concertada crece mientras la escuela pública se descapitaliza. El parque de vivienda pública sigue siendo uno de los más raquíticos de Europa. Y los salarios, especialmente en un mercado laboral tan precarizado como el andaluz, siguen siendo la asignatura perpetuamente suspendida.

Las urgencias reales de Andalucía se pueden resumir con cuatro palabras: Vivienda asequible, Salarios dignos, Sanidad pública eficiente, Educación para todos

Ninguna de estas prioridades aparece en el centro de la acción de gobierno del PP andaluz. Lo que sí aparece, con puntualidad notable, son los recortes fiscales que benefician a las rentas más altas, las concesiones a promotores y constructoras, los conciertos con la medicina privada y una retórica del esfuerzo personal que funciona muy bien en los discursos pero que no paga el alquiler de nadie.

Vox, en este esquema, era un aliado incómodo pero manejable mientras duró. Ahora, la aritmética podría obligar a nuevos pactos. Y eso no le gusta a Moreno Bonilla. No porque Vox sea incompatible con sus valores —ya gobernaron juntos sin demasiados dramas— sino porque cualquier dependencia parlamentaria introduce una variable que él no controla. Dicho esto, conviene ser muy claros: si Moreno Bonilla necesita hacer política de derechas, el socio natural para ello existe y tiene nombre. Que no se escude en la búsqueda de una mayoría propia para presentarse como un centrista moderado. Si su programa es el de la derecha dura, que lo negocie con Vox, que para eso están, y que los andaluces sepan exactamente con quién y para qué gobiernan.

Que no nos vendan moderación envuelta en mayoría absoluta. Si quiere hacer política de derechas, que la haga con Vox: al menos así todos sabremos lo que hay.

La mayoría absoluta no es para el presidente andaluz una herramienta al servicio de los andaluces. Es una garantía de que nadie, ni a su derecha ni en ningún otro lado, podrá pedirle que desvíe el rumbo. Que no haya que negociar bajadas de alquiler a cambio de presupuestos. Que no haya que explicar por qué hay listas de espera inasumibles en los hospitales públicos. Que no haya que comprometerse con nada que no esté ya en el guión.

Y aquí es donde entra la advertencia más importante de este artículo, la que no puede quedarse en letra pequeña: el mayor aliado de Moreno Bonilla no es Vox. Es la abstención de la izquierda.

En Andalucía, la abstención estructural de amplios sectores del electorado progresista permite que una minoría del censo real gobierne con mayoría absoluta. Quedarse en casa no es neutralidad: es un voto activo a favor del que ya manda.

Que no nos convenzan con el argumento del voto útil. Esa trampa retórica, que reaparece en cada ciclo electoral como si fuera nueva, lo que hace en realidad es empobrecer la representación política, ahogar a fuerzas que articulan demandas legítimas y concentrar el voto en siglas que luego no siempre se sienten obligadas a defender con firmeza. Votar a quien uno verdaderamente representa no es tirar el voto: es ejercer la democracia.

Quedarse en casa pensando que "todos son iguales" o que "no sirve de nada" es exactamente el resultado que el PP necesita para gobernar solo, sin rendir cuentas a nadie.

La izquierda andaluza tiene una tarea que va más allá de los programas electorales: recuperar la convicción de que participar importa. Salir a votar, convencer al vecino, movilizar a quien lleva años desencantado. No porque las opciones disponibles sean perfectas —no lo son— sino porque la alternativa a la participación es dejar que una cuarta parte del censo decida por todos los demás.

"Que no nos metamos en un lío" es, en definitiva, una declaración de intenciones disfrazada de prudencia. El lío que quiere evitar Moreno Bonilla no es el lío político. Es el lío de que alguien, por fin, le exija gobernar para todos. Y ese lío, el único que merece la pena, solo se organiza desde las urnas.

 

Hay problemas que no son solo económicos, sino profundamente democráticos. Cuando una persona trabaja y aun así no puede vivir con dignidad, cuando el alquiler se lleva más de media nómina y el sueldo no alcanza para construir un proyecto de vida, lo que falla no es únicamente el mercado: falla el contrato social.

Andalucía vive esa fractura con especial intensidad. Los salarios crecen demasiado despacio y la vivienda avanza en sentido contrario. Entre 2015 y 2023, el precio de la vivienda subió mucho más que los ingresos de la mayoría trabajadora. Esa distancia no es una simple estadística: es la diferencia entre emanciparse o seguir en casa de los padres, entre formar una familia o aplazarla indefinidamente, entre proyectar futuro o limitarse a sobrevivir.

La vivienda se ha convertido en el gran filtro de la desigualdad. Quien tiene patrimonio accede con ventaja; quien solo tiene su sueldo se enfrenta a un muro. Y cuando ese muro se hace demasiado alto, la democracia se resiente. Porque la democracia no consiste solo en votar cada cuatro años. También exige que las condiciones materiales de la vida permitan participar en igualdad. Un ciudadano que no puede pagar un alquiler digno, que encadena empleos precarios y que vive con la angustia de llegar a fin de mes, tiene menos libertad real que quien dispone de estabilidad económica.

Por eso los salarios importan tanto como la vivienda. No basta con hablar de empleo si ese empleo no permite vivir. No basta con presumir de crecimiento si el crecimiento se traduce en más beneficios para unos pocos y más precariedad para la mayoría. Un salario digno no es un lujo sindical ni una demanda corporativa: es la base de una sociedad libre. Sin él, la ciudadanía se vuelve formal, pero no efectiva.

La crisis de la vivienda agrava ese problema. El mercado ha dejado de responder a la necesidad social y funciona cada vez más como un mecanismo de extracción de rentas. En las zonas más tensionadas, el precio no refleja el esfuerzo de quien trabaja, sino la capacidad de pago de inversores, fondos y propietarios con poder de mercado. El resultado es conocido: barrios expulsados, jóvenes empobrecidos, centros urbanos convertidos en escaparates y familias obligadas a dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos a un techo cada vez más frágil.

Frente a esto, la respuesta pública no puede seguir siendo tímida. Hace falta más vivienda protegida y más parque público estable. Hace falta limitar la especulación en los mercados más tensionados. Hace falta movilizar vivienda vacía y regular con firmeza los usos turísticos que desbordan los barrios. Y hace falta, sobre todo, asumir que la vivienda no es una mercancía cualquiera. Es la condición material de la vida democrática.

También es hora de hablar con claridad sobre la desigualdad salarial. Cuando los beneficios empresariales crecen mientras el poder adquisitivo de los trabajadores se erosiona, no estamos ante un problema técnico, sino político. La distribución de la riqueza es una decisión. Los salarios no caen del cielo ni se corrigen solos. Dependen de la negociación colectiva, de la fuerza sindical, de la regulación pública y de la voluntad de poner límites a una economía que demasiadas veces premia la renta antes que el trabajo.

Si queremos una democracia más sólida, debemos empezar por aquí: salario suficiente, vivienda asequible y servicios públicos fuertes. Todo lo demás es decorado. Porque una sociedad no es más libre por repetir la palabra libertad mientras condena a una parte creciente de su población a vivir sin horizonte. La democracia se mide en la capacidad de sus ciudadanos para trabajar, habitar y decidir sin miedo. Y hoy, demasiadas personas no pueden hacer ninguna de las tres cosas con plenitud.

 

La mayoría que no existe:  el sofá le dio el poder a Moreno Bonilla

El 19 de junio de 2022, los titulares proclamaron una "ola azul" sobre Andalucía. Juanma Moreno arrasó, decían. El PP conquistó una mayoría absoluta histórica. Nadie discutió el resultado. Pero hay una lectura que casi nadie hizo, y que los datos del escrutinio oficial cuentan sin ambigüedad: Moreno Bonilla no ganó convenciendo a Andalucía. Ganó porque una parte muy grande de ella decidió no aparecer.

El PP obtuvo el 43% de los votos emitidos. Ese es el titular. El dato que no sale en portada es otro: ese 43% representa apenas el 23% del censo total de 6.641.856 andaluces con derecho a voto. Menos de uno de cada cuatro. La mayoría absoluta que gobierna esta comunidad la sostiene, en realidad, una minoría del electorado potencial.

¿Quién ocupa el resto del espacio? Fundamentalmente, quienes se quedaron en casa. La abstención alcanzó el 41,67%, lo que equivale a 2.633.145 personas que no ejercieron su derecho al voto. Para ponerlo en perspectiva: hubo más andaluces que optaron por no votar que votos recibió el Partido Popular en total.

La abstención no es neutral. No se reparte de forma uniforme entre los distintos electorados. Los estudios demoscópicos y la evolución histórica de los datos en Andalucía muestran de forma consistente que la abstención castiga más duramente a los partidos de izquierda que a los de derecha. El votante conservador tiende a acudir a las urnas con mayor fidelidad, incluso cuando su entusiasmo es moderado. El votante progresista, en cambio, se desmoviliza más fácilmente ante la falta de un relato ilusionante, el desencanto con sus referentes o la percepción de que "da igual".

En 2022, la izquierda andaluza se presentó a las elecciones rota en tres pedazos: el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Juntas, esas tres fuerzas sumaron alrededor del 45% de los votos emitidos, pero solo obtuvieron 37 escaños frente a los 58 del PP. La Ley D'Hondt hizo el resto: el voto fragmentado se diluye, los escaños se concentran en quien llega primero y de una pieza.

Los datos provinciales son especialmente reveladores. En Cádiz, la abstención fue del 47% mientras el PP no llegó al 43% de los votos. En términos prácticos: en la provincia más históricamente ligada a la izquierda andaluza, hubo más gente que pasó de votar que gente que votó al partido ganador. En Huelva, la situación fue prácticamente idéntica, con una abstención del 45% frente al 42% del PP. En Sevilla, la mayor provincia, el patrón se repite.

Estas no son provincias donde la derecha haya construido una hegemonía cultural o electoral sólida. Son provincias donde la izquierda, sencillamente, no fue a votar.

La narrativa de la "ola azul" tiene una función política precisa: instalar la idea de que Andalucía ha dado un giro ideológico profundo, que el conservadurismo es la nueva normalidad de esta tierra. Los datos dicen otra cosa. Moreno Bonilla gobierna con poder absoluto teniendo en contra, o en el sofá, a tres de cada cuatro andaluces con derecho a voto.

La pregunta que debemos hacernos la izquierda no es solo cómo ganar elecciones. Es mucho más incómoda: ¿qué estamos haciendo para que millones de personas que ideológicamente comparten nuestros valores prefieran quedarse en casa antes que ir a defenderlos? Mientras esa pregunta no tenga respuesta, los escaños de Moreno Bonilla seguirán dependiendo, en buena medida, del desencanto ajeno.

 Políticas de futuro (8): Sin casa ni esperanza

Hay verdades que los datos hacen imposible ignorar. Entre 2015 y 2023, el precio de la vivienda en Andalucía se disparó un 44%, el alquiler subió aún más. Los salarios, mientras tanto, apenas crecieron un 13%. Una brecha de más de treinta puntos porcentuales que no es un accidente ni un fallo puntual del mercado: es el resultado previsible de un modelo en el que la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un activo financiero. Y quienes pagan el precio de esa transformación son, como siempre, las familias trabajadoras.

Adquirir una vivienda —nueva o de segunda mano— se ha vuelto sencillamente inalcanzable para una gran parte de la población asalariada andaluza. Con salarios que crecen a un tercio de la velocidad de los precios inmobiliarios, el esfuerzo hipotecario exigido supera con creces lo que cualquier criterio de solvencia razonable permitiría. No hablamos de caprichos ni de aspiraciones desmedidas: hablamos de familias con empleo estable que no pueden acceder al mercado de compra ni con dos sueldos.

A esto se suma la presión de la inversión exterior, especialmente acusada en la franja costera. En Málaga, casi el 27% de las transacciones inmobiliarias son realizadas por extranjeros no residentes. No vienen a vivir aquí: vienen a invertir. El resultado es que los precios responden a la lógica del capital global, no a la capacidad económica de quien trabaja y reside en Andalucía.

Si comprar está fuera del alcance de muchos, alquilar no es mucho mejor. En Cádiz, una habitación —no un piso, una habitación— se lleva el 40% del salario medio. Y ante la imposibilidad de costear una vivienda completa, miles de andaluces, especialmente jóvenes, se ven obligados a compartir piso o a malvivir en la precariedad habitacional. El 66% de los jóvenes de entre 18 y 34 años en España sigue viviendo con sus padres, no por elección, sino porque el mercado los expulsa.

Las medidas adoptadas para contener esta sangría han sido tímidas y de alcance limitado. La prórroga de contratos y el límite del 2% en la actualización de alquileres —que podría haber supuesto un ahorro de más de 600 euros anuales para muchos inquilinos— se ha enfrentado al bloqueo parlamentario de quienes anteponen la rentabilidad del inversor a la estabilidad de las familias. La contradicción resulta llamativa: hasta un tercio de los votantes del PP y de Vox apoya esas medidas, aunque sus representantes las voten en contra.

Y luego está la vivienda protegida. O mejor dicho: su práctica inexistencia. España cuenta con un parque de alquiler social que apenas alcanza el 2,5% del total. Francia tiene el 16,8%; Austria, el 24%; Países Bajos, el 30%. Somos la excepción vergonzosa en Europa occidental.

Cuando en Andalucía se promueve alguna promoción de vivienda protegida, resulta difícil no preguntarse para quién se construye realmente. Los precios fijados en muchas de estas promociones se acercan peligrosamente a los del mercado libre, haciendo que el apellido "protegida" suene más a eufemismo que a garantía. Se construye con dinero público o con suelo cedido, se bajan muy poco los precios y, en demasiados casos, el resultado acaba siendo un negocio más para el promotor de turno.

Lo que estamos viviendo no es una tormenta pasajera. Es la consecuencia de décadas de un modelo que trató la vivienda como motor económico y no como derecho social. Construir para vender, no para habitar. Especular, no planificar. Y ahora, cuando las consecuencias se hacen insoportables para miles de familias, las propuestas siguen siendo insuficientes: un plan estatal de 7.000 millones para un problema estructural de décadas, el fin de las *golden visas* que llega tarde, y una retórica del "equilibrio entre la vivienda como derecho y como activo" que, en la práctica, siempre termina inclinándose hacia el segundo.

El trabajo ya no basta para tener un techo digno en Andalucía. Eso no es un problema de mercado. Es una fractura social que requiere respuestas políticas valientes y no parches cosméticos.

Politicas de futuro (7):

El planeta no espera

Hay una forma de medir la salud de una democracia que va más allá de las urnas: fíjate en cómo trata su territorio, su agua, su aire. En Andalucía, esa medición arroja resultados preocupantes.

En marzo de 2026, el Parlamento andaluz aprobó con carácter de urgencia dos leyes —la LEGAM y la Ley de Montes— que reconfiguran de raíz la política ambiental de la comunidad. Lo hicieron deprisa, sin el debate técnico que merecen, y con una dirección clara: menos control público, más agilidad para promotores, más confianza en la autorregulación privada. Lo llaman "Revolución Verde". Las organizaciones ecologistas lo llaman, con razón, regresión.

No es una disputa ideológica abstracta. Es una discusión sobre si el 60% de las masas de agua andaluzas —ya en estado deficiente o malo— seguirá deteriorándose sin que la ley principal de gestión ambiental de la región diga nada al respecto. Sobre si los bosques maduros sobrevivirán a una "gestión activa" que, en la práctica, puede abrir la puerta a usos incompatibles con su valor ecológico. Sobre si Aznalcóllar verterá 85.520 millones de litros de aguas cargadas de arsénico, cadmio y plomo al Bajo Guadalquivir, amenazando marismas, arrozales y zonas de especial conservación. Es, en definitiva, una discusión sobre el mundo que vamos a dejar.

En tiempos de sequía estructural —y Andalucía lleva años en ella—, desvincular la planificación del suelo de la gestión del agua no es simplificar: es ignorar la realidad. El agua escasea, se sobreexplota y se contamina. Y mientras tanto, los nuevos marcos normativos la tratan como un asunto secundario, separado del corazón de la política ambiental. Necesitamos exactamente lo contrario: una política del agua que elimine los excesos, persiga los abusos y acabe con el despilfarro. Que proteja los acuíferos antes de que se agoten, que preserve los humedales antes de que desaparezcan, que entienda que el agua no pertenece a quien más poder tiene para usarla, sino a todos los que dependemos de ella para vivir.

La transición energética es inevitable y necesaria. Pero no puede hacerse a cualquier precio ni en cualquier lugar. Andalucía tiene un potencial solar y eólico extraordinario; aprovechar ese potencial es una obligación hacia el clima y hacia las generaciones futuras. Lo que no puede ser es que la urgencia climática sirva de coartada para instalar macroparques en ecosistemas frágiles sin evaluación rigurosa, sin participación real de las comunidades afectadas, sin criterios de ordenación territorial serios. Las renovables son parte de la solución, pero solo si se planifican bien.

La economía circular no es una moda: es una necesidad. Seguimos produciendo residuos como si el planeta fuera infinito y gestionándolos como si el problema desapareciera al sacar la basura. La externalización de la inspección ambiental —uno de los cambios más polémicos de la nueva LEGAM— debilita precisamente la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas a quienes generan contaminación. Sin potestad sancionadora real, las reglas se convierten en sugerencias.

El hotel ilegal del Algarrobico lleva años resistiendo las sentencias que ordenan su demolición. Los 20.000 naranjos de la Vega de Mestanza van a desaparecer para construir una depuradora. Son síntomas de un modelo que prioriza sistemáticamente la infraestructura y el beneficio a corto plazo sobre la resiliencia del territorio. Un modelo que, cuando se legaliza mediante leyes aprobadas con urgencia y sin debate, deja de ser una excepción para convertirse en norma.

Defender el medio ambiente no es un capricho de minorías concienciadas. Es la condición de posibilidad de todo lo demás: de la agricultura, del turismo, de la salud pública, de la convivencia. El planeta no espera. Y nosotros, tampoco deberíamos.

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Urna Abierta apoya la transparencia en las políticas públicas y el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que afectan a su territorio.

 

El espejismo del parche:  las listas de espera no se curan con atajos

Hay una mentira cómoda que se repite cada vez que los titulares anuncian un nuevo "plan de choque" sanitario: que el problema se puede resolver sin cambiar nada de fondo. Que basta con un convenio con clínicas privadas, con un presupuesto extraordinario, con una ronda de horas extra bien pagadas. Que la lista de espera es un bache, no una grieta.

No lo es.

En Andalucía, los datos del Ministerio de Sanidad a cierre de 2025 son elocuentes: casi 200.000 personas esperando una intervención quirúrgica, con una demora media de 173 días. Más de 850.000 esperando ver al especialista por primera vez, con una espera media de 136 días. Más de un millón de anotaciones en listas sanitarias. No es una anomalía puntual. Es la fotografía de un sistema al que se le pide que funcione sin darle lo que necesita para hacerlo.

Y ante ese cuadro, la respuesta política suele ser la misma: derivar al privado. Se firman conciertos. Se anuncia un plan. La lista baja algo. El conflicto se enfría. Hasta la próxima vez.

Lo primero que conviene entender es que la derivación de pacientes públicos a la sanidad privada no sale barata. Al contrario: el coste por proceso que asume la administración cuando externaliza una intervención o una consulta es sistemáticamente superior al que tendría si el mismo acto se realizara dentro del sistema público. La clínica privada no es más eficiente: es más cara para el erario. Lo que hace es descargar la presión política del momento a cambio de un precio que pagaremos todos durante años.

Pero hay un coste que no aparece en ninguna factura y que es todavía más grave: el que sufre el propio sistema público. Cada vez que se desvía un flujo de pacientes hacia el exterior, el hospital o el centro de salud pierde actividad, y con ella pierde algo que no se recupera fácilmente: la práctica clínica de sus profesionales, la justificación para mantener ciertas unidades, la masa crítica que sostiene los servicios más especializados. Un quirófano que opera menos pierde capacidad real, no solo estadística. Un especialista que ve menos casos pierde destreza. La derivación sistemática no alivia al sistema público: lo vacía por dentro, lo hace dependiente de la red privada y lo deja cada vez menos preparado para funcionar solo.

Y mientras tanto, los recursos que se destinan a pagar esas derivaciones son recursos que no se invierten en contratar a los profesionales que faltan, en abrir las camas que están cerradas, en sostener la atención primaria que debería resolver los casos antes de que lleguen a la lista de espera.

Cuando el sistema público tarda, una parte de la ciudadanía recibe el mismo mensaje implícito: hazte un seguro. Y muchas personas lo hacen, con el alivio de creer que así han salido de la cola para siempre.

Pero hay algo que la publicidad de las aseguradoras no dice con claridad: el servicio que recibirás depende exactamente de las condiciones en que contrataste la póliza. La letra pequeña no es un detalle. Es el contrato real. Los seguros básicos excluyen especialidades, limitan pruebas diagnósticas, imponen copagos por acto médico y establecen períodos de carencia que dejan desprotegido al asegurado justo cuando más lo necesita.

Y hay un momento en que la trampa se cierra del todo: cuando el diagnóstico es serio. Cuando el tratamiento requiere varias pruebas encadenadas, medicación de alto coste, cirugía compleja o seguimiento prolongado, la aseguradora despliega su verdadera lógica. No es sanitaria. Es financiera. Las autorizaciones se demoran, las derivaciones se complican, los presupuestos se cuestionan. El asegurado empieza a recibir señales, unas veces sutiles y otras no tanto, de que continuar por esa vía va a ser difícil, costoso o directamente inviable. En la práctica, se le está invitando a abandonar el tratamiento o a asumir el coste de su bolsillo.

Dicho de otro modo: el seguro privado funciona razonablemente bien para lo barato y lo sencillo. Para lo caro y lo complicado —que es precisamente cuando una persona más necesita el sistema— tiende a fallar de maneras que no aparecen en el contrato pero que se hacen notar cuando ya no hay margen para volver atrás.

Más profesionales con condiciones laborales que eviten que se vayan. Más atención primaria que resuelva antes de que los problemas lleguen al especialista. Más inversión en prevención, porque cada enfermedad que se evita es una cita que nunca entrará en la lista. Más planificación plurianual que no dependa del año electoral. Y más honestidad política: si el sistema está infradotado, la solución es dotarlo, no buscarle sustitutos que, cuando más se necesitan, también fallan.

Las listas de espera no son inevitables. Son el resultado de decisiones acumuladas durante años: de recortes que no se revertieron, de plantillas que no se reforzaron, de prevención que se pospuso. Resolverlas de verdad exige tomar decisiones distintas. Decisiones que no dan rédito en el próximo ciclo electoral, pero que son las únicas que funcionan.

 

ESTABILIDAD:  GOBERNAR SIN DAR CUENTAS A NADIE

Hay palabras que en política funcionan como trampantojos. Suenan bien, generan consenso reflejo, y precisamente por eso sirven para ocultar lo que realmente significan. "Estabilidad" es hoy la palabra fetiche de Juan Manuel Moreno Bonilla. La repite en cada mitin, en cada entrevista, en cada aparición pública. Pero conviene preguntarse: estabilidad, ¿para qué? ¿Y para quién?

Porque cuando Moreno Bonilla habla de estabilidad no está describiendo un estado de bienestar colectivo. Está describiendo su propia comodidad para gobernar. Él mismo lo ha dicho sin pudor: quiere gobernar "sin ataduras", sin necesidad de pactar con nadie, sin que ninguna otra fuerza política pueda condicionar sus decisiones. Traducido al castellano llano: quiere un cheque en blanco de cuatro años para hacer lo que le plazca sin rendir cuentas a nadie.

Una mayoría absoluta en democracia no debería significar la cancelación del debate político. Debería ser un mandato con límites, sujeto al escrutinio permanente del Parlamento, de los órganos de control y de la ciudadanía. Pero el PP andaluz ha convertido la Cámara autonómica en una sala de aplausos. Cualquier intento de control, de fiscalización o de negociación se presenta en el relato oficial como "lío", como amenaza a esa estabilidad que tanto presume.

¿El resultado? Un Ejecutivo que ha retirado el control previo de la Intervención sobre determinados contratos del Servicio Andaluz de Salud, sustituyéndolo por controles a posteriori, cuando el dinero ya está gastado y comprometido. Un Gobierno cuya Cámara de Cuentas le reprocha falta de transparencia, agencias sin rendir cuentas, fundaciones sin actividad y una "maraña" administrativa que dificulta cualquier fiscalización seria. Y un aparato de contratación que, según las investigaciones en curso de la Fiscalía Anticorrupción, ha derivado en adjudicaciones directas y fraccionamiento de contratos por valor de cientos de millones de euros, eludiendo la concurrencia y la publicidad obligatorias.

Mientras se habla de estabilidad, la sanidad pública andaluza sangra. Los conciertos con clínicas privadas han pasado de 424 a 675 millones de euros anuales. En solo cuatro meses de 2022, la Junta derivó a la sanidad privada más pacientes de los presupuestados para todo el año. Para 2025, macrocontratos por valor de 533 millones financiarán operaciones y pruebas diagnósticas en empresas privadas. Casi la mitad del incremento presupuestario en sanidad va al sector privado.

Lo mismo ocurre en educación. Andalucía se ha convertido en la comunidad que más ha incrementado el gasto en escuela concertada en los últimos cinco años: un 26%, once puntos por encima de la media estatal. Y en Formación Profesional, las plazas privadas autorizadas en el último año cuadruplican a las públicas.

No son accidentes. Son las consecuencias lógicas de gobernar estable... para privatizar.

La estabilidad también se retroalimenta. El gasto en publicidad institucional de la Junta ha crecido un 140% bajo Moreno Bonilla. Y la propia Cámara de Cuentas denuncia que ni siquiera se publica el desglose de a quién va ese dinero, incumpliendo la ley de transparencia. Medios dependientes económicamente de la administración tienen menos incentivos para investigar en profundidad. El relato se consolida. El control se debilita.

Así que la próxima vez que Moreno Bonilla invoque la estabilidad, conviene recordar lo que hay detrás de esa palabra: una sanidad pública asfixiada para abrir paso a los negocios privados; contratos adjudicados a dedo bajo decretos de emergencia; una educación pública que pierde terreno frente a la concertada; unos órganos de control a los que se vacía de competencias; y un Parlamento al que se convierte en comparsa.

Eso es la estabilidad de Moreno Bonilla. No la estabilidad de Andalucía.

Andalucía S.A.:  convertir lo público en negocio privado

Hay una diferencia entre un político que roba y un partido que construye un sistema. Lo primero es un delito individual. Lo segundo es una estrategia. Lo que la acumulación de casos, contratos e irregularidades en la Andalucía del PP sugiere cada vez con más claridad es que estamos ante lo segundo.

Juan Manuel Moreno Bonilla llegó a San Telmo en 2018 con el relato de la regeneración. Seis años después, la sanidad pública andaluza está judicializada, la cúpula del PP en Almería ha sido detenida por cohecho y malversación, y una serie de contratos y subvenciones de la Junta apuntan a un patrón sistemático: el dinero público fluye hacia donde conviene al partido, y los mecanismos que deberían impedirlo han sido silenciados, reformados o directamente desmantelados.

El ejemplo más revelador del modelo no es un caso concreto de corrupción, sino la arquitectura que la hace posible. Entre 2020 y 2024, el Gobierno de Moreno usó de forma masiva y prolongada la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud: un mecanismo legal diseñado para situaciones excepcionales que permite adjudicar contratos "a dedo", sin concurrencia, sin publicidad y con controles mínimos.

El problema es que el marco legal extraordinario de la pandemia expiró en 2021. El SAS siguió usando esos contratos de emergencia durante tres años más, canalizando 242 millones de euros hacia clínicas y empresas privadas al margen de cualquier licitación. La oposición eleva la cifra total desviada desde la sanidad pública al sector privado a 1.500 millones mediante esta fórmula y el troceo sistemático de adjudicaciones para esquivar los controles.

No es solo que se hiciera: es que, cuando los propios interventores del SAS empezaron a levantar la mano —diecinueve informes de alerta en total—, fueron apartados de sus puestos. Y cuando la Cámara de Cuentas podría haber fiscalizado esos contratos menores, su reglamento fue reformado para limitar exactamente esa función. La arquitectura del silencio se construyó desde dentro del Gobierno.

Hoy el SAS afronta dos causas judiciales abiertas: una en Cádiz por presunta malversación en 235 millones en contratos fraccionados, y otra en Sevilla por el abuso sostenido de la contratación de emergencia. Cuando un juez archivó parcialmente una de ellas, Moreno lo celebró como un triunfo. PSOE y Podemos han recurrido. El fondo del asunto no ha desaparecido: la sanidad andaluza lleva años siendo el vehículo de una transferencia masiva de recursos públicos hacia el sector privado, realizada en la oscuridad deliberada de la contratación excepcional.

Más allá de la sanidad, el Gobierno de Moreno ha gestionado contratos y subvenciones con una lógica de partido que la oposición ha llevado ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción en al menos cuatro expedientes.

Un director general firma ayudas públicas a sus propios familiares. El gerente de una empresa pública autonómica concede directamente 350.000 euros de patrocinio a una empresa en la que él mismo fue directivo. La Junta destina contratos y 275.000 euros en subvenciones a una fundación vinculada al cantante José Manuel Soto —figura señera del patriotismo identitario afín al PP— sin que los procedimientos aguanten el escrutinio. La Oficina Antifraude detectó un vicio de nulidad en uno de esos contratos. La oposición ha llevado el caso a los juzgados señalando al exconsejero Bendodo y al propio Moreno Bonilla.

No son casos aislados. Son la expresión cotidiana de un partido que ha colonizado la administración andaluza y la gestiona como si los recursos públicos fueran propios: para premiar a los afines, financiar a los simpáticos y blindar a los leales.

El caso más brutal en términos judiciales es el "mascarillas gate" de la Diputación de Almería, gobernada por el PP. Un contrato de urgencia de 2,04 millones adjudicado en plena pandemia a una empresa para suministrar material sanitario. Parte de las mascarillas, defectuosas. Las comisiones ilícitas detectadas por la UCO de la Guardia Civil, cerca de 945.000 euros. Y una "dinámica fraudulenta continuada" en la institución, según el propio juez instructor.

Han sido detenidos el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; su vicepresidente Fernando Giménez; y una docena más de cargos del PP, investigados por cohecho, malversación y blanqueo. García no es un periférico: fue presidente provincial del PP, hombre de máxima confianza de Moreno y miembro de su ejecutiva regional. A partir del 28 de mayo, 32 imputados empezarán a declarar ante el juez. La RTVE ha informado de que la UCO sospecha que el expresidente usaba dinero de mordidas para pagar su hipoteca.

Una columna en Público sostiene que el adelanto de las elecciones andaluzas fue calculado para evitar que la campaña coincidiera con el inicio del juicio. Si la maniobra existió, no ha servido: el proceso sigue su curso.

Lo que une todos estos casos no es la casualidad ni la manzana podrida. Es un método. El PP de Moreno Bonilla ha gobernado Andalucía debilitando los organismos de control, usando la contratación excepcional como palanca privatizadora, distribuyendo el dinero público entre su ecosistema de empresas, fundaciones y afines, y respondiendo a cada denuncia con la presunción de inocencia como escudo y el archivo parcial de alguna causa como trofeo.

El partido que llegó a Andalucía denunciando los ERE ha construido su propio sistema. Menos visible, más fragmentado, pero igualmente orientado a convertir lo público en palanca de poder privado. Eso, en democracia, tiene un nombre. Y cada vez más jueces, interventores y periodistas están escribiéndolo.

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Fuentes: Público, elDiario.es, ElPlural, El País, Cadena SER, RTVE, El Confidencial, Canal Sur, El Salto y otros medios, a partir de autos judiciales, informes de la UCO y documentación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

 

Politicas de futuro (6):

Vivienda: del aval al banco al piso público

La crisis de la vivienda en Andalucía no es una tormenta pasajera. Es el resultado de años de tratar el hogar como activo financiero y no como derecho. Los datos son elocuentes: el precio medio del alquiler ronda los 10 €/m²/mes en toda la comunidad, con Málaga superando los 15 €/m². Las familias dedican entre el 30 y el 60% de sus ingresos a pagar el techo. Y mientras tanto, el parque de vivienda pública andaluza apenas alcanza el 1,5% del total, frente al 15-20% de los países europeos con políticas sociales robustas.

El Gobierno del PP de Juanma Moreno ha elegido una respuesta: confiar en el mercado. Su apuesta pasa por liberar suelo, agilizar licencias, ofrecer avales a jóvenes para la compra y fomentar la colaboración público-privada a través del Plan Vive. Casi 1.000 millones de euros movilizados entre 2025 y 2029, dicen. Los resultados, sin embargo, siguen sin llegar a quienes más los necesitan: jóvenes con trabajos precarios, familias de rentas bajas y personas mayores con pensiones insuficientes para asumir un alquiler de mercado. Los incentivos fiscales y los avales del 15% para comprar una primera vivienda no sirven de nada si no llegas al umbral mínimo de solvencia que exige el banco.

La propuesta socialista parte de una premisa clara: la vivienda debe convertirse en el quinto pilar del Estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación, las pensiones y los servicios sociales. Para materializarlo, proponen destinar 1.000 millones de euros anuales del presupuesto andaluz a políticas de vivienda —un salto cualitativo respecto a la inversión actual— y construir 100.000 viviendas públicas en los próximos años.

Para los jóvenes, el PSOE-A plantea que la Junta adelante el 20% de la entrada de la primera vivienda, sin intereses y recuperable al finalizar la hipoteca, eliminando así la principal barrera de acceso para quienes tienen ingresos, pero no ahorros. Y en el mercado del alquiler, apuestan por aplicar la Ley Estatal de Vivienda —que el PP andaluz ha ignorado sistemáticamente— para congelar los precios en zonas tensionadas y reforzar el papel de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) como promotora pública activa, frente a la parálisis actual.

Adelante Andalucía y las fuerzas a su izquierda van un paso más allá. Su diagnóstico es que el 30% de las viviendas en alquiler de Andalucía están en manos de grandes propietarios —bancos, fondos de inversión y grandes inmobiliarias— y que existen unas 640.000 viviendas vacías en la comunidad, muchas de ellas en manos de esos mismos actores. La solución que proponen: desprivatizar esas viviendas mediante compra forzosa o expropiación para destinarlas al alquiler asequible.

En cuanto a los precios, su propuesta es establecer topes de alquiler por barrios y distritos, ligados a los ingresos de las familias, de forma que ningún hogar tenga que destinar más del 20-30% de sus ingresos al pago de la vivienda. Y para los grandes tenedores con pisos vacíos: penalización fiscal directa.

En lo relativo a la turistificación de la vivienda, tanto el PSOE-A como Adelante coinciden: la expansión casi ilimitada de pisos turísticos en Sevilla, Málaga, Granada o la costa está expulsando a los vecinos de sus barrios. Frente a la regulación técnica y blanda del PP —básicamente un registro y unos requisitos mínimos—, la izquierda andaluza propone limitar el número de pisos turísticos por barrio o municipio, declarar zonas saturadas donde se suspendan nuevas licencias, prohibir el cambio de uso residencial a turístico en determinadas áreas y dotar a los ayuntamientos de verdaderas herramientas para retirar licencias y sancionar a quienes operan en la ilegalidad.

La diferencia entre los dos modelos no es técnica, es política. El PP confía en que el mercado, bien lubricado con incentivos, resolverá el problema. La izquierda parte de que el mercado es, en buena parte, el problema: cuando la vivienda es más rentable como inversión turística o especulativa que como hogar, el mercado no garantiza el derecho a una vivienda digna. Solo una intervención pública decidida —más parque público, control de precios, movilización de vivienda vacía y freno a la turistificación— puede cambiar la ecuación para los que hoy quedan fuera.

La crisis andaluza de vivienda tiene soluciones. Lo que falta es voluntad política para aplicarlas.